Este lunes se conocieron las sentencias a por lo menos siete represores, ex integrantes de diversas fuerzas armadas y de seguridad, que cometieron delitos de lesa humanidad, durante la última dictadura que sufrió el país, entre 1976 y 1983. Entre las víctimas de secuestros y torturas, hubo al menos dos misioneros, que declararon durante el juicio.
Este lunes se conocieron las sentencias a por lo menos siete represores, ex integrantes de diversas fuerzas armadas y de seguridad, que cometieron delitos de lesa humanidad, durante la última dictadura que sufrió el país, entre 1976 y 1983. Entre las víctimas de secuestros y torturas, hubo al menos dos misioneros, que declararon durante el juicio.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes dictó este lunes sentencia en un juicio a nueve exintegrantes de diferentes fuerzas armadas y de seguridad acusados de cometer crímenes de lesa humanidad bajo la órbita de la VII Brigada, durante la última dictadura cívico-militar.
El TOF, conformado por Fermín Ceroleni, Juan Iglesias y Eduardo Belforte, condenó al capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y al coronel Horacio Losito a 25 años de prisión.
Por su parte el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, recibió la pena de 18 años; el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, 15; el coronel del Ejército Abelardo De la Vega, 12; el coronel Raúl Harsich, 8; el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, 4 años.
Por otra parte fueron absueltos el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.
La Fiscalía Federal estuvo representada por Flavio Ferrini y los adjuntos Diego Vigay y Juan Pedro Resoagli, mientras que la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los relatos de dos sobrevivientes
Los días 26 y 27 de ese mes concluyeron las rondas testimoniales y se logró que por primera vez, el Tribunal Oral Federal constate junto a los sobrevivientes cómo funcionó el centro clandestino de detención y exterminio de la Alcaidía en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Corrientes.
Los relatos clave del misionero Ramón Cura y Guadalupe Arqueros, cerraron la etapa de testimoniales. Cura brindó, por primera vez ante el tribunal correntino, su testimonio como sobreviviente de un calvario que comenzó el 17 de noviembre de 1976 y duró más de seis años.
Llegó desde la provincia de Misiones para estudiar medicina en la Universidad Nacional del Nordeste, donde militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y cuando estaba en segundo año de la carrera, las fuerzas de la represión ilegal lo secuestraron en la pensión donde vivía, sobre la calle 9 de Julio 2039.
Su relato reconstruyó ante los jueces Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte la saña criminal con la que operaron jerarcas y mano de obra de la dictadura. Inmediatamente después de su detención fue trasladado al Regimiento de Infantería 9 del Ejército, así como al área militar de la Jefatura de Policía, sobre la avenida costanera General San Martín, donde se ubica la Brigada de Investigaciones.
En su testimonio, Cura reveló que estando en la Brigada policial una madrugada fue llevado enfrente, al río, donde lo arrojaron con los pies atados a piedras hasta ser sacado al borde del ahogamiento.
También contó cómo era llevado a los cuarteles de Santa Catalina, para ser sometido a sesiones de interrogatorios con gomas de bicicleta atadas en las muñecas y los tobillos sobre las cuales le adherían alambres con los que le provocaban descargas eléctricas mediante un generador de energía a batería.
De vuelta en el RI9, fue sometido a una pericia caligráfica dentro de una oficina, donde pudo comprobar que en los operativos las patotas robaban las pertenencias de las víctimas y que constató cómo hubo familiares de los represores que luego se las repartían. Mencionó especialmente vajillas y otros elementos de valor.
Asimismo, ratificó la tarea que cumplía en línea con la represión ilegal el capellán de la Iglesia en el Regimiento, Guido Luchelli, que se instaba a las víctimas de ese centro clandestino a ser oídas en confesión para luego recibir la eucaristía, cuando, en realidad, era un delator según hizo constar.
Reconoció en los cuarteles de la avenida 3 de Abril casi Costanera a los represores Horacio Losito y Raúl Reynoso y describió una extendida sesión de tortura provocada en la Gendarmería.
Esa situación se originó luego, que lo obligaran a llamar a sus padres, que llegaron desde Misiones para visitarlo, ocasión en la que les permitieron mantener un encuentro a solas, pero con micrófonos. Sin embargo, el intento por escucharlos términos de la reunión se frustró debido a que Ramón Cura encendió un ventilador y obstruyó la escucha.
Esa circunstancia, dijo, enfureció a los represores, que emprendieron esa misma noche una sesión de furiosa tortura como represalia.
Ramón Cura fue liberado recién en el año 1983, luego de pasar, incluso, por la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
Guadalupe Arqueros en tanto, declaró el miércoles 27 de septiembre ante los jueces, como sobreviviente de la dictadura en Corrientes. En 1976 cuando tenía 10 días de vida fue secuestrada junto a su madre, Judith Casco, en la casa de sus abuelos, ubicada en la esquina de calle Moreno y avenida Artigas.
Fueron trasladadas al Regimiento 9, donde su madre fue amenazada con que ella, la niña, sería torturada si no delataba a compañeros de militancia.
Guadalupe, que por entonces venía de sufrir la desaparición de su padre, Joaquín “Bocha” Arqueros, pidió este miércoles ante los jueces que no dejen de buscarlo.
La memoria de aquellos años la llevó a relatar cómo, siendo una niña, era requisada para poder ver a su madre que era mantenida en cautiverio o, incluso, que no tuvo atención pediátrica lo que le ocasionó secuelas que perduran hasta la actualidad. Con información y foto del diario El Litoral (Corrientes).
Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en Argentina se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil: detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes; ataques a las libertades civiles, políticas y sindicales; censuras, persecuciones de todo tipo. Fue la dictadura más cruenta que sufrió el país, desde donde se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas, que incluyó el secuestro de alrededor de 500 bebés, niñas y niños que fueron separados de sus familias y apropiados bajo otra identidad.
Esos bebés, niñas y niños fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron durante la detención ilegal de sus madres en centros clandestinos de detención. Hoy continúan desaparecidas y desaparecidos con sus identidades fraguadas.
Las familias de las víctimas iniciaron rápidamente la búsqueda reuniéndose en distintos organismos de derechos humanos que hoy son emblema en Argentina y en el mundo. En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno para reclamar por el destino de sus hijas e hijos, y en octubre de ese mismo año, muchas de esas mujeres que además buscaban a sus nietas y nietos desaparecidos, o tenían hijas o nueras que habían sido secuestradas embarazadas, comenzaron esta otra búsqueda, reunidas en Abuelas de Plaza de Mayo. El reclamo por los familiares de desaparecidos recibió la solidaridad de muchos países y de Organismos Internacionales.
A partir del retorno de la democracia el 10 de diciembre de 1983, y a través de los distintos poderes del Estado, la Argentina inició un largo proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El reclamo de las Abuelas por la restitución de sus nietas y nietos a sus legítimas familias fue encontrando, lentamente, respuesta desde algunas estructuras del Estado. Luego de conseguir que la ciencia genética descubriera el “índice de Abuelidad”, la posibilidad de probar la filiación de una niña o niño y su abuela, faltando la generación de sus padres a instancias de las Abuelas se creó en 1987 el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), por Ley 23.511. Allí se resguarda la información genética de todas las familias que buscan a sus nietas y nietos desaparecidos. En 1992, se crea por Ley 25457, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para impulsar la búsqueda de hijas e hijos de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, a fin de determinar su paradero y restituir su identidad. Los casos contemplados en el BNDG son de familias que buscan niñas y niños nacidas entre junio de 1974 y 1980, no obstante, como el plan sistemático de apropiación se montó sobre un andamiaje preexistente de tráfico de niñas y niños, que incluye falsificación de documentos públicos, la CoNaDI recepciona casos de personas nacidas durante todo el período en que transcurrió el terrorismo de Estado en Argentina.
Hoy, son 130 las nietas y nietos que restituyeron sus identidades gracias a la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y junto al Estado. Estas personas recuperaron su historia familiar y su derecho a la identidad, y al igual que sus familiares, el derecho a saber la verdad sobre lo ocurrido. Aún resta resolver la identidad de alrededor de 350 personas que pueden estar en cualquier rincón del mundo y a quienes sus familias siguen buscando.
A quiénes buscamos
Hoy las nietas y nietos de las Abuelas tienen entre 40 y 45 años. Son personas adultas que pueden haber migrado por múltiples razones, por eso pueden vivir en cualquier rincón del mundo. Muchos de ellos quizá sean madres y padres, algunos incluso abuelas y abuelos.
La mentira sobre el origen se transmite de generación en generación, por eso las Abuelas hoy buscan también a sus bisnietas y bisnietos.
La búsqueda de las nietas y nietos sigue vigente, porque la identidad es un derecho, al igual que el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
La campaña #ArgentinaTeBusca
Hoy la República Argentina, desde su Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el acompañamiento de CoNaDI y Abuelas de Plaza de Mayo, hace propia esta búsqueda impulsando esta Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad. (Información de www.cancilleria.gob.ar)
