Día Mundial del Medio Ambiente: Argentina y la Agenda 2030

Día Mundial del Medio Ambiente: Argentina y la Agenda 2030

La Asamblea General de la ONU aprobó a través de la Resolución Nº 70/1 de fecha 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se acuerda un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz universal y el acceso a la justicia.

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante ello, cada país enfrenta retos específicos en la búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años, al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.

Además de buscar poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Implementación en Argentina

Si bien cada uno de los 17 objetivos, las 169 metas y los más de 200 indicadores de los ODS parecen inabarcables, no hay nada que los Estados no se hayan comprometido a respetar, promover y proteger en cada Pacto, Convención o Tratados a los que adhieren. Especialmente nuestro país, que le otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, por los que periódicamente debemos dar cuenta de su cumplimiento.

Son los gobiernos los que tienen las mayores responsabilidades en la implementación de objetivos tan ambiciosos y Argentina ya ha iniciado su “Proceso de Adaptación de la Agenda 2030”, con la prioridad del combate al hambre, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

El Consejo Nacional de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación, es el organismo que tiene a su cargo la coordinación del proceso de adaptación y seguimiento de la Agenda 2030 en nuestro país. En una primera instancia, el Consejo estableció la priorización de los ODS en vinculación con los 8 grandes Objetivos y las 100 prioridades de gobierno expuestas en 2016.

Luego, en colaboración interministerial, se realizó el proceso de adaptación de las metas propuestas por Naciones Unidas y se sometió a consulta y revisión del INDEC y de los organismos competentes los indicadores propuestos para evaluar la implementación de esas metas.

Finalmente estos son los 8 Objetivos de Gobierno:

  1. Estabilidad macroeconómica II. Acuerdo productivo nacional III. Desarrollo de infraestructura IV. Desarrollo humano sustentable V. Combate al narcotráfico y mejora de la seguridad VI. Fortalecimiento institucional VII. Modernización del Estado VIII. Inserción inteligente al mundo

La dimensión de la Agenda 2030 exige de un sólido trabajo de articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Con ese propósito, el Consejo ha invitado a los gobiernos provinciales a adherir, a través de un convenio de cooperación, al cumplimiento de los ODS, en la actualidad, lo han suscripto las siguientes provincias: Jujuy ✓ La Rioja ✓ San Juan ✓ Mendoza ✓ Tucumán ✓ CABA ✓ Salta ✓ Tierra del Fuego ✓ Neuquén ✓ Santa Fe ✓ Corrientes  y Misiones.

En relación a los gobiernos municipales y a fin de brindar lineamientos y sugerencias metodológicas para la incorporación de los ODS se elaboró el Manual para la Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como herramienta de gestión y planificación a nivel local. El Manual intenta focalizarse en cuestiones tales como el fortalecimiento de las capacidades de gestión, las competencias jurisdiccionales y el análisis de las situaciones de contexto, como aspectos claves para la formulación y seguimiento de metas para los ODS a nivel local, presentando una serie de estrategias que pueden adaptarse a los contextos y las necesidades específicas de los diferentes municipios y ciudades con que cuenta nuestro país.

Entre los días 10 y 19 de julio de 2017 se realizó en la sede de las Naciones Unidas en New York el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable, con el propósito de evaluar el seguimiento de los compromisos asumidos por los países miembros con los ODS. En esa ocasión, nuestro país presentó oficialmente su Primer Informe Voluntario, elaborado con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina. Los otros países que expusieron sus revisiones nacionales voluntarias fueron: Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

El Informe de Argentina compendia los avances registrados en la implementación de la Agenda 2030; la adaptación de los ODS a nivel nacional, provincial y municipal; los aportes del sector empresarial, académico y de las organizaciones de la sociedad civil; y el rol del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Se incorpora, también, el listado oficial provisorio de ODS con sus metas adaptadas e indicadores según nivel de desarrollo, observándose las siguientes debilidades:

a.- Consolidación del monitoreo. Se requiere un seguimiento efectivo y transparente de los progresos que aporte a la toma de las decisiones sobre acciones e inversiones, los gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano nacional, regional y mundial, el seguimiento y análisis de los progresos relacionados con la implementación de la agenda y la rendición de cuentas a la sociedad.

b.- Reducción de inequidades y brechas no deseables. Alcanzar las metas en el nivel nacional requiere la alineación de los esfuerzos para la reducción de las inequidades y de las brechas no deseadas.

c.- Movilización de los medios de implementación. Se ha avanzado en la vinculación de prioridades nacionales, ODS y en el aseguramiento de los recursos presupuestarios e instrumentos legales para progresar en el alcance de las metas, pero esto debe afianzarse con mecanismos de rendición de cuentas.

d.- Articulación del trabajo con otros poderes. Con los gobiernos provinciales y municipales, con el sector empresarial, la sociedad civil y el sector académico. Si bien se generaron espacios y mecanismos de participación, no solo como forma de fortalecer los derechos de las personas sino también para fomentar y facilitar alianzas, estos aun son insuficientes.

En este marco es importante señalar que el rol de los parlamentos se torna fundamental y estratégico para el desarrollo de los objetivos, dado que necesariamente implican para su instrumentación acuerdos políticos sólidos (consensuados) que garanticen la continuidad y subsistencia de planes y programas que los visualizan y concretan.

En este sentido la Agenda, en su inciso 45, destaca el rol de los Parlamentos nacionales, no sólo en la promulgación de las leyes para lograr los Objetivos y las Metas de Desarrollo Sostenible sino por su responsabilidad en garantizar la rendición de cuentas de su implementación y sus resultados “(…) los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con las autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones internacionales, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos de voluntarios y otras instancias”.

En el documento “Los Parlamentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Una herramienta de autoevaluación”, el PNUD y la Unión Interparlamentaria sintetizaron cuatro funciones parlamentarias relevantes:

1.- Elaboración de leyes. Es fundamental velar por que el entorno sea favorable a los pobres, tenga en cuenta las cuestiones de género y facilite que se base en los derechos humanos. Para asegurar la apropiación nacional de los ODS, es necesario además disponer de una legislación que promueva la rendición de cuentas del sector público, una toma de decisiones participativa y la inclusividad.

2.- Presupuestación. Durante el proceso de aprobación de presupuestos, los parlamentos deben involucrarse en la forma en que los fondos gubernamentales se asignan a los ODS definidos en el ámbito nacional, en particular en si los fondos adecuados están llegando a los más vulnerables y excluidos; como también velar porque las políticas fiscales y económicas establecidas en el proceso de presupuestación se encuentren en consonancia con el plan nacional para los ODS.

3.- Vigilancia. Los resultados de la supervisión son un elemento crítico de la ejecución de los ODS, los parlamentos deben asegurarse de que se realiza un seguimiento de esta ejecución. Los mecanismos de vigilancia parlamentaria (las preguntas escritas al gobierno y las audiencias de los comités parlamentarios) pueden ser muy eficaces a la hora de identificar los obstáculos o evaluar los progresos realizados.

4.- Representación. Con el fin de garantizar una apropiación nacional significativa de los ODS, se debería involucrar a todos los ciudadanos y las partes interesadas en el establecimiento de las políticas y las prioridades. Las consultas con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones académicas, con el sector privado y con otros agentes pueden servir de ayuda para identificar estas preocupaciones.

Por su parte el Poder Judicial tiene como tarea:

a.- Hacer propia la Agenda 2030 y las metas que adopte Argentina.

b.- Fortalecer las acciones tendientes a impulsar la participación ciudadana, la mejora al acceso a la información y a la justicia misma, el uso de mecanismos alternos, una justicia más humanizada y un papel protagónico del sistema de justicia para el cumplimiento de todos los ODS.

Implementación en los gobiernos locales

En el marco de la actividad del Consejo, éste brinda asistencia técnica y capacitación a los gobiernos provinciales en todas las etapas del proceso de adaptación de las metas de los ODS a la gestión gubernamental.

Etapa 1: Institutionalizacion

Esta etapa comprende la firma de un convenio de cooperación entre el Poder Ejecutivo provincial y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la designación del organismo provincial que actuará como contraparte del CNCPS e impulsará el proceso de adaptación en la provincia.

Etapa 2: Sensibilización

Esta etapa supone la presentación de la Agenda 2030 al gabinete provincial y al conjunto de la sociedad y la sensibilización acerca de la importancia del logro de los ODS.

Etapa 3: Definición de las metas provinciales de ODS

Esta etapa incluye la correlación de las metas del Plan Estratégico Provincial con los ODS, la elaboración de un diagnóstico de situación de la información disponible acerca de indicadores de metas correlacionadas, la definición de las metas que el gobierno provincial se compromete a realizar y los respectivos indicadores factibles para su seguimiento. También la definición de la línea de base a partir de la cual se medirán las metas.

Etapa 4: La incorporación de las metas de ODS a la gestión de gobierno

Las metas provinciales de los ODS requieren, por último, de la conformidad por parte de la máxima autoridad provincial y de su incorporación en la planificación estratégica de gobierno.

A pesar de las dificultades económicas, sociales y políticas que muchas veces han postergado a nuestro país, es justo reconocer que Argentina lentamente avanza hacia el cumplimiento de los ODS.

 

 

 

(*) Abogada

Fundación Cambium

Fuentes consultada:

Informe ONU Argentina y la Agenda 2030, 2017

Observatorio de derechos humanos de la Nación, ODS el rol del Congreso

Estado de avance de la Implementación de la Agenda 2030 en Argentina CNCPS, 2017



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