Finalmente se terminó la historia de nunca acordar y el Gobierno nacional llegó a un entendimiento con el FMI para refinanciar el delirante stand by que la administración de Mauricio Macri legó a las futuras generaciones. Lo que sigue es el debate legislativo del acuerdo y la puja entre JxC y el FdT por esquivar el costo político del ajuste que llegará de la mano del “reperfilamiento” de la deuda.
Acuerdo con el FMI
La redacción de la letra chica llevó más tiempo de lo esperado pero finalmente el jueves los técnicos del FMI y de Economía de Nación alinearon sus números para definir un camino de reducción progresiva y selectiva de los subsidios a la energía, el punto más discutido, y el viernes ingresó el proyecto completo a la cámara de Diputados. El lunes comenzará a ser debatido por la comisión de Presupuesto con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Aunque todavía no inició su tratamiento legislativo, el acuerdo ya generó internas tanto en el oficialismo cuanto en la oposición. Hay un consenso más o menos generalizado respecto a la necesidad de renegociar con el Fondo y la oposición no está en condiciones de objetar demasiado, porque básicamente cualquier acuerdo será mejor que el que cerró el expresidente Mauricio Macri en 2018.
La letra del proyecto confirmó lo que casi todos ya sabían: la posibilidad de una renegociación sin ajuste que prometía el presidente Alberto Fernández era más una expresión de deseo que un escenario posible. Por otra parte, hacerle un “paga Dios” al FMI al mejor estilo Rodríguez Saá en 2001, tendría consecuencias todavía peores.
Sin demasiadas alternativas a ponerle el lomo al ajuste, la pelea entre los dos principales frentes políticos se concentra ahora en imponer sus propias interpretaciones que invariablemente apuntan a descargar en el otro el costo político del inevitable ajustazo.
Con un sector de su propia alianza objetando abiertamente el acuerdo, el Gobierno necesita de la oposición no solo para aprobar el proyecto sino para no asumir en soledad los costos de todo lo que vendrá después.
Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que el grueso de sus votos se dividirá entre la aprobación en general, con objeciones en algunos artículos en particular, y la abstención. Si cumplen no habría mayores inconvenientes para que el proyecto pase sin apremios por ambas cámaras.
Pero a cambio de contener sus ganas por salir a embarrar la cancha como lo hicieron en la votación del Presupuesto, la oposición pretende que el oficialismo evite recordarle al país que el problemita del FMI no lo generó Alberto sino Macri.
Les molesta todavía más que se sugiera que los 44 mil millones de dólares del crédito que recibió el expresidente se terminaron fugando, como lo afirmó el propio FMI en la auditoría que hizo del acuerdo firmado por el exmandatario.
Pero lo que realmente les preocupa es que avance la causa que lleva la jueza federal María Eugenia Capuchetti con el objetivo de determinar si el expresidente Macri y otros funcionarios de su gobierno incurrieron en un fraude en contra de las arcas del Estado cuando promovieron el endeudamiento del país con el FMI sin adoptar ninguna medida para evitar que esos dólares se evaporaran rápidamente.
No solo preocupa por las derivaciones judiciales que pudiera traer, sino también porque le aportará al Gobierno un elemento vital para mantener en agenda el tema que más incomoda a JxC: el origen de la deuda con el FMI y el irresponsable manejo que se hizo del dinero que ingresó a través de ese crédito.
Internas para todos
La sola mención a dicha causa por parte del presidente durante su discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias, provocó que los legisladores del PRO se levantaran en tropel y abandonaran ofendidos el recinto.
Sus aliados radicales y de la Coalición Cívica se quedaron escuchando y a posteriori cuestionaron a sus pares del PRO, no solo por el gesto de intolerancia política sino también porque consideraron que se trató de un error estratégico que sacó el foco de la interna del Frente de Todos y lo ubicó en las diferencias dentro de la alianza opositora.
El diputado radical Facundo Manes fue uno de los se quedó, rodeado de butacas vacías, escuchando a Alberto y luego se ocupó de explicar a través de las redes sociales sus motivos para quedarse en la Asamblea. Sin mucho tacto salió a cruzarlo el senador macrista por Chubut, Ignacio Torres, quien le dedicó al neurocientífico la siguiente frase: “habla mucho del cerebro pero lo usa poco, no es tiempo de vanidades”.
Figuras relevantes de JxC como los radicales Luis Juez y Mario Negri condenaron el agravio de Torres, respaldaron a Manes y cuestionaron a quienes se retiraron del recinto, mientras que el titular de la bancada del PRO, Humberto Schiavoni, defendió la decisión de su partido al afirmar que el Presidente “cometió una provocación gratuita contra nuestro espacio y no estábamos dispuestos a soportarlo”.
Detrás del cruce de opiniones se juega la interna de JxC entre los halcones que apuestan por un modelo de oposición frontal y las palomas que prefieren el camino de la moderación. Entre los primeros se destacan Macri y Patricia Bullrich, quienes entienden que un escenario de confrontación abierta beneficiaría sus candidaturas de cara a 2023 y entre los segundos se alinean Horacio Rodríguez Larreta (que además de pensar en las presenciales tiene que gobernar la CABA) y los radicales.
En el FdT también se cuecen habas. Los muchachos de La Cámpora nunca estuvieron muy convencidos de respaldar al “Tío Alberto” y desde el sopapo electoral del año pasado no pierden oportunidad para socavar su figura.
Tan es así que sus principales referentes dieron un paso más allá que los legisladores del PRO a la hora de ningunear al Presidente, directamente no fueron a la Asamblea Legislativa de inicio de sesiones. Como si el faltazo no fuera desaire suficiente, Máximo Kirchner tuvo la desfachatez de justificar su inasistencia con el argumento de que sus hijos empezaban las clases y reclamaban que los acompañara al colegio.
Tampoco fue el ministro del Interior, Wado De Pedro. El funcionario que le tiró la renuncia por la cara al Presidente en lo más álgido de la crisis post Paso pero se terminó quedando al calor del cargo, se inventó actividades de agenda para negarle su presencia a Alberto en la Asamblea.
Pero el fuego amigo kirchnerista no terminó ahí. Cuando el Gobierno anunció que finalmente había acordado con el Fondo, La Cámpora difundió a través de sus redes sociales y video en el que el expresidente Néstor Kirchner fustigaba en durísimos términos al FMI.
Más preocupados por despegarse del acuerdo con el Fondo y de sus implicancias en el corto y mediano plazo que por evitar una crisis política que sería terminal para el Gobierno que ellos mismos diseñaron, los kirchneristas duros están cada vez más cerca de precipitar una nueva fractura.
Ante la necesidad de resistir tanto fuego amigo y para cubrirse del riesgo real de quedarse flotando en un vacío absoluto, Alberto ahora sí estaría dispuesto a crear su propia estructura política, algo que nunca quiso hacer para evitar choques con su vice, Cristina Fernández.
Misiones suma valor
Más allá de los ministros leales e intendentes y legisladores que lo respaldan en la interna, el Presidente necesitará sumar volumen político si pretende que su embrionario armado pueda sustentarlo ante un eventual paso al costado del kirchnerismo duro.
Ahí es donde entran a tallar con fuerza los gobernadores, especialmente aquellos que hayan sabido mantener independencia frente a las alianzas de alcance nacional, como el misionero Oscar Herrera Ahuad.
La estrategia del Frente Renovador de consolidarse como una fuerza provincial sin compromisos en el plano nacional resulta particularmente atinada en este contexto de mayor equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición y de internas dentro del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
En un escenario político tan disputado, el respaldo de un gobierno provincial como el misionero, que puede mostrar orden absoluto en sus finanzas y resultados concretos en la gestión, vale mucho para el Presidente y allí está la clave para que la Nación comience a saldar parte de la deuda histórica que mantiene con los misioneros.
Un claro ejemplo fue, la semana pasada, la venida del Presidente y todo su Gabinete de crisis a Posadas donde se reunieron con Herrera Ahuad y el Gabinete de Misiones por más de dos horas, esperando la llegada del gobernador correntino para recorrer las zonas incendiadas.
Hubo respuestas para todas las áreas de Misiones, como Ecología, Agricultura, Industria, Seguridad, y al otro día, con la visita del ministro Guzmán, que nunca había visitado otra provincia y aceptó inmediatamente la invitación a Misiones, se firmó un convenio para incorporar 2.000 millones de pesos en obras y proyectos de energías alternativas.
Trascendió que en esa visita a Posadas, el presidente se comprometió a dar inicio a una herramienta legal y administrativa que genere beneficios similares a los que preveía la Zona Aduanera Especial que el Ejecutivo nacional hubiera tenido facultades para crear si se hubiera aprobado la ley de Presupuesto 2022, proyecto que fue rechazado por los legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos los representantes de Misiones por esa fuerza: Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka.
Alberto instruyó a su ministro de Industria, Matás Kulfas, que redacte un decreto cuanto antes incorporando detalles similares al proyecto de Zona Aduanera Especial. Otra vez, con autoridad política, el Gobernador insistió y el Presidente se comprometió a cumplir.
El alto nivel de imagen positiva que tiene Oscar Herrera Ahuad lo jerarquiza frente a sus pares. En el último sondeo que realizó la encuestadora CB, una de las únicas que viene acertando en las últimas elecciones, ubicó al mandatario misionero como el de mejor imagen del país.
Su imagen positiva alcanza el 89% pero más allá de su gestión personal muy bien calificada, la gente destaca el modelo de gestión que se mantiene en el tiempo y que permite proyectar una provincia pujante, con perfil tecnológico, pero también presente a la hora de brindar servicios de calidad y asistencia horizontal para llegar a todos los sectores de la comunidad.
No es casualidad, por ejemplo, que el vice Carlos Arce también tenga altísimo nivel de imagen positiva con 85% y que el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto supere el 85% en la consideración de los vecinos.
El manejo que tuvo Misiones de la crisis ambiental generada por la sequía y particularmente del aspecto más destructivo de este fenómeno que es el alto riesgo de incendios, la volvió a destacar en el concierto nacional, especialmente ante el contraste respecto a su vecina Corrientes.
La provincia está llegando sin apremios al fin de la etapa más peligrosa de la sequía, que coincide con los meses de temperaturas más elevadas, en base a planificación y un modelo de autosuficiente en el que viene trabajando desde hace más de una década. A diferencia de Corrientes que ante la catástrofe solo atinó a echar culpas a la Nación por no tener herramientas para defender a su patrimonio natural y a sus productores.
A las aulas
Por decimonoveno año consecutivo, el período lectivo comenzó con normalidad en Misiones, más allá de las manifestaciones que impulsaron los llamados gremios disidentes en una protesta que se sintió más en las rutas y en las redes sociales pero no en las aulas.
Todas las escuelas abrieron, todos los alumnos tuvieron clases y nada amenaza la continuidad del ciclo lectivo, algo que no ocurre en todas las provincias.
La contracara de esta normalidad en las aulas la marcaron los cortes de ruta impulsados por gremios con representatividad minoritaria en el cuerpo docente y con identidad política opositora. “La sociedad ya comprendió que son representantes politizados de un proyecto político que gobernó entre 2015 y 2019 y que ahora cumplen su rol opositor. En esos cuatro años que fueron gobierno no llevaron adelante ninguna medida de fuerza. Inmediatamente, ante el cambio de color del gobierno nacional, 2020 volvieron a las protestas”, señalaron fuentes ligadas al Gobierno provincial.
En otro contexto, un reclamo salarial como el que impulsan estos gremios minoritarios podría tener mayor entidad, pero en la situación actual en la que Misiones logró garantizar el salario inicial más alto para los docentes: la Provincia pagará desde comienzos de febrero un sueldo inicial de 54.720 pesos, que luego se eleva a 57.120 pesos. La Nación ofrecerá 53.333 pesos en junio y 56.666 desde el 1 de agosto.
Desde el Gobierno provincial se muestran reticentes a negociar con los gremios que sostienen las manifestaciones porque entienden que persiguen un fin político y que seguirán en plan de dificultar la paz social sin importar cuánto aumento se otorgue.
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