Javier Milei asumió de espaldas al Congreso y ahora gobierna con la misma postura. Cita a Alberdi pero los más renombrados constitucionalistas condenan su accionar. Sin abrir la posibilidad de debate, impuso al país un decreto que deroga o modifica más de 300 leyes o artículos de leyes vigentes. Tarifazos, suba desmedida de precios y desprotección del ciudadano frente a las grandes empresas son algunos de los efectos. También incluye cambios que la sociedad venía reclamando, pero todo viene a libro cerrado, sin la posibilidad de separar la paja del trigo.
Así en la política como en la guerra, la soberbia es uno de los peores pecados que un líder puede cometer. No tanto por las consideraciones morales que puedan ensayarse en contra de este defecto tan desagradable, sino porque conduce a sobreestimar las fuerzas y virtudes propias y a menospreciar a todos los demás, condición bajo la cual cualquier estrategia está condenada al fracaso.
La soberbia fue en buena medida lo que llevó a que una figura como Cristina Kirchner, que supo alcanzar altos niveles de popularidad, terminara recibiendo rechazos incluso de personas o sectores enteros que se beneficiaron directamente durante sus gobiernos.
Pero en Javier Milei la soberbia está presente en niveles nunca vistos en la política argentina. Al punto de que se declara un representante de las fuerzas del cielo, mesianismo explícito reservado únicamente para líderes ultrapopulistas como Nicolás Maduro que habla con pajaritos que lo conectan con el más allá.
El manual del líder populista recomienda construir relatos que lo presenten como un representante del bien que viene a liderar una batalla contra todo lo que está mal en el mundo, pero el problema con el nuevo presidente es que él mismo parece haber comprado su relato y ahora gobierna en consecuencia.
Como se cree el representante de las fuerzas del cielo, estima que no necesita el aval ni el acompañamiento de nadie para hacer lo que se le ocurra.
Es un tipo de liderazgo que se lleva a las trompadas con las instituciones de la República y de la Democracia, sistemas diseñados para que haya un equilibrio de poderes que impida que uno de ellos adopte medidas de fondo sin contar con algún grado de acuerdo de los demás.
A Milei nada de eso parece importarle, está convencido de que haber ganado una elección en balotaje lo habilita para modificar de cabo a rabo el andamiaje legal que regula todo tipo de actividades y relaciones sin más aval que su firma y la de sus ministros.
El libertario asumió de espaldas al Congreso y ahora pretende gobernar de espaldas a ese poder.
Tanto es así que presentó un decreto de necesidad y urgencia que deroga o modifica más de 300 leyes o artículos de leyes vigentes.
Solo habilitará al Congreso a intervenir en el debate cuando haya que tratar proyectos en materias en las que la Constitución lo inhibe expresamente de legislar vía decreto, como la cuestión impositiva. Ya convocó a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley que enviará y que incluirá entre otros puntos, la reposición del impuesto a las ganancias para los trabajadores y un blanqueo de capitales para los evasores, pero no incluyó en el temario el DNU publicado en el Boletín Oficial el miércoles.
Decretazo
Analizar en forma pormenorizada los alcances del DNU publicado el miércoles es un objetivo que excede las modestas ambiciones de este envío (en Misiones Online el lector interesado encontrará muchísimo material que sí responde a esa consigna) nos limitaremos a señalar que se trata de un paquete cerrado que apunta a una desregulación total de la economía y que mezcla reformas respecto de las cuales hay un consenso favorable bastante generalizado, con otras cuya necesidad no está del todo clara y algunas que pretenden romper lo que funciona bien.
El combo de desregulación y ajuste golpeó en Misiones de manera particular a dos grupos que votaron en buena cantidad al libertario: productores yerbateros y docentes. Los cultivadores de yerba mate fueron afectados de manera directa por la modificación de la ley del INYM que quitó al instituto sus facultades para definir precios de la materia prima y para regular el mercado y los docentes están en vilo ante la posible eliminación del FONID que se financia con fondos nacionales.
Teniendo en cuenta que muchas de las regulaciones que el DNU dejará sin efecto fueron establecidas para defender el bolsillo de la gente, el impacto inmediato para la población será un incremento notorio en precios y tarifas.
La “mesa de los argentinos” ya no estará protegida regulaciones a las exportaciones, lo que determinará que productos esenciales que se producen dentro del país, como la carne y el trigo, se paguen en el mercado interno al mismo precio que se paga en los países que deben importarlos.
Las tarifas de la energía, el transporte y la medicina prepaga se elevarán hasta el monto que se les ocurra a los prestatarios de esos servicios, lo mismo que las tasas que los bancos cobran a los comercios por el uso de tarjetas de crédito y los punitorios que imponen a sus clientes morosos.
Lo que se propone como ajuste y desregulación no es otra cosa que una transferencia descomunal de recursos que beneficia a las grandes empresas en detrimento de todos los demás. Nada que no se haya visto antes en Argentina, desde Krieger Vasena hasta Cavallo, pasando por Martínez de Hoz, Celestino Rodrigo y Roberto Alemann.
Fiel a su creencia libertaria, Milei predica que la mano invisible del mercado hará lo suyo para limitar las ambiciones de lucro de los empresarios. Respecto a ese punto, incluso analistas de raigambre liberal plantearon serios reparos.
Uno de ellos fue el analista financiero Christian Buteler, quien exhibió en sus redes sociales las comunicaciones enviadas a sus clientes por dos prepagas que informaron un incremento tarifario idéntico, del orden del 40%. “Creo en el libre mercado y la competencia entre privados. Y creo que acá no hay ni libre mercado y menos competencia”, señaló el analista a modo de conclusión.
La que hace Buteler (un financista que comulga con lo más ortodoxo del liberalismo) no es una crítica menor a la desregulación masiva de Milei, porque hace foco en una cuestión básica que el DNU pasa por alto: la mano invisible del mercado no se mete cuando las condiciones de libre competencia no están presentes.
Dicho de otro modo, si se desregulan mercados que están dominados por pocos jugadores, el resultado más probable es la cartelización. Es decir que esos pocos jugadores, en vez de competir para ofrecer mejores productos o servicios a los precios más bajos que le resulte posible para así ganar mercado, se pondrán de acuerdo para inflar sus precios sin hacer nada por mejorar la calidad.
Puede ocurrir en servicios públicos, en los que las prestatarias usualmente tienen el monopolio o lo dividen con otras pocas empresas. Pero también en sectores como el de la yerba mate, en el que conviven un puñado de molinos grandes con unos 15 mil productores, la mayoría de ellos pequeños, o la forestoindustria, especialmente en lo que respecta a la comercialización de raleo que en Misiones está prácticamente monopolizado por la multinacional Arauco.
Inconstitucionalidad manifiesta
Hasta ahora ningún constitucionalista habló a favor del DNU en lo que respecta a su apego a lo que manda la Constitución. Daniel Sabsay, por citar a quien se considera una de las voces más autorizadas en la materia, advirtió que el presidente “no puede dictar disposiciones de carácter legislativo salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes”.
“Si uno observa el marco del DNU no cierra por ningún lado. Además, han irrumpido en cuestiones materia fiscal como el Código Aduanero. Dicen que es procedimental, pero un código es un todo, no se lo puede despiezar para hacer lo que yo quiero porque lo destrozo. Entonces. En este marco yo digo que es lamentable”, dijo.
Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y profesor en distintas universidades de Argentina y España, fue más allá de la opinión y elevó una acción declarativa de inconstitucionalidad con solicitud de una medida cautelar reclamando que se declare la nulidad del DNU por considerar que viola la división de poderes.
“Cuando a través de los DNUs se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa entonces mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público se intenta obtener la suma del poder… Cuando a través de los DNUs se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa entonces mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público se intenta obtener la suma del poder prohibida por la CA en el art. 29 y considerada traición a la patria”, señaló en parte de un extenso hilo en la red X.
Su solicitud recayó en manos de Pablo Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo Federal.
El Estado constitucional y convencional de derecho argentino se basa en la división de poderes que es uno de los elementos de la República como forma de gobierno según lo establece el art. 1 de la Constitución.
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) December 21, 2023
La presentación de Gil Domínguez se suma a otras como la que hizo la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros actores anticiparon que también judicializarían el DNU de Milei.
Sin embargo, nadie tiene muchas expectativas respecto a que la justicia vaya a ponerle coto al intento de Milei de usurpar atribuciones del Congreso, porque la tradición indica que, en materia de conflicto de poderes, la Corte Suprema más que justicia, hace política y lo más probable es que se guarde el fallo como elemento para presionar al Gobierno.
¿Osadía o error de cálculo?
En el plano político, Milei eligió el camino más ambicioso y el más conflictivo para impulsar las reformas que pretende introducir. Desde todas las fuerzas políticas intentaron convencerlo de adoptar un enfoque más mesurado y dialoguista, pero el libertario confía que podrá imponer su voluntad, aunque no tenga mayoría en ninguna de las cámaras.
En vez de emitir un solo decreto que derogue o modifique 300 artículos de leyes vigentes, podría haber avanzado primero en las reformas respecto de las cuales hay mayor consenso para luego avanzar progresivamente en las demás.
Así se hubiera garantizado aplicar reformas con respaldo del Legislativo y sin riesgo de que luego se las tumbe la justicia o de sentar un precedente para que un eventual próximo gobierno de distinto signo político anule todo lo hecho con un nuevo decreto.
Al meter todo en un solo DNU no les está haciendo fácil la tarea a los legisladores no libertarios que se habían propuesto aportar gobernabilidad al nuevo presidente y que estarían dispuestos a acompañar muchas de las medidas que impulsa el decreto, pero que rechazan otras tantas.
En definitiva, una cosa es garantizar gobernabilidad y otra muy distinta es avalar un eventual fujimorazo que relega al poder Legislativo al rol de mero testigo de la realidad.
Legisladores que se pusieron del lado de la “oposición constructiva” como Miguel Pichetto o Martín Tetaz, ahora se pararon en la vereda de enfrente de Milei. El primero consideró que no están justificadas “ni la necesidad ni la urgencia” para que defina por vía de decreto lo que debería ser tratado por el Congreso, mientras que el economista de Juntos por el Cambio advirtió que “decreto no deroga ley”.
También se manifestaron en contra del decretazo desde la Coalición Cívica, amplios sectores del radicalismo y, lo que resulta más previsible, el bloque de UP.
Si bien resulta difícil anticipar cómo será la votación, porque las cámaras tienen conformaciones recientes y hay bloques que no responden orgánicamente a ningún armado nacional, Milei se enfrenta a la posibilidad cierta de iniciar su mandato con una derrota legislativa que lo obligaría a barajar y dar de nuevo.
El manejo de los tiempos juega un rol preponderante. Porque es altamente probable que la popularidad del nuevo gobierno decline con el correr de las semanas, conforme los efectos del ajuste y de la desregulación se sientan en los enflaquecidos bolsillos del soberano.
El Ejecutivo tiene hasta el 8 de enero para comunicar el DNU al Congreso, luego la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene 10 días hábiles desde el ingreso del decreto al Parlamento para someter el texto a tratamiento y debate de los legisladores.
“Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, sostiene la Ley 26.122.
El tratamiento legislativo no tiene facultades para opinar respecto a las medidas concretas que propone el decreto sino que debe limitarse a evaluar si es válido en los términos que estipulan la ley y la Constitución, por eso no puede hacer modificaciones o enmiendas.
Bastará con que una sola de las cámaras considere que el DNU es válido para que quede firme.
Existe también la posibilidad de que las Cámaras hagan la vista gorda y no traten el decreto, con lo cual también quedará firme cumplidos los plazos.
Sería un escándalo desde el punto de vista institucional, pero les resolvería el dilema a muchos legisladores y gobernadores que no quieren ponerse en contra de un gobierno nacional que acaba de asumir pero que tampoco están dispuestos a avalar un mamarracho jurídico que además tendrá un altísimo impacto en el bolsillo de la gente.
Desde la misma noche en que se publicó el DNU en el Boletín Oficial, se multiplican protestas impulsadas por autoconvocados que se expresan con el formato del cacerolazo, pero hasta ahora no se registraron manifestaciones multitudinarias. Eso podría cambiar el próximo miércoles, fecha para la que está prevista una presentación judicial a cargo de la CGT que será acompañada con movilización.
“Va a ser difícil que vayamos por la vereda”, anticipó el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, en claro desafío al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
Mate amargo
Los sectores de todo el arco productivo, pero principalmente de la yerba, el tabaco y la foresto industria, empiezan a mostrar su desazón con el presidente al que muchos de ellos votaron.
Los que esperaban una baja de los impositiva se golpearon la frente con el impuestazo que significó la reposición de las retenciones a las economías regionales y con una alícuota récord: 15%. La vuelta del cobro de ganancias a los trabajadores no está en el DNU, pero si estará en el proyecto de ley que se presentará esta semana.
Los tabacaleros temen, con justa razón, que el nuevo gobierno meta mano en los fondos del FET, que siempre fueron del productor y que ahora podrían no serlo.
Los yerbateros no alcanzaron a celebrar que se habían quedado afuera de las retenciones cuando el decretazo de Milei los sorprendió con la virtual desaparición del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que perdió sus facultades principales: fijar precios para la materia prima y disponer medidas tendientes a regular la oferta de hoja verde en el mercado.
Quedaron a la buena de una molinería que suele ser abusiva y están a las puertas de repetir la crisis que en los noventa llevó a la quiebra a miles de productores y desembocó en el más famoso de los tractorazos.
A los comerciantes la desregulación los dejó expuestos a pagar las tasas que se les ocurra a los bancos por el uso de tarjetas de crédito y vieron como las modificaciones en la política cambiaria alejaron a los compradores de Paraguay y de Brasil.
Hasta el más libertario de los comerciantes hoy le prende velas a Aldolfo Safrán para que el Gobierno provincial mantenga vigente los programas Ahora Misiones, que se convirtieron en el mayor sostén de las ventas.
Para el ciudadano de a pie, la desregulación se traducirá en sucesivos aumentos del transporte urbano y de media distancia y de la tarifa de energía.
El gobierno provincial reaccionó ante lo que consideró un avasallamiento defendiendo a los ciudadanos con dos medidas concretas: la propuesta de Rovira para crear un Instituto Misionero de la Yerba Mate, que regule la calidad y el precio, defendiendo a los pequeños del abuso de los grandes y frenando que se repita la crisis de los 90 y con otra reacción en la justicia protagonizada por el gobernador Hugo Passalacqua quien anunció que presentará una cautelar en la Corte para frenar la desregulación.
La diferencia no solo se observa en estas acciones, sino que viene de raíz. La renovación tomó una provincia devastada y endeudada, con su capital malvendido y privatizado. En silencio y con años de trabajo se fue pagando una deuda que estaba en dólares, se consiguió equilibrio fiscal sin endeudarse y sin hacer pagar el ajuste a la gente, como lo está haciendo ahora el gobierno libertario de Milei.
Sumado a eso, Misiones mantuvo un montón de soluciones como salud de calidad, seguridad, educación de vanguardia, obras públicas y crecimiento económico en todos los rubros. Es un modelo que la Nación debería imitar en lugar de lanzar una nube oscura sobre el futuro del país.
