Análisis semanal: Un acuerdo que evitó el default pero no el ajuste

Con moderado optimismo el Gobierno nacional anunció el acuerdo con el FMI. El presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán juraron que no habrá ajuste, lo cual depende de que Argentina consolide el crecimiento de su economía. Los mercados tomaron con alivio el anuncio y el dólar blue, acciones y bonos argentinos desandaron en un día el camino negativo acumulado en semanas.

Apurado por la avalancha de vencimientos que estipula el insólito crédito que el Fondo Monetario Internacional le otorgó a Mauricio Macri para evitar, con nulo éxito, el retorno del kirchnerismo al poder, el Gobierno nacional consiguió dar un paso importante para comenzar a desactivar la bomba atómica que dejó la gestión de Juntos por el Cambio a las futuras generaciones de argentinos.

¿En qué consiste el acuerdo? El FMI le volverá a prestar a Argentina 44 mil millones de dólares, la misma cantidad que había entregado al Gobierno de Macri, pero en esta oportunidad el dinero no podrá destinarse a fugar divisas sino que deberá utilizarse para cubrir los vencimientos del primer crédito.

La diferencia es que este segundo crédito tendrá plazos de vencimiento mucho más extensos: habrá cuatro años de gracia y diez años para pagar los desembolsos que llegarán en varias entregas en un período de dos años y medio, con lo cual el crédito terminaría de pagarse en más de 12 años.

En términos prácticos: Argentina no pagará deuda con el Fondo hasta 2026 y una vez que comience a hacerlo, tendrá plazos bastante más laxos que los estipulados en el crédito otorgado durante la administración de Juntos por el Cambio.

La buena noticia es que al tratarse de un préstamo por el mismo monto que el anterior, se podrán recuperar los alrededor de 5.000 millones de dólares que Argentina ya le pagó al Fondo.

El entendimiento, que todavía deberá ser aprobado por el Congreso y por el board del organismo de crédito, trajo alivio a los mercados que reaccionaron con una baja de alrededor de 10 pesos del dólar blue y una remontada de 10 puntos en acciones y bonos.

Desde el Gobierno se apuran en repetir que se consiguió el mejor acuerdo posible dado el contexto y se abstienen de actitudes triunfalistas porque saben que no traerá una mejora inmediata en la economía, al menos no en un nivel que resulte perceptible para la gente. En todo caso destacan que al evitar el default se protegió al país del peor escenario.

Entre los puntos que el Gobierno apunta a destacar como éxitos de la negociación figuran la no inclusión de un compromiso de reforma laboral o previsional, ni de privatización de empresas del Estado.

 

 ¿Sin ajuste?

Otro punto que se ocuparon de remarcar tanto el presidente como su ministro de Economía es que se logró un acuerdo sin comprometer al país a un programa de ajuste, lo cual está bastante alejado de la realidad. Podría entenderse que el Fondo no impuso condiciones extremadamente severas porque no exigió expresamente una reforma laboral o recortar jubilaciones y sueldos públicos, pero no es cierto que no haya establecido imposiciones compatibles con un ajuste.

El punto más discutido durante la negociación, el sendero de reducción del déficit fiscal primario, marca un 2,5% del PIB para el año curso (en 2021 cerrará en torno al 3%), 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.

Si se toma en cuenta que este no habrá ingresos extra por impuesto a las grandes fortunas y que las exportaciones sufrirán los efectos de la sequía, difícilmente se consiga reducir el déficit en medio punto del PIB sin un marcado ajuste del gasto.

Los subsidios a las tarifas serán las primeras víctimas del ajuste, con lo cual habrá que esperar una suba pronunciada en las tarifas de energía en la primera mitad del año.

Para que esa reducción progresiva en el déficit primario no se convierta en un torniquete al gasto público, será necesario consolidar el crecimiento de la economía para incrementar por esa vía los ingresos fiscales. Si la economía no creciera lo suficiente, las únicas alternativas para reducir el déficit pasarían por gastar menos, incrementar la enorme presión impositiva o un poco de ambos.

Otro punto álgido de la negociación tiene que ver con la emisión monetaria. En ese punto el acuerdo es bastante estricto. El financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro fue el año pasado de 3,7% del PBI, para cumplir con el acuerdo debería bajar a 1% este año, 0,6% en 2023 y “muy cercano a cero” en 2023.

La reducción en la emisión procura ponerle un techo a la suba de los precios, no solo de los productos y servicios sino también del dólar blue. La lógica es que al reducir su oferta, el peso se convierta en un bien más deseable y mejor cotizado.

Para fortalecer la demanda de activos en pesos también se prevé una suba de tasas de interés, lo que sin dudas conspirará contra la necesidad de sostener el crecimiento de la economía.

Para que la abrupta desaceleración de la emisión monetaria no tenga efectos sociales catastróficos en un país con más de 40% de pobreza será necesario que en la misma medida en que desinfla la emisión también se reduzca la inflación.

La experiencia recogida en Argentina y otros países indica que eso no ocurre de manera automática y que incluso una reducción en la emisión monetaria cuando no es bien administrada puede terminar metiendo a la economía en un círculo destructivo que inicia con caída en la demanda, sigue con cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo y termina con más inflación por escasez de productos ocasionada por la caída en la producción. Ya pasó durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

Para evitar esa dinámica resulta fundamental el rol del Gobierno como ancla de expectativas. Alberto y su gabinete ahora sí están obligados a sentar a empresarios y sindicalistas para acordar un ritmo acompasado de aumentos salariales y de precios.

El paso que queda es la redacción del memorándum de entendimiento que deberá incluir una detallada descripción de todo el programa económico y fiscal que se acordó con el FMI. La redacción estará a cargo de los equipos técnicos del ministerio de Economía y del staff del Fondo.

Una vez hecho, el ministerio girará al Congreso el documento y el staff hará lo mismo con el directorio del organismo. Para que el acuerdo quede firme se necesita la aprobación de ambos.

 

La interna y la oposición

Aunque Alberto y Guzmán se cansen de repetir que lograron un acuerdo sin ajuste, los condicionamientos en materia de déficit fiscal y fundamentalmente de emisión monetaria son caramelos de madera que el kirchnerismo no parece dispuesto a deglutir. El problema no es tanto 2022 sino 2023, cuando las metas son más exigentes y hay que enfrentar una elección en la que se juega el premio mayor.

En la semana previa al acuerdo se multiplicaron dentro de la alianza gobernante las voces que exigían judicializar el acuerdo firmado con Macri y desconocer la deuda. Es probable que esa escalada respondiera a una estrategia de presión (como aquello del policía bueno y el policía malo) pero sirvió para dejar en claro que en qué medida incomoda al kirchnerismo tener que atenerse a las exigencias del Fondo.

Hasta el momento del presente despacho ni Cristina ni su hijo Máximo habían emitido palabra alguna relacionada al acuerdo y ese silencio sonó más fuerte que todas las declaraciones vertidas sobre el particular.

Quien sí habló fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se limitó a afirmar que el acuerdo consiguió evitar “una verdadera catástrofe en lo inmediato” y pidió a la oposición que “colabore y se haga cargo del desastre que dejó”.

Por el lado de Juntos por el Cambio, como si no tuvieran nada que ver con el asunto, piden conocer la letra chica del acuerdo y aprovechan para meter cizaña en la alianza gobernante exigiendo que la vice se manifieste. “Si Cristina no apoya esto, no estamos en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión”, anticipó el senador radical Alfredo Cornejo.

Desde ambos extremos del dial ideológico anticiparon que no apoyarían el acuerdo. Para los libertarios no resulta suficientemente ortodoxo y hasta lo ven al FMI demasiado blandito en sus exigencias, mientras que la izquierda se inclina por desconocer la deuda.

En ese contexto, el Gobierno necesita el voto de los legisladores de Juntos por el Cambio para refrendar el acuerdo, el problema es que esa fuerza está dirimiendo una interna y piensan más en candidaturas de cara a las elecciones de 2023 que en asumir la responsabilidad que les toca como tomadores de la deuda que hoy el país intenta saldar.

Con el Gobierno de Macri como pésimo antecedente, las posibilidades de esta fuerza se centran en que a Alberto le vaya peor y la gente los elija como los menos malos. La gestión de Fernández, plagada de errores no forzados, y las constantes pujas internas que promueve el kirchnerismo dentro del Frente de Todos colaboran con ese plan.

En una oposición sin propuesta y ante un electorado polarizado en estado de hartazgo perpetuo, ningún dirigente de Juntos por el Cambio quiere parecer condescendiente con el oficialismo, lo que convirtió a la interna de esa fuerza en una suerte de competencia por destruir al Gobierno sin importar si se llevan puesto también al país.

El voto negativo al proyecto de presupuesto 2022, sin la presentación de un proyecto alternativo y cuando estaba sobre la mesa la propuesta de devolver el expediente a su tratamiento en comisión con el compromiso de atender las observaciones efectuadas por la oposición, es un antecedente preocupante.

En aquella oportunidad Juntos por el Cambio votó en contra porque a algunos de sus legisladores no les cayó bien un discurso de Máximo Kirchner (en el que por otro parte no dijo nada que no fuera estrictamente cierto) comenzaron a gritar, los demás integrantes de esa bancada no quisieron quedarse atrás y por eso este año no hay presupuesto.

En esa línea se anotan los legisladores nacionales misioneros de Juntos por el Cambio que también votaron en contra del Presupuesto a pesar de que incluía beneficios para Misiones, como la posibilidad de que se estableciera en la provincia un área especial aduanera.

Desde el Gobierno provincial enfatizan que el resultado de esa votación demostró que, tal como anticipaban desde la renovación, los diputados de Juntos por el Cambio están mucho más interesados en obedecer los mandatos partidarios que envelar por los intereses de la provincia.

Con el radical Martín Arjol de vacaciones en Brasil y los hermanos Schiavoni perdiendo relevancia dentro del PRO provincial por su vinculación estrecha con Mauricio Macri, emerge cada vez con más fuerza la figura de Martín Goerling, quien vinculado al ala dura del PRO encabezada por Patricia Bullrich, viene haciendo un trabajo silencioso con presencia en distintas ciudades comprometiéndose con los problemas de la gente y tratando de encontrar soluciones pese a no tener ningún cargo político.

 

Sin deuda

Sin dudas la receta más efectiva para no enfrentar problemas de endeudamiento es no tomar deuda. Misiones transita ese camino desde 2003 después de los pésimos resultados que tuvo la política aplicada por el gobierno que condujo la provincia durante los 90 que recurría al endeudamiento como recurso habitual para financiar sus gastos corrientes.

La mochila del endeudamiento postergó el crecimiento económico de Misiones, que recién pudo expresarse con vigor cuando la deuda dejó de ser un problema constante en las finanzas del Estado.

La experiencia nefasta de los 90 sirvió de experiencia para que el gobierno de la renovación no cayera en la misma trampa durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando desde Nación se instaba a las provincias a tomar deuda en dólares con la promesa de un futuro de estabilidad cambiaria que no demoró mucho en revelarse como una falacia.

Las provincias que siguieron los consejos de aquel gobierno de Cambiemos hoy se encuentran ante un serio problema, porque recaudan pesos y tienen que pagar dólares. Al cierre de 2020 las provincias acumulaban una deuda total de casi 24 mil millones de dólares, casi la mitad de la deuda de la Nación con el FMI.

Gracias a que el Gobierno provincial supo anticipar el escenario de descalabro económico que se volvió evidente durante la segunda mitad del mandato de Macri, Misiones no debe a la fecha ni un solo dólar a nadie y además no tiene déficit, lo que la ubica en un status de solvencia fiscal superior a las demás provincias, situación reconocida por las calificadoras internacionales de riesgo crediticio.

 

Con lo propio

Gobernar sin tomar deuda y con la desventaja de una coparticipación desfavorable le requirió a Misiones el desarrollo de una política fiscal que le otorgó a la provincia un alto grado de soberanía fiscal.

Una vez liberada la pesada mochila de la deuda contraída en los 90, esa misma política permitió que la provincia elevara los estándares de los servicios que presta el Estado y que operan como una transferencia de recursos a la población.

El Parque de la Salud, por ejemplo, transfiere recursos de los impuestos a los bolsillos de los pacientes que al atenderse gratuitamente allí ahorran mucho dinero.

Se trata de un sistema solidario en el que todos colaboran con quien más lo necesita. Una operación de alta complejidad, por ejemplo, tiene un costo que equivale a 10 o 15 salarios medios, suma imposible de afrontar para un asalariado, un productor yerbatero o un pequeño comerciante.

Con una política fiscal diferente, con menor carga impositiva, sería imposible sostener un sistema de salud como el que tiene Misiones.

 

Una provincia startup

Misiones además es la única provincia con oficina de cambio climático, ámbito de estudio y ejecución de políticas modernas para el cuidado del medio ambiente. Gracias a eso ya se empezó a recibir el goteo de los fondos por el convenio con la empresa Mercuria y la venta de bonos verdes.

Otras medidas políticas innovadoras grafican la firme base tecnológica con la que se desarrollan las políticas provinciales, como Silicon, las criptomonedas, la robótica, la educación disruptiva y ahora el reciente acuerdo con el club alemán Bayern Munich para generar un ámbito de desarrollo deportivo de elite mundial, brindando una oportunidad sin igual para los chicos misioneros.

Hubo llamados de decenas de provincias pidiendo cupo y consultas de ciudades vecinas de Paraguay y Brasil. El gobierno va a cubrir la geografía provincial primero y después si hay cupo a otras provincias y clubes de buenos aires que ya hicieron consultas.

Rovira destacó que “Misiones es una provincia startup que desde hace un tiempo le está mostrando al mundo sus avances con los primeros productos disruptivos de una estrategia proyectada para largo plazo”.

“Con la innovación, las nuevas tecnologías, las políticas ambientales y ahora las oportunidades deportivas de primer nivel internacional, la Provincia se está consolidando en los nuevos nichos económicos en que se mueve el mundo”, dijo.

La llegada de un gigante mundial del deporte como el FC Bayer Munich representa para Carlos Rovira “la creación de un espacio startup inédito para el desarrollo deportivo, las prácticas saludables y el coaching de alto nivel mundial. Es una oportunidad histórica para nuestros jóvenes”.

 

Políticas de anticipación

La política de anticipación del gobierno de Misiones mostró resultados en el difícil verano que atravesó la provincia. Las herramientas que se le entregó al poder Ejecutivo con la Ley de Presupuesto provincial sancionada en octubre, le permitieron al Gobierno actuar con celeridad y disponer los recursos para atender problemas como la escasez de agua, los problemas de la energía eléctrica y los incendios forestales.

Cada uno de los eventos requirió trámites, gestiones y desembolso de recursos que se hicieron velozmente pero que no hubieran podido hacerse en caso de no contar con las facultades otorgadas al gobernador en el presupuesto. Así se pudo comprar equipamiento de manera urgente, un tercer helicóptero, autobombas, transformadores de energía, y recursos para agua potable.