El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad mendocina Tupungato Sebastián Lafalla, aseguró que hoy las grandes bodegas fijan los precios y los productores cobran en cuotas y con valores completamente desactualizados. Por esto, piden una ley que establezca un reajuste automático de precios o bien que todos los actores de la cadena (productores e industrias) puedan negociar juntos estos valores.
En una entrevista con Misiones Online, Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Comercio de Tupungato, provincia de Mendoza, explicó la situación que atraviesan los productores vitivinícolas, aquellos que todavía pueden seguir trabajando y pueden seguir sosteniendo los viñedos. Por el kilo de uvas cobran en pesos y en 3, 4 y hasta 10 cuotas a veces, aseguró Lafalla.
“Entregan la uva en el mes de febrero o marzo y recién empiezan a pagarles en el mes de junio la primera cuota. Y esto se puede extender en 4, 5 o hasta en 10 cuotas dependiendo como venga el año. Todos esos meses desde que vos entregas la uva hasta que terminas de cobrar la última cuota, el precio no se reajusta. Entonces, en un contexto inflacionario, como éste, es muy alta la pérdida”, explicó Lafalla quien también es productor vitivinícola.
“Lo que estamos pidiendo acá en el sector primario es poder contar con una ley y tener eso como herramienta para que entre todas las partes (de la cadena productiva), podamos acordar un precio justo, que es lo que hoy necesita cualquier economía regional en el país. Pedimos sobre todo que esta ley contemple un precio reajustable, ya sea por la inflación o por algún otro índice, pero un índice que sea acorde a la realidad económica que se vive en el país. De lo contrario, esto se vuelve insostenible”, dejó en claro.
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Lafalla aclaró que, si bien actualmente está vigente una ley vinculada al sector, no menciona ni una cláusula de reajuste real en el precio ni dispone mecanismos de actualización de precios como la de ajustar el valor de las cuotas de pago, dos de los reclamos que hace años vienen pidiendo los productores.
“Esa ley salió, pero no salió con estos pedidos puntuales. Entonces se transformó en un híbrido de mera formalidad. Hoy estamos a merced de las bodegas acá hay una alta concentración de bodegas que terminan siendo los grandes formadores de precios”, señaló.
Y aclaró que no buscan ir “en contra de los usos y costumbres del mercado, pero es necesario contar con una ley que resguarde o proteja un poco al productor”.
Cabe aclarar también que existe un Instituto Nacional de la Vitivinicultura en Argentina, pero no tiene facultades de regulación de precios, como si ocurre con la yerba mate y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que, a pesar de medidas del Gobierno de Milei, conserva esa potestad y permite que productores e industriales negocien precios para la materia prima o bien, lo defina Nación por laudo cuando no pueden llegar a un consenso.
“Nos preocupa este nuevo argumento libertario liberal, donde el Estado no debe intervenir. Creemos que es un absurdo, los Estados intervienen en todo el mundo. En casi todos los países del primer mundo el Estado interviene con normas, subsidios y leyes justamente para proteger no sólo a los productores sino también a ese bien estratégico como son las economías regionales. Por eso, necesitamos un Estado que intervenga”, sostuvo.
“Reclamamos un sinceramiento, poder elaborar una norma o ley que realmente proteja al sector primario, que es el más vulnerable siempre en la cadena de valor y es la primera variable de ajuste ante cualquier impuestazo”, aseguró Lafalla.
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