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Análisis semanal: Espionaje, expropiación y grieta marcan el pulso nacional mientras Misiones respalda con inversión su compromiso con la salud

Lo que quedaba de amistoso en la relación entre el oficialismo nacional y la oposición terminó de romperse a partir del avance del Gobierno en varias cuestiones que afectan a Juntos por el Cambio y más directamente a Mauricio Macri. La causa bautizada “Espionaje M” resultó particularmente incómoda para el expresidente porque no solo puso en tela de juicio su declamado respeto por las instituciones y la república, sino que también abrió heridas dentro de su propia tropa ya que entre los espiados se cuentan los principales dirigentes del Juntos por el Cambio.

 

El propio Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se presentó como querellante en la causa que investiga si la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) montó una red de espionaje durante el gobierno de su jefe político, Mauricio Macri, que está imputado en la causa.

 

Otro de los procesos que impulsa el actual Gobierno y salpica al expresidente busca investigar el esquema de endeudamiento y cesación de pagos que llevaron a Vicentin a su situación actual. El anuncio de expropiación resultó un golpe todavía más difícil de digerir para el macrismo porque, de concretarse, sacaría del negocio de la exportación de soja y sus derivados a un grupo empresario muy cercano a esa fuerza política, al punto que fue el más generoso aportante a campaña por la reelección de Macri y también el principal destinatario de créditos del Banco Nación durante el Gobierno anterior.

 

La tensión se trasladó a las distintos escenarios de la política, lo que provocó la fractura del endeble acuerdo parlamentario entras los dos principales bloques y un incremento en las rispideces entre los Gobierno de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

 

La posibilidad de avanzar en leyes consensuadas se esfumó. Por segunda sesión consecutiva el bloque de Juntos por el Cambio se retiró de la sesión y obligó al oficialismo a votar en soledad proyectos que podrían haberse aprobado por unanimidad como la Ley de Alquileres. El Frente de Todos dejó en claro que no dudará en aprovechar el quórum propio y la mayoría para sancionar las leyes que necesite, pero Juntos por el Cambio se muestra dispuesto a trabar todas las votaciones en las que resulten necesarios los dos tercios, como la designación del Procurador General de la Nación, puesto que el Gobierno quiere para Daniel Rafecas.

 

En ese clima de abierta confrontación, el Senado recibirá el jueves la primera visita del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

 

La relación entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires es otro de los escenarios centrales en los que se dirime la puja de poder entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Desde la gestión que encabeza Axel Kicillof achacan a la gestión de Rodríguez Larreta una supuesta falta de interés por controlar la circulación de personas y por contener al coronavirus en los barrios carenciados de los márgenes de la ciudad y aseguran que el riesgo de contagio se traslada a la provincia.

 

Quien viene cobrando protagonismo en esa disputa es el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que se muestra a diario supervisando operativos de control de circulación de personas y no duda en subir el tono a la hora de declarar.  “Se terminó la solidaridad entre la provincia y Buenos Aires”, determinó frente a las cámaras en uno de esos operativos.

 

De armas tomar, el ministro bonaerense –a quien muchos ven como la antítesis de quien ocupa la misma cartera a escala nacional, la antropóloga Sabina Frederic- no duda incluso en cargar contra el gobierno nacional, al que acusa abiertamente de no hacer lo suficiente para combatir a la inseguridad. Sus declaraciones dejaron una sensación de inquietud. ¿Habló por cuenta propia o fue un mensaje del kirchnerismo duro para marcarle la cancha a Alberto?

 

Ascenso, caída y expropiación

 

La de Vincentin es la enésima historia en Argentina de empresarios que hacen mucho dinero dejando a sus empresas al borde de la quiebra y a un tendal de acreedores con muy pocas chances de cobro. Como siempre el Estado aparece entre los más severamente perjudicados.

 

La compañía santafesina fue una de las que más creció durante el período de gobierno de Macri, pasó del puesto 19 entre las empresas de mayor facturación del país en 2015 al puesto 6 en 2018, pero a pocos días de la asunción de Alberto Fernández se declaró en cesación de pagos. La deuda reconocida por Vicentin en la convocatoria a acreedores alcanzó los 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento. El 30% es con la banca pública y dentro de esa parte el 80% corresponde al Banco Nación.

 

Frente a esa situación el Gobierno nacional avanzó en dos sentidos, por un lado impulsó investigaciones para determinar por qué una empresa que creció tanto y recibió tanto respaldo crediticio terminó repentinamente al borde de la quiebra y por otro lado evaluó alternativas para evitar el cierre de una empresa que es un eslabón importante para la agroindustria argentina.

 

El primero de los caminos llevó a que la Unidad de Información Financiera (UIF) acusara ayer a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior. Involucró en las supuestas maniobras a Mauricio Macri, a los dueños de la cerealera y a los expresidentes del Banco Central, Guido Sandleris y del Banco Nación, Javier González Fraga.

 

Por ese motivo, la UIF le reclamó al fiscal Pollicita y al juez Julián Ercolini que se “ordene la inhibición general de bienes respecto de Macri, González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli”, y que se “proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes”.

 

Pero ante el hecho consumado, el Gobierno debe resolver qué hacer con la empresa. Podría correrse a un costado y dejar que avance el procedimiento iniciado con el default, pero eso podría terminar en vaciamiento y quiebra de una firma vital para el aparato productivo o podría intervenir de alguna manera para rescatar a la compañía, lo que implicaría un nuevo caso de estatización de deuda privada.

 

El Gobierno optó por intervenir bajo la figura más extrema, la expropiación. Para iniciar el proceso el presidente firmó un decreto mediante el cual intervino por 60 días el grupo Vicentin y anticipó que mandaría un proyecto de ley que deberá justificar la expropiación bajo causa de utilidad pública.

 

El hecho de que esté en vigencia un concurso de acreedores habilitado por la justicia que se superpondría a la posible expropiación podría activar un planteo de conflicto de poderes que sembraría más dudas respecto al futuro de la firma.

 

Desde el Gobierno argumentan que resulta necesario garantizar la continuidad de la empresa de la que dependen muchos productores, que para ello resulta necesaria la asistencia del Estado y que no resultaría razonable que esa ayuda cayera en las mismas manos responsables por la debacle de la aceitera.

 

El anuncio de expropiación generó una cerrada resistencia del sector agroindustrial de la Pampa Húmeda, grupo que no se caracteriza por su simpatía con el kirchnerismo y cualquier cosa que se le parezca. Atendiendo a los antecedentes, el rescate a Vicentin podría encender la mecha de un nuevo conflicto con “el campo”, amenaza que el Gobierno podría conjurar si la administración de la empresa ya en manos del Estado, mostrara buena voluntad de pago de la deuda de 90 millones de dólares que mantiene con productores.

 

Nueva postergación

 

La renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera se extendió una semana más y fuentes del ministerio de Economía dejaron trascender que están muy cerca de llegar a un acuerdo con dos de los tres grupos mayoritarios de bonistas. Hasta el viernes, el Gobierno tiene plazo pedir otra postergación o presentar una nueva oferta que el propio presidente Alberto Fernández anticipó que será más favorable a los intereses de los acreedores.

 

La propuesta que prepara el ministro superaría los 50 dólares a valor presente por cada cien de valor nominal, más un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias y un pago de 500 millones de dólares el próximo año.

 

Salvo una nueva postergación, el anuncio de resultados será el 22 de junio y la fecha de ejecución será el 25 del mismo mes.

 

Desde el Ministerio de Economía indicaron  que “la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los cobros”.

 

Tras el anuncio de la prórroga, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street rebotaron hasta 8% luego de haber bajado hasta 13% el jueves.

 

Un salvavidas para la salud privada

 

En los últimos 15 años Misiones se ganó reconocimiento nacional por ser una provincia que se las arregla para invertir mucho en salud a pesar de la severa limitación económica que implica la mezquina coparticipación que recibe. Volvió a dar muestras de ello esta semana al inaugurar un nuevo hospital en Santo Pipó y anunciar una ayuda de 500 millones de pesos para médicos y clínicas del sector privado que prestan servicios al IPS, que gracias a ello podrán sostener un nivel similar de ingresos al que tenían antes de la pandemia.

 

La llegada del coronavirus provocó un severo impacto económico en la salud privada porque por prevención de posibles contagios, se redujo significativamente la cantidad de consultas médicas.

 

Para reducir el impacto de esta merma de actividad en los bolsillos de los profesionales, la Provincia garantizará un ingreso mínimo. A los 543 médicos de cabecera que prestan servicio al IPS se les abonará un mínimo de 100 consultas mensuales correspondientes a abril y mayo, número muy superior a la cantidad de pacientes que efectivamente atendieron.

 

A los especialistas de la misma obra social se les reconocerán de abril a junio un cantidad de prestaciones equivalente a las concretadas en febrero, último mes de actividad normal, salvo a quien hubiera realizado mayor cantidad de servicios en alguno de esos meses que recibirá  más dinero.

 

Este grupo de médicos ya cobró por las prestaciones realizadas en febrero y la semana que viene cobrará por el trabajo correspondiente a marzo, tomando febrero como piso. En julio cobrarán abril y junio, siempre tomando como mínimo los ingresos de febrero.

 

El mismo concepto se aplicará a clínicas y sanatorios, a las que se les garantizará por las prestaciones realizadas en abril y mayo, un piso de ingresos equivalente a lo que recibieron en febrero. Los pagos se concretarán en junio y julio respectivamente.

 

Camino a la inmunidad

 

La otra gran novedad en materia de salud es que Misiones comenzará a recolectar plasma de recuperados de Covid-19 para usar los anticuerpos generados por las personas que superaron la enfermedad para otorgarle defensas a quienes no fueron contagiados.

 

“En Misiones para este procedimiento utilizamos un equipamiento de última generación que son los separadores celulares que por técnica de aféresis permiten obtener hasta 600 ml de plasma por cada donación y en 45 minutos de proceso”, indicó el Gobernador Oscar Herrera Ahuad.

 

El mandatario agradeció la solidaridad de quienes se ofrecieron como donantes, lo que permitió que la provincia comenzara a recolectar plasma a pesar de haber registrado pocos casos hasta la fecha.

 

“Hay muy pocas provincias en la Argentina que lo pueden hacer. Esto para nosotros es fundamental. Tenemos ya la primera partida que va a permitir en algún momento utilizarlo como una medida terapéutica a pacientes que lo necesiten”, dijo.

 

Misiones celebra sus EFA

 

La diputada provincial María Cristina Bandera, recordó que el 22 de junio se celebrará el día de las EFAS en Misiones y destacó que la provincia “es vanguardia en el país porque es la que tiene mayor cantidad de establecimientos de alternancia de este tipo”.

 

Además, como vocera de las escuelas agrarias, dijo que “Nosotros nos sentimos acompañados por el Gobierno y por el presidente de la Cámara de Diputados que hace muchos años viene invirtiendo en este modelo de educación”.

 

“Estamos felices porque somos orgullosos de representar a Misiones, de que somos la provincia que más escuelas en alternancia tiene en el país y tiene un sistema integrado de educación. Además en este tiempo se han aprobado las EFAS 4.0 llevando tecnología y conectividad a todas las escuelas”, señaló. “Nuestros alumnos pueden participar en la enseñanza de escuela de robnótica que era impensado tiempo atrás”, dijo.

 

Las EFA son escuelas secundarias rurales que surgieron de una preocupación por la escasez de alternativas educativas para jóvenes del medio rural. Deben su nombre al hecho de que son gobernadas a través de un modelo de co-gestión del que participan las familias de los alumnos y los directivos de la escuela: al inscribir a sus hijos en la escuela, los padres pasan a formar parte de la asociación civil que la gobierna. Nacen con una propuesta educativa que busca mantener a los jóvenes en el medio rural y ofrecerles una formación técnica integral que les permita trabajar profesionalmente en actividades necesarias para su comunidad.

 

Hace algunos años nuestros padres nos decían que había que estudiar para no quedarse a sufrir en la chacra. Hoy es al revés, tenés que estudiar para volver a la chacra y tener una vida digna en la chacra. Con esta pandemia ha quedado visible que tener una chacra hoy es un privilegio por eso nosotros queremos incentivar el arraigo y para incentivar hay que tener tecnología y acercar todos los servicios que la comunidad necesita para que se queden”, señaló Bandera.

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