Mediante un comunicado del Ministerio de Hacienda se informó que, como parte de las negociaciones con gobernadores, seguirá haciéndose cargo del subsidio. Las conversaciones con los distritos para consensuar un presupuesto sin déficit primario siguen.
«En el marco de las conversaciones con las provincias, y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación».
Así, en un comunicado de prensa de una sola oración, la cartera que dirige Nicolás Dujovne dejó sin efecto el traspaso de la tarifa social eléctrica a las provincias, que había firmado hace unos días el exministro y ahora secretario de Energía, Javier Iguacel, y que había anunciado el propio Dujovne el lunes en conferencia de prensa.
El traspaso de la tarifa social eléctrica iba a entrar en vigencia en enero. Era una de las medidas con las que Mauricio Macri pretendía reducir el gasto público nacional, al recortar subsidios.
Según la resolución fechada ese mismo lunes de anuncios, la tarifa social sería «aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen». Esa adhesión involucraría «la asunción de su financiamiento y la coordinación» con las distribuidoras. Dicho de otra forma, cada distrito debía asumir la modalidad y el costo de la implementación de la tarifa diferenciada para las poblaciones de menores recursos.
El jueves, el Ministerio de Interior celebró una suerte de «principio de acuerdo» con los ministros de Hacienda de casi todas las provincias en cuanto a los lineamientos de ajuste que se incluirían en el Presupuesto 2019, de manera tal de asegurar la meta de equilibrio fiscal que el país le presentó al FMI para adelantar el programa de desembolsos del crédito por u$s50.000 millones y blindar los pagos de deuda pública.
Según trascendió, algunos puntos del consenso fiscal entre Nación y provincias quedarán en suspenso y las provincias podrán interrumpir la baja de impuestos locales, con excepción de Ingresos Brutos. También se frenaría la reducción prevista para el impuesto a los Bienes Personales y se discute gravar bienes radicados en el exterior.
Las provincias resisten como pueden a tres ajustes: la interrupción del Fondo Sojero, que reparte parte de las retenciones a la oleaginosa para realizar obras, la transferencia del costo de la tarifa social eléctrica y la transferencia de los subsidios al transporte, siempre que este no cruce de una jurisdicción a otra (área metropolitana). El intendente de Resistencia y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, llegó a decir que la quita de subsidios llevaría el boleto de colectivo hasta los $35 en el interior.
TN
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