La “asociación ilícita fiscal” creada en Misiones a mediados del 2000 había armado al menos nueve empresas falsas, de las cuales en la mayoría de ellas figuraban como titulares (presidenta y vicepresidenta) dos amas de casa, que bajo artilugios y engaños le habían hecho firmar los papeles y al cesión de poderes de las mismas, a cambio de una irrisoria suma de dinero -500 pesos por mes- y promesas de contratos laborales. Inclusive habían firmados chequeras en blanco de cheques que no tenían fondos, que eran librados y que los bancos le reclamaban a las mujeres los pagos.
Dicha organización delictiva estaba conformada tres empresarios y un contador, como organizadores de una red dedicada a la defraudación al Fisco Nacional, a través de empresas falsas (“de cartón”) y créditos fiscales apócrifos. En el 2008 se estimó que ya habían evadido impuestos por 3.000.000 de pesos, pero se cree que fue por una cifra mucho mayor.
El pasado viernes, se desarrolló la primera jornada del primer juicio oral y público que se realiza en Misiones, por el delito de Asociación Ilícita Fiscal, en donde son juzgados los empresarios: Luis Ramón Sayas (63 años), Oscar Luis Ocampo (55 años) y Ricardo Galarza (64 años) y el contador, Leandro Antonio García (56 años).
Al inicio del debate el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas procedió las lecturas de rigor -requerimiento de elevación a Juicio del Ministerio Público Fiscal y parte querellante (AFIP)-, declaración de los procesados, producción de prueba pericial, más el inicio de las declaraciones de testigos.
Los imputados están acusados de integrar una organización o asociación formada por tres o más personas que, con carácter de permanencia en el tiempo. Están sospechados de armar créditos fiscales ficticios y venderles a otras empresas de la provincia, con la finalidad de evadir impuestos.
Los acusados están imputados de haber “acordado sus voluntades para cometer un número indeterminado de hechos ilícitos, enmarcados en el ámbito tributario, previstos y reprimidos por ley 24.769, en perjuicio de la hacienda nacional y del orden público”.
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El debate es presidido por el juez Manuel Alberto Jesús Moreira, secundado por los vocales como camaristas subrogantes; Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni. Como cuarto integrante (suplente) fue designado Rubén David Quiñones.
“Firmaba papeles en un café de la calle Colón y Bolivar”
Ya atestiguaron en el juicio las dos mujeres “prestanombres”que son las denunciantes y fueron citadas a declarar como testigos. “Yo le creí que iba a trabajar como secretaria en una empresa, pero los papeles y chequeras los firmaba en un café de Colón y Bolívar o directamente en la plaza 9 de Julio y me pagaban 500 pesos por mes y nunca me llamaban para comenzar a trabajar”, confesó Gloria (50 años), de nacionalidad paraguaya.
En su declaración ante los jueces, la mujer agregó: “A mí Zayas me contrató para trabajar como secretaria en una empresa yerbatera que iban a abrir. Me mostró incluso que tenían paquetes de las marcas Piporé y Boca Juniors como representantes. Estaba ilusionada, yo vendía productos de cartilla, ganaba premios por distribuir los productos y con eso me ganaba la vida. Y con la empresa iba a tener un puesto estable de trabajo. Zayas me presentó a Ocampo y él me hacía firmar los papeles en blanco para el ‘Establecimiento Estanciera SA’. Me citó en una escribanía después para firmar otros documentos y yo le creía porque me decía que iba a comenzar a trabajar como secretaria”.
Precisamente, varias empresas fantasmas creadas por la “asociación ilícita fiscal” correspondían al rubro yerbatero.
“Ganaron millones”
Por su parte, Dora (66 años), la otra testigo que declaró el en la primer audiencia de debate de forma virtual desde Oberá, denunció que el empresario, Ricardo Galarza, fue quién le hizo firmar los documentos de una de las empresa falsas, denominada Estanciera SA.
“En 2005 Galarza me convenció porque era el esposo de mi amiga, yo le creí que iba a abrir un secadero en Garuhapé primero, después me dijo que iba a ser en Apóstoles, pero nunca se abría. Yo firmé porque hasta mi marido como técnico iba a poder trabajar, pero nunca vimos ni la empresa y tampoco un peso. Sin embargo ellos ganaron millones”, relató la mujer.
Agregó que “de 2006 a 2008 nunca pude tener copia de ninguno de los papeles que me hicieron firmar. Después me enteré que existía Gloria y que le habían dado un trajecito y zapatos y la llevaban a firmar documentos y chequeras sin saber nada tampoco”. “Supe de ella en el banco Bisel cuando me llamaron por la deuda que me querían cobrar. Ahí me dieron el teléfono y la llamé para que denunciara también”, sostuvo en otra parte de su relato.
“Zayas manejaba toda la situación y nunca conocí una oficina ni recibí un peso de Estanciera SA. Yo necesitaba un trabajo, no que me estafarán”, recalcó finalmente Dora.
Cada uno tenía determinados roles
Cada uno de los imputados tenía un determinado rol dentro de la organización ilícita, pero el empresario obereño, Ricardo Galarza, está sindicado como el organizador y Ricardo Sayas, como el jefe de dicha red. Supuestamente armaron empresas del rubro yerbatero y de la comercialización de neumáticos, entre otras actividades, para operar en la zona.
La red delictiva operaba de hacía mucho tiempo en la Provincia, cuyos inicios datan del año 2000. Armaban empresas, contribuyentes y proveedores falsos y durante el juicio se podría legar a determinar el monto de la defraudación causada al Fisco Nacional.
Como querellante en este caso en representación de la AFIP, están los abogados Silvia Catalina Mani, Marcos Aurelio Atencio y Ariel Ricardo Smiak.
El viernes pasado declararon también el empresario Oscar Luis Ocampo y el contador, Leandro Antonio García, quiénes negaron vinculación con el hecho que se le imputan.
El juicio proseguirá este viernes 14 de mayo, donde están citados a declarar nueve testigos, entre ellos contadores y empleados de la Administración Federal de Ingresos Púbicos (AFIP).
asociación ilícita fiscal en Misiones
Por primera vez juzgan en Misiones a 3 empresarios y un contador acusados de crear una organización ilícita fiscal
