Kosaka Kumiko, de 60 años, es la sexta persona detenida por el escándalo de abuso sexual de niños sordos en el instituto religioso Antonio Próvolo de Mendoza
La religiosa se entregó en una comisaría de Buenos Aires y tras el contacto de la justicia bonaerense con la mendocina, se determinó el traslado, el cual fue realizado el jueves por la Policía Federal. No bien arribó a tierra cuyana, pasadas las 6, Kumiko fue alojada en la sede de la fuerza nacional, en la calle Perú de la capital provincial, para luego ser llevada a los tribunales provinciales, donde se la notificará de la imputación en su contra: abuso sexual agravado y corrupción de menores. La misma calificación rige para los otros cinco acusados, quienes se encuentran detenidos en el penal provincial de Boulgone Sur Mer, a excepción del cura Nicola Corradi, quien goza del beneficio de prisión domiciliaria por su estado de salud y edad avanzada.
Kumiko ha sido señalada por jóvenes hipoacúsicas no sólo de haber presenciado los vejámenes sino de haber sido parte activa de los ataques sexuales. La religiosa trabajó durante años en la llamada «Casita de Dios» mendocina como guía de las nenas que se quedaban a dormir en el albergue de Luján de Cuyo.
Los pesquisas iniciaron la búsqueda de la mujer luego de que una chica de 17 años fuera la primera en involucrarla en los abusos. La joven aseguró que, a los cinco años, luego de ser retirada del aula y sometida sexualmente en una habitación por uno de los sacerdotes, fue asistida por la religiosa quien le colocó un apósito o pañal por el sangrado que presentaba, lo que le impedía sentarse en la clase.
Luego llegaron más voces en contra de la monja, a quien señalaron como participante activa de los abusos, además de ser señalada como la «entregadora» de los niños sordos más vulnerables.
Además de Kumiko y Corradi, están detenidos Horacio Corbacho, de 50 años, así como uno de los empleados, José Luis Ojeda, también sordomudo; el monaguillo Jorge Bordón, de 55 años, y el jardinero del instituto, Armando Gómez, de 46. En las últimas semanas, tras las nuevas declaraciones de víctimas, trascendió que tres personas adultas más participaron de los vejámenes, aunque no se ha podido identificarlas.
Los acusados, que se encuentran con prisión preventiva por al menos seis meses, podrían recibir 50 años de cárcel por la cantidad de hechos en los que se los involucra, que llegaría a 27.
(La Nación)
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