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Dirigentes políticos y tabacaleros exigen que la Nación respete atribuciones de Misiones en la distribución del FET

Legisladores nacionales misioneros y representantes del Ejecutivo provincial se reunieron hoy con autoridades de las tres asociaciones tabacaleras y de cooperativas de esa actividad con el objetivo de definir criterios comunes para la negociación del nuevo acuerdo Nación – Provincia para la administración del Fondo Especial del Tabaco (FET). Se plantearon reparos a un supuesto avance de la Nación sobre las atribuciones  de las provincias en el manejo de la parte del FET que se destina a financiar planes especiales, que incluye el dinero de las obras sociales, becas y para proyectos de reconversión productiva, compensaciones por pérdidas y mejora de la calidad de vida de los colonos. Genera polémica la posibilidad de que dinero del FET se destine al Plan Belgrano.

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La Provincia y la Nación deben firmar un acuerdo para resolver de qué modo se administrarán los recursos del FET correspondientes a Misiones que se recauden el año próximo a partir de la aplicación de un impuesto especial que se aplica sobre la venta de cigarrillos. Para ello desde el ministerio de Agroindustria ya enviaron una propuesta que en primer término fue bien recibida por las autoridades provinciales, pero luego de leer “la letra chica” y tras algunas advertencias de las asociaciones de productores, se encendieron luces de alarma.

Para analizar esta propuesta y definir los pasos a seguir, se reunieron hoy en Leandro N Alem legisladores nacionales, funcionarios provinciales y representantes de entidades tabacaleras. Participaron el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; los diputados nacionales Maurice Closs, Luis Pastori, Alex Ziegler y Daniel Di Stefano; la senadora Sandra Giménez; el ministro del Agro, José Luis Garay, los presidentes de los tres gremios de productores tabacaleros, Albino Hirsch (APTM), Carlos Goring (Actim) y Gustavo Piñeiro (Catam) y el presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, Jorge Kappaunn, entre otros.

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Durante la reunión, los tabacaleros plantearon su preocupación por la posibilidad de que la Nación recorte las facultades de las asociaciones y del Gobierno provincial en lo referente a la aprobación de planes a ser financiados con dinero del FET, cuestión que también fue advertida por funcionarios y legisladores que responden al oficialismo provincial, mientras que los legisladores que están alineados con el Gobierno nacional desestimaron que pudiera producirse un avasallamiento por parte de la Nación.

La polémica gira en torno a cambios que pretende introducir la gestión nacional en el mecanismo que se utiliza para aprobar los planes que se financian con el 20 por ciento de la recaudación del FET, ya que la propuesta de convenio enviada por el ministerio de Agroindustria señala que todos los planes deberán contar con la “previa conformidad” de ese ministerio, lo que estaría vulnerando la Ley Nacional del Tabaco, que reserva total autonomía a las unidades de coordinación provincial en lo referente a la confección y aprobación de dichos planes.

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Con la preocupación ya instalada, funcionarios nacionales explicaron que parte del dinero del 20 por ciento del FET sería destinado al Plan Belgrano, lo que no hizo más que avivar la polémica.

Ante la situación planteada, dirigentes como el exgobernador Maurice Closs y el ministro José Luis Garay advirtieron que la propuesta de convenio enviada por Nación estaría configurando un avasallamiento a las atribuciones de la Provincia y por lo tanto habría que revisarlo. En ese sentido el titular de la cartera agraria señaló que la semana próxima viajará a Buenos Aires para avanzar en un nuevo borrador que incluirá cambios en el sentido que pretende Misiones.

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Distinto fue el diagnóstico de los legisladores afines al Gobierno nacional: Ziegler y Pastori, quienes aseguraron que el gobierno de Macri no tiene voluntad de restringir atribuciones provinciales ni quedarse con recursos que no le corresponden. Indicaron además que sería imposible destinar dinero del FET al Plan Belgrano, ya que esa es un área que define políticas, pero que no tiene presupuesto propio.

Las vueltas del FET

El Fondo Especial del Tabaco  está compuesto básicamente de dos partes: un 80 por ciento que se distribuye como complemento de precio (retorno) y se deposita directamente en las cuentas de los productores y el restante 20 por ciento que se utiliza para financiar planes operativos anuales (POA) que tienen distintos propósitos pero que siempre deben tener como beneficiario principal al productor tabacalero. Con ese 20 por ciento se  financian por ejemplo las obras sociales del sector, becas de estudio, planes para construir galpones, proyectos de reconversión productiva, compensaciones por pérdidas ocasionadas por el clima, entre otros.

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Para definir los mecanismos a través de los cuales se ejecuta el FET, Nación y las provincias tabacaleras deben firmar anualmente un convenio. La propuesta enviada por el gobierno de Macri para el año próximo provocó críticas y elogios. Por un lado hay apoyo unánime por parte de tabacaleros y políticos de todas las fuerzas de Misiones al mecanismo que propone para hacer llegar a los tabacaleros el 80 por ciento correspondiente al retorno, ya que disminuiría la burocracia que usualmente provoca demoras en los pagos. Todo lo contrario ocurre con la parte de la propuesta de convenio que se refiere a la administración del 20 por ciento que se ejecuta a través de los POA.

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Tabacaleros y dirigentes políticos consideran que el borrador de convenio que envió la Nación vulnera atribuciones reservadas a las provincias por la ley 19.800 (ley Nacional del Tabaco) que establece taxativamente que la ejecución y administración de los fondos del FET son atribuciones de las unidades de coordinación provinciales, que están integradas por los estados provinciales y las entidades oficiales del sector tabacalero.

En lo referente a la aprobación de POA, el convenio que propone Nación señala que Misiones podrá proponer la incorporación de “nuevos componentes mediando la previa conformidad y análisis del Ministerio” de Agroindustria de Nación, lo que otorgaría a la cartera que conduce Ricardo Buryaile, un poder de veto que iría en contra de la mencionada ley.

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Vea también:

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