La ley que establece un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y productos derivados para su uso industrial y/o medicinal, presentada semanas atrás por el Ejecutivo y aprobada por el Senado el jueves pasado, activa a cinco directores que tendrán el jugoso rango y jerarquía de secretarios de Estado.
Según un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de personal superará a la inversión para 2022: $91,8 millones para el primer caso; $80 millones, para el segundo. Incluso, el último gasto se dividirá por dos para el año próximo y 2023. Son especificaciones que dio el Ministerio de Producción, que comanda el kirchnerista Matías Kulfas, que será el órgano rector en caso de contar con una ley de cannabis industrial.
El texto debatido en la Cámara alta recibió retoques durante su discusión en comisiones y en el recinto. Sin embargo, la columna vertebral de la iniciativa quedó en pie y la cartera que maneja Kulfas señaló a la OPC que la estructura de la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) contaría, en principio, con una dotación de 28 personas para el año próximo.
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Para su sostenibilidad -término que acuñó el Frente de Todos para hablar de deuda-, la Agencia percibiría ingresos mediante la percepción de la tasa de control y fiscalización, y mediante el cobro de las multas que correspondan ante incumplimientos. No obstante, el Ministerio de Producción aclaró que, en base a las experiencias de Uruguay y Colombia, la puesta en marcha de la Ariccame, junto con un sistema de trazabilidad y de todo aquello vinculado con las licencias y/o autorizaciones demora más de un año. Por esta razón, no se prevén ingresos durante el primer año de operación de la Agencia.
Las autoridades superiores incluyen un gerente general para la administración ejecutiva. La OPC manifestó en este caso que “si bien el proyecto no lo especifica, se proyecta que tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado”. También aparecen seis responsables de distintas áreas operativas con rango y jerarquía equivalente a director nacional/general: Legal, Adminitrativo-Contable, Recursos Humanos, Estrategia de Desarrollo, Sistemas, y Comunicación.
El resto del personal técnico y administrativo será gradual, en paralelo al desarrollo de la actividad. Para el primer año seis profesionales de diferentes áreas, tres empleados administrativos y seis técnicos sectoriales. Al exponer en el Senado, Kulfas auguró 10.000 puestos de trabajo. Los primeros 28 ya se conocen pese a que los recursos “genuinos” para su “sostenibilidad” aparecerán, en el mejor de los casos, durante los primeros meses de 2023.
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