Después de conocido el fallo del Superior Tribunal de Justicia que le dio la razón a la ex legisladora, Elsa “Pety” Garayo, y confirmó que habían falsificado su firma para destituirla de su banca de diputada provincial, ahora los abogados que la patrocinan aguardan la decisión de la provincia de apelar el fallo o acatarlo. De acuerdo a lo que explicó uno de los abogados de Garayo, Roberto Chemes, el fallo del Superior Tribunal obliga a la provincia a indemnizar a la ex diputada.
El caso desató una fuerte polémica y disputa política y judicial en el año 2004 cuando la por entonces diputada del PJ, decidió pasarse a las filas del recientemente conformado Frente Renovador. La Cámara de Diputados estaba manejada por el puertismo y bajo la presidencia de Luis “Lucho” Viana se votó por la destitución de Garayo, tras la aparición de una renuncia con una supuesta firma de puño y letra de la legisladora, quien primero con una denuncia pública y luego ante la propia justicia se encargó de aclarar una y otra vez que no era suya y que se la habían falsificado. De poco sirvieron sus argumentos y a Garayo le quitaron la banca. Doce años después, la justicia le dio la razón.
En declaraciones a este medio, la ex legisladora había afirmado que debía ser el mismo Viana el que le pague la indemnización dispuesta por la justicia, ya que fue él quien le ocasionó “daños políticos familiares, de salud” por muchos años.
El abogado Chemes explicó sin embargo, que su clienta no puede pedir que Viana se haga cargo de la indemnización porque no figura en el fallo. Lo debe hacer la provincia.
Una vez que la provincia acepte hacerlo, podrá entonces recurrir a lo que se denomina acción de repetición. Una acción de responsabilidad patrimonial que permite recuperar u obtener ante la jurisdicción el reembolso o reintegro de lo pagado por las entidades públicas en virtud del reconocimiento indemnizatorio impuesto judicialmente al Estado. Es decir, la provincia, podría reclamar el pago del costo que tuvo que asumir.
“No sabemos si Fiscalía va a apelar”, sostuvo el letrado, pero si decide hacerlo, el caso terminará en la Corte Suprema. Si acata el fallo, tiene diez días para hacerlo efectivo. El plazo ya empezó a correr.
J.M
