Análisis semanal: superávit y protestas, las dos caras del país del ajuste

La masiva marcha convocada en defensa de la educación pública enciende alarmas en el gobierno de Milei, pero ningún opositor consigue capitalizar el descontento de un amplio sector de la sociedad. El primer trimestre cerró con superávit, pero se acumulan pagos pendientes. La inflación desacelera y la reactivación todavía está en duda. Hay acuerdo para la Ley de Bases y el paquete fiscal. Misiones y Nación avanzan en un entendimiento de mutua gobernabilidad que promete beneficios para la provincia.

La motosierra y la licuadora volvieron a ser las principales protagonistas en otra semana de loca intensidad, de esas que solamente se dan en Argentina. El lunes el presidente alineó a toda su batería comunicacional, incluidas cadena nacional en prime time y hordas twiteras, para celebrar el resultado estadístico del ajustazo: el país cerró un trimestre con superávit primario y financiero, algo que no ocurría desde hace dos décadas, cuando gobernaba Néstor Kirchner.

Pero al día siguiente, una marcha convocada en protesta por el recorte presupuestario a las universidades, otro efecto directo de la motosierra y la licuadora, alcanzó una masividad que sorprendió incluso a quienes la convocaron.

Las huestes libertarias intentaron deslegitimar la marcha aduciendo que el objetivo real de la convocatoria era evitar una auditoría de gastos que había anunciado el propio gobierno nacional y de paso reiteraron aquello de que la educación pública sería un antro de adoctrinamiento del zurdaje.

La campaña sucia desatada en las redes sociales activó el sesgo de confirmación entre los que ya tenían un concepto negativo de la universidad pública, pero entre los que veían con preocupación el recorte presupuestario empezó a crecer la idea de que detrás de ese ajuste no había solamente razones financieras sino también ideológicas.

Milei está convencido, lo dijo muchas veces, que las universidades públicas tienen una inclinación ideológica de izquierda que las invalidaría como casas de estudio.

Lo curioso es que la mayoría de sus funcionarios y asesores egresaron de alguna las instituciones que él denuesta: Manuel Adorni y Federico Sturzenegger obtuvieron sus títulos de grado en la Universidad Nacional de La Plata; la vice Victoria Villarruel, el ministro de Salud Mario Russo, la Canciller Diana Mondino y el asesor Santiago Caputo lo obtuvieron en la UBA; el ministro de Defensa Luis Petri estudió en la UNL y Patricia Bullrich, en la Universidad de San Martín.

Otro dato que mata relato, el economista Diego Giacomini, reconocido por ser uno de los principales impulsores de las teorías de la Escuela de Austria, exsocio y coautor de varios libros con Javier Milei, es profesor de macroeconomía de la UBA.

Con lo cual, si fuera cierto que la universidad pública adoctrina, entonces el gabinete de Milei estaría lleno de zurdos.

 

Descontento sin liderazgo

La marcha del martes pasado y la del 24 de marzo dieron cuenta de otro cambio que se produjo en el país: volvió a salir a la calle gente que hacía mucho tiempo no lo hacía. Argentinos de a pie que habían dejado de manifestarse espantados por el protagonismo que La Cámpora, partidos de izquierda, sindicatos u organizaciones sociales de dudoso prestigio ganaban en cada convocatoria, ahora marchan cuando la consigna los interpela.

Y si algo quedó en claro esta semana es que la defensa de la educación pública todavía mueve multitudes en Argentina.

Dato que el Gobierno de Milei no supo anticipar, lo que lo obligará a corregir el rumbo.

El primer paso será recomponer las relaciones con los rectores de las universidades, lo que podría costarle el cargo al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, duramente cuestionado por la dureza de su trato. De hecho, la próxima reunión con los rectores sería encabezada por Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

La buena noticia para el gobierno nacional es que el descontento que exhibe buena parte de la sociedad con algunos aspectos de la gestión -el desfinanciamiento de la salud y de los comedores o la inacción frente a la epidemia de dengue, por ejemplo- no son capitalizadas políticamente por ningún referente de la oposición.

En todas las mediciones de opinión pública, los tres políticos con mejor imagen son Victoria Villarruel, Javier Milei y Patricia Bullrich, todos del oficialismo y en el resto del arco político no aparece nadie con posibilidades siquiera de hacerles sombra.

 

Superávit, inflación en caída y recesión

El presidente destacó en la cadena nacional del lunes lo que considera el mayor logro de su gestión: después de dos décadas el país volvió a cerrar un trimestre, en este caso el primero del año en curso, con superávit fiscal.

El dato resulta por demás significativo y representa un logro destacable en la lista de objetivos que se propuso el programa económico de Caputo, pero el presidente omitió aclarar que parte de ese superávit se consiguió “pisando la caja”.

A finales de marzo, la diferencia entre lo devengado y lo efectivamente pagado supera los 2,3 billones de pesos, la mayoría de esa suma corresponde a gastos del año en curso.

Sólo a las empresas generadoras de energía y productoras de gas el Estado les debe más de 2.000 millones de dólares. El ministro de Economía propuso pagar 600 millones de esa deuda con un bono a 2038, pero las compañías lo rechazaron.

Analistas del sector energético, que muchas veces operan a favor de las empresas, advierten que hay un riesgo cierto de una crisis por falta de generación de energía eléctrica por falta de pago por parte del Estado.

¿Motosierra o licuadora? Ni bien terminó la cadena nacional del presidente, comenzó el debate para explicar el origen del superávit fiscal. Milei aseguró que fue casi todo motosierra (recorte del gasto del Estado) y muy poco de licuadora (por vía de la inflación), algo que fue rechazado por muchos economistas luego.

La discusión de fondo pasa por definir quién está pagando el costo del ajuste, la política o la gente común.

Uno de los que se refirió al asunto fue el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, que en un escueto posteo en su cuenta de X remedó al vocero Adorni para expresar su postura: “La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. Fin.”

En un análisis detallado de la ejecución del gasto en el primer trimestre, el IARAF observó que el 35% del ajuste recayó sobre jubilaciones y pensiones, 15% sobre inversión directa, 13% sobre transferencias a las provincias y 9% subsidios a la energía.

En un informe reproducido por el portal Infobae, la consultora LCG estimó que “algo más de un tercio del recorte del bimestre responde a un menor gasto previsional y la explicación se eleva a 45% considerando el ajuste en el resto del gasto social. Tendemos a pensar que en estos casos pesa mucho más el efecto licuación que la ‘motosierra’”.

Mientras que para los economistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) “el ajuste atribuible a la ‘motosierra’ en el primer trimestre del año fue 31,5%, siendo todo el resto explicado por ‘licuadora’ o cuestiones no sostenibles en el tiempo, como el retraso de pagos a Cammesa”.

Otra crítica que formularon economistas de raíz ortodoxa, como Roberto Cachanosky, es que detrás del superávit también hay un aumento de la presión impositiva vía impuesto PAIS, que pasó de 7,5% a 17,5%, retenciones a las importaciones y los impuestos que se cobran sobre la prestación servicios como la electricidad o el gas, cuya recaudación se incrementó exponencialmente por la suba de las tarifas.

De la mano del paquete fiscal llegará otro incremento impositivo ya que se los trabajadores volverán a pagar ganancias.

Durante la cadena nacional no hubo ningún anuncio o indicio que permita avizorar una recuperación de la actividad económica. Lo más parecido a eso fue la promesa de aliviar la presión impositiva en un futuro impreciso, cuando la reducción del gasto público lo permita.

Con el Estado ajustando por todos lados, la inversión privada aparece como la única vía para motorizar esa reactivación en forma de V que pronostica desde hace tiempo el presidente Milei que el lunes utilizó otra figura poética: “como pedo de buzo” para referirse a la forma en la que se recuperaría la economía, pero analistas de toda laya ideológica advierten que no están alineados los incentivos para que esta vez sí se produzca la “lluvia de inversiones” que se le negó a Macri.

Para atraer inversores del exterior resultará necesario eliminar el cepo, algo que luce lejano teniendo en cuenta el impacto fiscal que tendría y la escasez de dólares.

La inversión debería llegar entonces de la mano del empresariado nacional y apuntando a ese objetivo el Gobierno está reduciendo las tasas de interés para abaratar el crédito. El problema es que con los niveles de demanda del mercado interno planchados y la capacidad ociosa de la industria tocando picos altísimos, es poco probable que el empresariado se vuelque a invertir.

Sí hay más oportunidades en sectores con capacidad exportadora, pero el atraso cambiario aparece ahí como una limitante.

Eso está quedando en claro con el inicio lento de la cosecha gruesa que es la principal aportante de divisas al país.

El campo no está convencido de liquidar sus granos con el tipo de cambio y el nivel actual de retenciones, lo que fue puesto en evidencia esta semana con la primera protesta del campo al gobierno de Milei. Ocurrió en Sáenz Peña, Chaco, donde una caravana de tractores de más de 20 cuadras recorrió la ciudad para desembocar en el centro de la donde se realizó una asamblea en la que se exigió una reducción en las retenciones.

La demanda de los productores choca contra el objetivo fiscal del Ejecutivo, ya que la suba en las alícuotas de las retenciones y del impuesto PAIS está evitando que la caída de la recaudación sea más pronunciada.

Mientras que tocar el tipo de cambio implicaría levantar una de las dos anclas que está frenando la velocidad de la inflación: la cambiaria, la otra ancla es la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Los informes de consultoras privadas indican que la inflación está disminuyendo. Un trabajo de LCG señala que los productos de la canasta básica tuvieron un incremento de 3,3% en las últimas cuatro semanas, lo que representa en dato más bajo en los últimos doce meses.

El dato es sin dudas alentador, pero la continuidad del camino a la baja de la inflación depende de sostener un delicado equilibrio que depende directamente del sostenimiento de las dos anclas mencionadas.

 

Con los deberes hechos

A poco menos de un mes de la cita del 25 de Mayo, el Gobierno nacional ya parece haber logrado el acuerdo que buscaba para su Ley de Bases. En menos de 24 horas consiguió sacar un dictamen de comisión en Diputados que bajará el lunes al recinto.

En la construcción de acuerdos tuvo un rol fundamental el ministro del Interior, Guillermo Francos, que supo abstraerse del clima de beligerancia continua que parece estar en la genética del presidente y en el modo de hacer de los libertarios.

A diferencia de su antecesor, este proyecto de ley ómnibus sí llega al Congreso con los porotos necesarios para su aprobación.

También tuvo dictamen en comisión de Hacienda de Diputados el paquete fiscal que propone la vuelta de ganancias en lo que representará otro golpe para la clase media y beneficios para los segmentos más adinerados a través de un alivio del impuesto a los bienes personales y para los fugadores de divisas que dispondrán de una moratoria para blanquear sus activos.

 

Conexión Misiones

El poroteo para sancionar ambos proyectos, lo que le daría al Gobierno nacional una necesaria primera victoria legislativa, le sirvió al gobierno provincial para negociar beneficios para Misiones y para aceitar una relación que se había iniciado mucho antes de que Milei fuera candidato a presidente.

Medios nacionales se refirieron a la reunión de Francos con la cúpula del Frente Renovador misionero como la más significativa de todas las que tuvo el funcionario nacional en el raid que llevó adelante por varias provincias en búsqueda de apoyo para la Ley de Bases.

En su periplo por la capital provincial, Francos se reunió con Carlos Rovira, oportunidad en la que se produjo un diálogo telefónico entre el misionero y Javier Milei en el que además de acuerdos de coyuntura, alcanzaron un entendimiento político. El libertario pidió apoyo al conductor de la Renovación Neo, le aseguró que no tenía pretensiones de presentar candidatos propios en la provincia en 2025 y dejó el manejo de la política interna en manos de la fuerza provincial.

De acuerdo con fuentes del Gobierno misionero, esa buena sintonía permitió que “las construcciones paralizadas se reactivaran y los fondos adeudados de la Nación empezaran a moverse administrativamente”.

En un diálogo amistoso, Francos le confesó a Rovira que el intento de construir un armado político entre los díscolos libertarios, le está dando a Milei dolores de cabeza que preferiría evitar.

En provincias con gobernadores opositores o a los que Milei considera poco confiables, al presidente no le queda otra alternativa que intentar un armado propio que le aporte manos en el Congreso, pero ese no es el caso del gobierno de Misiones, al cual el libertario ve como un jugador que preserva su autonomía, pero que actúa con responsabilidad y con respeto de los mandatos populares.

Desde el lado de la renovación se reivindican como un “provincialismo” independiente de las reyertas que propone la política nacional y siempre dispuesto a aportar gobernabilidad a los presidentes elegidos democráticamente, siempre y cuando le respondan con la misma moneda.

El presidente encuentra una coincidencia de fondo con la renovación misionera: el énfasis en el equilibrio fiscal, condición que a Misiones le costó mucho esfuerzo alcanzar después del endeudamiento desenfrenado de los 90 y que desde hace dos décadas supo preservar contra todas las crisis que azotaron al país.

La presente crisis no es la excepción, a pesar del recorte de fondos que impuso el Gobierno nacional, Moody’s calificó en marzo a Misiones (junto a otras dos provincias) como estables, las otras 21 descendieron en la calificación.

En términos políticos, desde la renovación ven a este entendimiento con los libertarios como un paso coherente para un espacio político que nació como una propuesta superadora que en su génesis sumó a radicales, peronistas e independientes y en este nuevo contexto suma también a libertarios y conservadores, además de seguir convocando radicales, peronistas y desencantados del PRO.

La juventud liberal valora que en la renovación se abren oportunidades para todos, trabajando, militando, ocupando lugares, mientras que en otros espacios como Juntos por el Cambio (PRO y UCR) tienen que esperar 30 años o ser hijo de algún dirigente de peso para figurar.

Desde La Rosadita entienden que ese es el camino para consolidar a la renovación y para afirmarlo se apoyan en una encuesta realizada a principios de abril que ubica a cuatro posibles candidatos renovadores con más de 60 puntos de imagen positiva (el vice Lucas Romero Spinelli, el presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad, el intendente de Posadas Lalo Stelatto y el diputado nacional Colo Vancsik) mientras que los opositores más cercanos apenas rozan 17 puntos.