Ituzaingó: piden que se investigue si hubo connivencia entre funcionarios municipales y un proxeneta condenado a 8 años de cárcel

Ituzaingó: piden que se investigue si hubo connivencia entre funcionarios municipales y un proxeneta condenado a 8 años de cárcel

El Ministerio Público Fiscal Federal de Corrientes solicitó que se inicie una investigación para determinar la posible existencia de connivencias entre funcionarios del municipio de Ituzaingó con un hombre que regenteaba un prostíbulo y que fue condenado a ocho años de prisión por el delito de Trata de Personas.
Las averiguaciones tocan a Manuel Valdés, padre del actual gobernador Gustavo Valdés debido a que el burdel fue habilitado durante su gestión como intendente de la ciudad ubicada al Norte de la provincia de Corrientes, indicó el portal Novacorrientes.
El local era administrado por Enrique Ricardo Dell Ortto quien “obtuvo habilitación municipal del establecimiento ‘Eros’ en el rubro whiskería desde el 13 de junio de 2005, ubicado en calle Laprida y Santiago del Estero de la ciudad de Ituzaingó”, consta en la causa.
En esos días gobernaba la ciudad Manuel Valdés –actual presidente del Concejo Deliberante local- quien había sido reelecto en el cargo en 2009, pero el lugar continuó en funcionamiento hasta septiembre de 2016, cuando fue allanado y clausurado.
Durante todo ese tiempo asistían al prostíbulo los funcionarios municipales quienes además realizaban controles sanitarios a las mujeres explotadas sexualmente.
Durante el debate oral y público se conoció la declaración de una de las víctimas que había ratificado la existencia de aval institucional para que funcione el local quien aseguró también que “Ricardo tenia un ‘arreglo’ con los de la Municipalidad”.
La situación generaba una situación de vulnerabilidad de las víctimas, según destacaron los fiscales Carlos Schaefer y Gabriela López Breard quienes intervinieron en el juicio.
En los alegatos del Ministerio Público se que un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dio cuenta de esta situación de vulnerabilidad y explotación en que se encontraban las víctimas, ya que ninguna había finalizado el nivel educativo formal; transitaron situaciones de precariedad económica desde pequeñas; tuvieron experiencias laborales informales y precarias y contaban con niños a cargo.
Una de ellas, además, había inmigrado desde Paraguay. Los desplazamientos implicaban la necesidad de residir en el prostíbulo, por carecer de los medios económicos para costear otros alojamientos.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron hincapié en “la situación de asimetría de poder” observada en el proceso, “en virtud de los mensajes confusos y contradictorios que las mujeres reciben de instituciones y organismos oficiales”: es que manifestaron que personal municipal concurría con regularidad a los efectos de realizar controles en el lugar y de los estudios de laboratorio.
Resaltaron que esto “abona los sentimientos de indefensión, desprotección, desconfianza y arbitrariedad de la autoridad, generando la coexistencia de la clandestinidad del lugar con la legitimación de los controles del Estado”.
La Fiscalía había considerado que la conducta del imputado se encuentra agravada por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por su número y por haberse consumado la explotación, lo que así recogió el Tribunal.
Ante esto Schaefer y López Breard pidieron que se continúe investigando en la etapa de instrucción la comisión, o no, de delitos por parte de la municipalidad local.
En su sentencia, el Tribunal Oral Federal de Corrientes recogió los argumentos vertidos por fiscalía en su alegato y condenó a Enrique Ricardo Dell Ortto a la pena de 8 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por la cantidad de víctimas y por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, y dispuso el decomiso del inmueble donde funcionó el local.

La investigación
La causa comenzó en agosto de 2016, a raíz de un informe de la Unidad de Delitos complejos de la Policía Federal Argentina, que dio cuenta de la existencia de un local nocturno que funcionaba como cabaret bajo el nombre de fantasía “EROS”, a 500 metros de la Ruta Nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1254, en la localidad correntina de Ituzaingó.
De acuerdo a las medidas desplegadas, se determinó que allí trabajaban al menos cuatro mujeres, quienes efectuaban el “servicio” de acompañamiento a los clientes y recibían una comisión al consumir un trago de forma “compartida” -que no les era entregada a ellas, sino al hombre que regenteaba el lugar, de nombre “Ricardo”.
También ofrecían servicios sexuales, que eran abonados a la misma persona y generalmente concretados dentro del mismo inmueble, en habitaciones a las que se accedía por una puerta ubicada junto a la barra. El precio era de 400 pesos por “pase”, y ascendía a 1500 para realizarlo fuera del lugar.
En septiembre de ese año se realizó un allanamiento, ocasión en la que se secuestraron teléfonos celulares en la barra de bebidas, dinero en efectivo, 15 cajas de preservativos, casi 60 lubricantes, 14 análisis clínicos y 12 cuadernos con anotaciones sobre las consumiciones y pases.
Una de las víctimas contó que debían cumplir horarios, limpiar las habitaciones y que el ahora condenado guardaba la plata de lo que ganaban y se las daba al final de la noche.
La investigación arrojó que las mujeres se hacían análisis de sangre y vaginales -abonados por ellas mismas- y que el dueño iba a retirar los resultados y los presentaba en la municipalidad, por cuanto el lugar contaba con habilitación en el rubro “Whiskería”.



Quizás tambien le interese...

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE