Misiones | Con el Programa “Mi Título”, se entregaron 80 títulos de propiedad en San Vicente y 300 soluciones habitacionales en Bernardo de Irigoyen

A través del programa Mi Título, la provincia de Misiones sigue avanzando en su objetivo de regularizar la situación de las familias que residen en tierras fiscales, brindando seguridad y estabilidad a quienes las habitan.

A través del programa Mi Título, la provincia trabaja con el objetivo de agilizar el proceso de titularización de las tierras fiscales rurales y urbanas. La subsecretaria de Tierras y Colonización de Misiones, Sonia Mello, explicó la metodología de trabajo por la cual ya se entregaron más de 30 mil soluciones habitacionales desde el 2016.

“Hace dos semanas entregamos en San Vicente entregamos 80 títulos y algunos permisos también. Lo hicimos en el marco de una jornada de debate, discusión y reflexión sobre los 40 años de Democracia. El mismo día entregamos los permisos para cuatro localidades”, comentó Mello.

Asimismo, el pasado viernes finalizó un trabajo de campo en Bernardo de Irigoyen, con el que se logró la mensura y organización del municipio de cuatro barrios. Por otra parte, con los planos aprobados, comenzó el trabajo de visita, inspecciones y documentación. “Los últimos dos días, jueves y viernes, los dedicamos a elaborar permisos en la localidad. En total, entregamos 300 soluciones en Bernardo de Irigoyen, que incluyen títulos, contratos de adjudicación y permisos”, afirmó.

El programa “Mi Título” se ha convertido en una herramienta fundamental para regularizar la situación de las familias que residen en tierras fiscales. En este sentido, Mello explicó las diferencias entre permisos, contratos de adjudicación y títulos: “El permiso lo otorgamos una vez verificada que la persona está en condiciones, que el lote a adjudicar, así sea urbano o rural, esté libre. Es como un título en trámite. El contrato de adjudicación completa este permiso, este título en trámite, y ya a partir de ahí empieza la última etapa que es la etapa ya de la escrituración. Esa es la diferencia entre un permiso y un contrato. Después viene el título”, añadió.

En cuanto a las tierras privadas, aclaró que la provincia actúa como mediadora en la resolución de conflictos y facilita acuerdos entre particulares. En otras situaciones, Mello comentó que cuando el titular está dispuesto a resolver el problema pero no desea un acuerdo directo con las familias, puede optar por que el Estado adquiera la tierra.

“Se realiza una tasación oficial por el Tribunal de Tasaciones de la provincia para establecer el valor de la propiedad. Si la compra se hace, la tierra pasa a ser propiedad del Estado y se incorpora al régimen de tierras fiscales. Luego, se puede proceder a la regularización mediante otras leyes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se están llevando a cabo acuerdos socios-territoriales en los que el convenio se establece entre dos particulares, y la provincia actúa como mediador y facilitador para que las soluciones se concreten”, explicó.

Sobre los requisitos para acceder al programa, también mencionó que las leyes establecen dos o tres años de ocupación según sea urbano o rural, pero están trabajando en flexibilizar estos plazos para familias que han vivido en el lugar por más tiempo. “Por ese lapso se le otorga el permiso para que las familias cuando recién acceden al permiso de ocupación puedan introducir sus mejoras, trabajar la tierra y a partir de cumplido este plazo pueda celebrar este contrato de adjudicación y de recompra”, manifestó.

Por otro lado, se está abordando la situación de muchas familias en la zona del Alto Uruguay de la provincia que han vivido en tierras fiscales durante décadas sin haber obtenido un permiso formal. Estas tierras son comúnmente consideradas como fiscales y no pertenecen a nadie en particular, lo que ha llevado a que estas familias no perciban una amenaza de pérdida de sus hogares.

Por lo tanto, Mello aseguró que el programa está trabajando en permitir la regularización de estas propiedades, teniendo en cuenta el tiempo de posesión de las familias en el lugar. Además, se busca eliminar el requisito de esperar dos o tres años para acceder al contrato y al plan de pago una vez otorgado el permiso de ocupación, agilizando el proceso.

En esta misma línea, el plan de pago se realiza directamente al Estado Provincial a través de una cuenta designada para tierras fiscales, no involucra a ningún funcionario o mediador. No es necesario utilizar gestores en este proceso. “El precio se establece mediante un decreto al comienzo del año, y el funcionario solo se encarga de definir ese precio, celebrar el contrato y proporcionar a la persona un número de cuenta bancaria. La persona debe ir al banco y depositar el valor en la cuenta de la provincia. Una vez que el pago se ha realizado correctamente y ha sido corroborado, se inicia el proceso de obtención del título de propiedad”, sostuvo Mello.

Acerca del valor de los terrenos, señaló que “la provincia está zonificada en seis zonas y tiene que ver esto con el tipo de suelo, si es urbano o rural. El valor se establece de acuerdo a esta zonificación”. En este contexto, mencionó que “Iguazú también tiene una zona que es donde se llevan adelante los desarrollos turísticos, las 600 hectáreas, que tiene su propio régimen establecido para potenciar el turismo”.

Por otro lado, sobre las reservas fiscales y espacios verdes, se establece un porcentaje de espacio verde y reserva fiscal en las subdivisiones, y estos espacios están destinados a fines públicos, como plazas, escuelas o instituciones. “No es de uso particular para vivienda”, aclaró.

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Ante esta situación, agregó que en San Vicente y Oberá, los municipios no tienen la autoridad para levantar la condición de espacio verde en áreas ocupadas.  “Significa que no pueden proceder a la regularización de tierras ocupadas, incluso cuando hay construcciones importantes”, indicó.

En cuanto a las reservas fiscales, su uso debe ser aprobado mediante una ley de la Cámara de Diputados y solo se permite para instituciones públicas, a menos que haya una construcción significativa en el área. “Por ejemplo, en Posadas, se levantaron tres reservas fiscales donde las familias habían vivido durante más de 30 años. Esto se hizo debido a una cuestión social, ya que era imposible reubicar a estas familias en otro lugar”, detalló.

Para finalizar, con respecto al futuro del programa “Mi Título”, mencionó que quedan alrededor de 900 lotes por entregar en Bernardo de Irigoyen, y aproximadamente 3.500 a 4.000 lotes en otras localidades, como San Antonio, en Iguazú, en San Vicente y Azara. Además, actualmente hay 325 títulos próximos a ser entregados.

 

 

Con el Programa Mi Título, se entregaron títulos y permisos en San Vicente y Bernardo de Irigoyen

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