La Justicia Federal de Corrientes dictó la prisión preventiva domiciliaria a los ocho detenidos, cinco de ellos pertenecientes a fuerzas policiales y de seguridad provincial y nacional, involucrados en las maniobras del traslado de soja ilegal, evadiendo los controles fiscales de ingreso a Misiones, por caminos alternativos. Por el Covid-19, los imputados deberán cumplir arresto domiciliario.
Los involucrados facilitaban el ingreso de camiones cargados con granos, casi la totalidad de soja y algunos pocos de maíz, por caminos alternativos, mediante el cobro de un “peaje” de 200 dólares en cada retén o puesto de control clandestino que montaban en el camino hacia la costa del río Uruguay, para desde allí cruzar ilegalmente al Brasil, sin abonar derechos a la exportación.
Tras las investigaciones que se efectuaban, a partir de la gran cantidad de decomiso de soja ilegal, circulando por las provincias de Corrientes y Misiones rumbo al Brasil, es que se desarticuló dicha organización delictiva, integrada por dos oficiales de la Policía de Misiones, uno de la Policía Federal, uno de Gendarmería Nacional y el restante de la Policía de Corrientes, además de tres civiles que oficiaban de “guías” y «paseros” de los cargamentos ilegales.
La organización delictiva operaba mayoritariamente en el extremo Norte de Corrientes y Sur de Misiones, donde los imputados armaban los pasos ilegales por caminos alternativos de los controles fiscales oficiales en el puesto de Centinela (ruta 14 San José) y El Arco (ruta 12 de ingreso a Posadas).
La causa de la “ruta de la soja ilegal” la lleva adelante el Juzgado Federal de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, quién procesó a los involucrados, dictó la prisión preventiva de los mismos, de cumplimiento en sus respectivos domicilios, atendiendo la cuestión sanitaria de los imputados, derivada de la pandemia del coronavirus, en esta etapa de instrucción y posterior requerimiento de elevación a juicio, si hay méritos para hacerlo.
El magistrado dio curso a una solicitud formal del abogado Jorge Adrián Barboza, uno de los letrados defensores que intervienen en la causa. Al igual que los demás defensores, hizo notar que la situación sanitaria por el coronavirus ameritaba la atenuación de las condiciones de detención preventiva.
La defensas de los acusados pusieron de relieve que era inexistente el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de los imputados, dado que están dadas las garantías para que se avance en el proceso judicial.
Los acusados fueron detenidos del 11 de junio pasado. Se trata de Adrián E., un sargento de la Gendarmería; el cabo de la Policía Federal, Ricardo K; el efectivo de la Policía de Corrientes, Marcelo Q.; los efectivos policiales de la Policía de Misiones, Ramón B. y Martín P., además de los civiles Jorge L., Jorge F, y Jorge H.
Los ocho fueron trasladados el pasado sábado a sus respectivos domicilios, de donde no podrán salir sin autorización judicial y deberán cumplir pautas de comportamiento, como la de evitar el consumo de alcohol y estupefacientes, o transgredir normativas y mantener contacto entre sí.
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