Se cumplen tres años de la muerte de Diego Maradona: así se prepara el juicio por el homicidio del ídolo

Los acusados como el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión.

En los tribunales de San Isidro hay varias preguntas que empieza a tomar fuerza en torno a lo que será el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, calificada como un homicidio simple con dolo eventual.

Los tres principales imputados son Leopoldo Luque (médico de cabecera), Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Diaz (psicólogo). Los tres formaban parte del cuerpo médico que trataba a Maradona y están acusados de no hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar que Diego muriera. Para los investigadores, los tres “omitieron asistir adecuadamente a Diego Armando Maradona, accionar con el cual, en definitiva, impidieron que recibiera la debida atención médica que hubiese evitado el deceso, particularmente la referida al campo cardiológico”, según documentos de la causa. Además agregaron que “libraron al paciente a su suerte”.

 

Leopoldo Luque (médico de cabecera) y Agustina Cosachov (psiquiatra), imputados por la muerte de Diego Maradona.

Junto con ellos están acusados también los profesionales que actuaron, directamente, sobre la deficitaria internación domiciliaria a la que estuvo sometido el ex capitán de la Selección, en una casa de Tigre, entre los días 11 y 25 de noviembre: los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, junto a su jefe Mariano Perroni; la representante de la empresa de medicina prepaga Nancy Edith Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Todos ellos enfrentan la acusación por homicidio simple con dolo eventual, lo que conlleva penas de 8 a 25 años de cárcel.

Tal vez te interese leer: Los hijos de Diego Maradona se reunieron en el día de su cumpleaños y anunciaron la construcción de un Memorial

En el requerimiento de elevación a juicio oral, los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra consideraron que “la prueba conducía, inicialmente, a mostrar la responsabilidad de los doctores Luque y Cosachov, con injerencia directa en el resultado muerte, permitieron dar andamiaje a otras pruebas. Eso condujo a detectar la responsabilidad de Díaz como integrante del cuerpo médico tratante, de los responsables de las empresas que coordinaron la fallida internación domiciliaria (Forlini y Perroni), de los enfermos presentes en el momento más crítico (Almirón y Madrid) y del médico clínico designado para esa temeraria internación domiciliaria (Di Spagna)”.

Así, con la elevación a juicio confirmada, a principios de noviembre se sorteó al tribunal que llevará adelante el juicio oral. Se trata del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. La determinación del azar planteó un problema, ya que ese TOC tiene una silla vacante. Solamente están designados los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino. La silla vacante debió ser sorteada a mitad de esta semana y se conoció que la tercera jueza será Julieta Makintach, hija de un histórico magistrado de la zona como Juan Makintach.

Con el tribunal conformado en su totalidad, comenzó el armado del juicio. En cuanto a la fecha, todavía no fue fijada pero todo hace indicar que se desarrollará durante la segunda mitad del 2024. Estimaciones de personas que conocen al detalle la causa, hablan de, por lo menos, 4 meses de debate oral.

¿Dónde se realizará el juicio? Este es, quizás, el punto más controversial, por la cantidad de gente que se acercará a la zona y el inmenso número de periodistas que buscará acreditarse. En estas semanas se analizarán distintas opciones, pero, por el momento, la que crece con más fuerza es que se haga en los mismos tribunales de San Isidro, donde se utlizarían, por lo menos, dos salas: una en la que se desarrolle el juicio y otra en la que puedan estar periodistas acreditados y público.

Otra posibilidad es que el debate oral se traslade fuera de tribunales, a un lugar más grande y confortable.

“Entre acusados, abogados, fiscales, jueces y secretarios tenemos, por lo menos, 40 personas. Eso sin contar público, familiares ni periodistas. Va a ser imposible encontrar un lugar adecuado para tanta gente pero se está tratando de encontrar la opción que sea más cómoda para todos”, explicó una fuente judicial.

Los ocho acusados, de la mano de sus letrados defensores, plantearon múltiples recursos que dilataron la elevación a juicio.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas