Papeleros proponen una mesa de diálogo para “cambiar” el nombre de la polémica Ley de Insalubridad pero “sin afectar” sus derechos

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Papel Misionero (SOEPM), Juan Abel Guerrero, marcó su posición respecto al pedido de las empresas al gobierno de Misiones para avanzar en la derogación de Ley IX N° 7 (antes Ley 4438)  y ratificó su apuesta al diálogo con las empresas, con intervención del Ministerio de Trabajo de Misiones.

Sobre sectores de la fábrica de celulosa de Arauco Argentina (ex Alto Paraná) y Papel Misionero-Grupo Zucamor (hoy adquirida por el Grupo Arcor) se dictaminó la “insalubridad” en determinadas actividades de la planta industrial, pero nunca se cumplió la aplicación de la norma ya que el conflicto se judicializó y se está a la espera de una resolución de fondo de la Corte Suprema de Justicia.

“Si lo que molesta es el nombre de la Ley, estamos dispuestos al diálogo y a cambiar esto. No hay problema con eso, pero sí se tiene que entender que necesitamos que se atienda el cumplimiento, eso es lo realmente importante y lo que nos preocupa como trabajadores. Los riesgos laborales para la salud de los operarios existen en la planta de Papel Misionero y tenemos que lograr la aplicación efectiva de la ley para atender esta situación”, dijo Guerrero en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

El secretario general del gremio papelero -quien asumió el cargo en 2015 y tiene 30 años de servicio dentro de la planta de Papel Misionero- ratificó así la necesidad de mantener vigente la polémica ley en Misiones, y coincidió con su par del SOEP Misiones, Mario Muller, en sus declaraciones. “En la actualidad la normativa no se cumple. Estamos en permanente contacto con nuestros colegas trabajadores del Norte y nos reuniremos próximamente para definir los pasos a seguir al respecto”, dijo Guerrero.

El SOEPM tiene registrado en la actualidad un número de 243 afiliados, mientras que con el plantel de empleados de Papel Misionero ascendería a 310 personas en total. Por su parte, el SOEP Misiones tiene la representación de 740 trabajadores en total dentro de la planta de Arauco, en la localidad de Puerto Esperanza. “Dentro del convenio colectivo de Trabajo de Celulosa y Papel son 240 trabajadores, mientras que hay 295 trabajadores a los que la empresa no le aplica el convenio aunque sea personal directo de la compañía. Y el resto es personal contratado en forma tercerizada”, detalló por su parte Muller, en contacto con este medio.

Diálogo “cero” por insalubridad con las empresas

El sindicalista aclaró que “la relación entre el gremio de los trabajadores papeleros y Papel Misionero siempre fue buena. El Grupo Arcor incluso hizo un estudio con la finlandesa Pöyry sobre la factibilidad del mercado de papel y el escenario futuro para la empresa, y los resultados fueron de perspectivas de crecimiento a futuro, por lo que nuestra fuente laboral se encuentra estable, por lo que no tenemos inconvenientes fuera de este tema de salud laboral sobre lo cual decidieron no dialogar”, sostuvo Guerrero.

En similar situación se encuentran los trabajadores del SOEP Misiones con Arauco Argentina, ya que fue la posición que habrían adoptado hasta tanto no resuelva la Justicia la cuestión de fondo.

“Lamento que sobre este tema se hayan cerrado al diálogo en Papel Misionero. Habíamos avanzado el año pasado con algunas charlas con los directivos del Grupo Zucamor, pero después se concretó la venta de la planta y retrocedimos en las conversaciones. Desde el gremio, somos partidarios al diálogo, de tratar esta normativa con las autoridades provinciales y la empresa. Por lo tanto, en los próximos días vamos a elevar en conjunto entre SOEPM y SOEP Misiones un pedido de reunión al Gobernador, al Ministro de Trabajo y a la Cámara de Diputados para proponer la creación de una mesa de diálogo y tratar la situación de la Ley”, adelantó el sindicalista.

Entre 1975 y 2017 nadie tiene dudas de que cambiaron los procesos hacia mejores tecnologías para la producción de celulosa y papel. “Se realizaron inversiones en PM pero siempre para la mejora del proceso de producción, calidad del producto y capacidad de la fábrica, o para aumentar el volumen de producción. Las exigencias son mayores desde los estándares ambientales y los productos se van adaptando a las cuestiones del mercado, buscando productividad y eficiencia operativa. No fueron en paralelo las mejoras para los trabajadores, donde hay procesos que tienen sus consecuencias en la salud, y es donde cambia la discusión de lo que como operarios de una planta de celulosa y papel con estas características técnicas planteamos. No hay que confundir las cosas. Somos los primeros en defender nuestra fuente laboral, en querer más fabricas y con mejores prácticas, pero la realidad de nuestras fábricas es otra y ese es nuestro reclamo”, insistió Guerrero.

Hace 15 años atrás, hablar de insalubridad laboral en la industria de celulosa y papel era un tema “tabú” en la provincia. Los papeleros lograron el apoyo del gobierno de Misiones para que se sancione por primera vez una la ley que apunta a una protección laboral en esta industria, pero que “castiga” de alguna manera  a toda una actividad al declarar la insalubridad sobre toda la industria de Celulosa y Papel. “No hay nada que no se pueda cambiar, si es el nombre lo que molesta, no hay problema. Lo cambiamos. Tampoco queremos conflictos. Pero igualmente continuaremos bregando para que Ley se aplique en lo relacionado a los aspectos laborales y de salud, que se respete el trabajo que realizamos, que se cumpla y se aplique en forma efectiva los alcances de la ley respecto a la jubilación anticipada a los 55 años como los turnos de 6 horas para disminuir los riesgos, buscar las alternativas para ello”, sostuvo el sindicalista.

Entre el gremio y la Provincia se mantuvieron tres reuniones el año pasado a través del Ministerio de Trabajo. “Somos partidarios del diálogo, y el Ministro Agulla está de acuerdo en coordinar una mesa de negociación con las empresas. Pero son estas las que no quieren”, remarcó.

De esta manera, el directivo del SOEPM consideró necesario avanzar en reuniones y proponer se realicen nuevos estudios técnicos que permitan dar transparencia a las condiciones de los sectores y procesos para ratificar la insalubridad declarada o dónde es factible no aplicar la normativa. “No se pueden comparar las tecnologías de estas dos plantas con las nuevas fábricas de Uruguay o Brasil, por ejemplo, ya que son realidades distintas”, manifestó.

Guerrero, con sus 30 años de antigüedad en la fábrica, conoce cada uno de los casos de salud de sus compañeros. “También tenemos en el gremio estadísticas de salud laboral, es muy fácil hacer el seguimiento de esto, no es ninguna ciencia. La mayoría del personal de Papel Misionero se jubiló por razones de salud, de invalidez, de afecciones respiratorias, todos temas relacionados a consecuencias de lo uno está expuesto en el trabajo de fábrica”, aseveró Guerrero.

Industrias sostenibles

Respecto al pedido de derogación de la normativa por parte de los empresarios que integran la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial al gobierno de Misiones, que contó con la intervención del propio Presidente Mauricio Macri, el sindicalista expresó un público respaldo a la posición de apoyo adoptada por parte del Estado Provincial y la Cámara de Diputados de la provincia desde los inicios de este debate hasta lograr la sanción de la Ley hace casi 10 años (2008), a través del ex diputado provincial y ex gremialista papelero, Érico Álvarez.

“La Nación debería respetar la autonomía de las provincias, o en todo caso llamar a una mesa de diálogo para conocer la situación y analizar las situaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo en las fábricas de Misiones”, coincidió con su par del SOEP Misiones.

Finalmente, el dirigente de los papeleros coincidió con su par del SOEP Misiones en rechazar otros de los fundamentos de los empresarios que relacionan la no radicación de nuevas inversiones en el sector por la sanción de esta Ley. “Las inversiones no llegan por motivos muchos más complejos, no se puede aducir a que es esta ley frenó proyectos. Desde presión impositiva, altos costos operativos y de logística, falta de inversiones en infraestructura, la imagen negativa ante la comunidad por contaminación ambiental, por los cuestionamientos al monocultivo, cuando no saben que esta conservando el monte nativo justamente por el desarrollo de esta actividad, que la reforestación no es mala. Nosotros somos los primeros que saldremos a defender nuestra actividad porque tienen muchos beneficios para la sociedad. Pero dar esa excusa de las inversiones no llega por la Ley de Insalubridad, no la aceptamos. Volvemos los trabajadores a pagar las consecuencias, cuando los motivos son otros y es  responsabilidad de la Provincia y la Nación de no haberse ocupado en estos 40 años de promover políticas sostenibles para esta actividad”, concluyó Guerrero.

Por Patricia Escobar 



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