El juez César Jiménez cuestionó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal: “Tenemos que mirar las multicausales que generan el delito en la población juvenil”, afirmó

El juez Correccional y de Menores de Posadas, César Jiménez, expresó su preocupación respecto a la persistencia de intentos por parte de algunos sectores políticos de reducir la edad de imputabilidad, a pesar de anteriores rechazos, incluso por la Corte Suprema de Justicia.

César Jiménez – Santa María de las Misiones

Según el juez, la propuesta carece de fundamentos sólidos y parece responder más a una demanda social basada en percepciones de inseguridad que a argumentos legales o científicos. Además, señaló que organismos internacionales, como el Comité Internacional de los Derechos de los Niños, han advertido sobre los peligros de disminuir la edad de imputabilidad.

“Esta obstinación de parte del sector político de intentar una vez más bajar la edad de imputabilidad ya ha sido muchas veces tratado. Todos los organismos internacionales que tienen normatividad con respecto a los derechos de la niñez ya se han declarado en este sentido, como el Comité Internacional de los Derechos de los Niños ha dicho que donde hay realmente una edad de minoridad para declarar la imputabilidad de una persona menor de edad no puede bajarse, sí puede subirse”, afirmó. 

Por otro lado, subrayó la importancia de considerar el desarrollo cerebral de los jóvenes y abogó por un enfoque integral en la respuesta a la delincuencia juvenil, priorizando medidas socioeducativas y de prevención. “La neurociencia nos indica que los cerebros de los jóvenes, hasta después de la adolescencia, tienen estado de crecimiento. Estamos buscando la forma de resolver una situación de una población juvenil que ha cometido infracción a la edad penal a través de la penalización”, agregó. 

En cuanto a la situación socioeconómica del país, el juez destacó que el contexto de pobreza y desigualdad influye en la incidencia delictiva entre los jóvenes, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas públicas y de no judicializar la pobreza. “Estamos viviendo y atravesando otra mirada política del nuevo gobierno que tiene entre sus manos la necesidad cierta de agravar las penas, de bajar la punibilidad como respuesta social”, aseguró.

En esta misma línea, reforzó la idea de que “la fórmula mágica es que vuelva el pibe o la piba a la escuela”. Para Jiménez, la instalación de políticas públicas socioeducativas serias con respecto a este espacio juvenil es una de las grandes medidas para salir adelante. 

Además, insistió en la necesidad de reformular el sistema juvenil de manera democrática y acorde a estándares internacionales, sin recurrir a medidas regresivas o punitivas que no abordan las causas profundas de la delincuencia juvenil. “Ese régimen juvenil no puede tener como columna vertebral bajar la edad de punibilidad. Tenemos que generar una nueva ingeniería institucional en donde pensemos en serio que tenemos que mirar las multicausales que generan realmente el delito en esta población juvenil”, dijo. 

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Por otra parte, subrayó que el porcentaje de jóvenes adictos involucrados en delitos ha aumentado al 100%, mientras que anteriormente era del 30 o 33%. “Esa situación de adicción es la que debemos prevenir desde el Estado. Esto es lo que está faltando en forma seria aunque existen programas, inclusive acá la provincia también”, sostuvo Jiménez. 

El juez explicó también que cuando un menor comete un delito en Argentina, se aplica un procedimiento especial que involucra a profesionales de diferentes disciplinas, como trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos. “Para los jóvenes de 16 y 17 años, se sigue el proceso establecido por la ley 22.278, con el objetivo de abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Sin embargo, para menores de 14 años, la ley penal no puede ser aplicada, por lo que se trabaja a través de organismos estatales para ofrecer respuestas adecuadas a la sociedad”, comentó. 

Finalmente, hizo referencia a la importancia de la participación del Estado y la sociedad en general en la toma de decisiones y resaltó la necesidad de un enfoque interdisciplinario que involucre a diferentes actores, incluyendo a las familias y a las víctimas de delitos.

“Si el Estado está ausente, estas situaciones van a empeorar. Cuando todos los derechos sociales, económicos y culturales están ausentes, están vulnerados, obviamente vamos a tener más de este tipo de situaciones”, finalizó. 

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