Masacre de Panambí: la Cámara de Apelaciones determinará si es válida como prueba la llamada anónima

La Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse acerca de la validez de la llamada anónima que ubicó a los investigadores de la Masacre de Panambí sobre la pista de los sospechosos arrestados en San Javier y que actualmente están imputados como presuntos autores del asalto que le costó la vida a cuatro personas.

La semana pasada llegó a Posadas uno de los cuerpos del voluminoso expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno Oberá, a cargo de Alba Kunzmann de Gauchat. Es el que contiene las actuaciones vinculadas con el misterioso llamado, sobre el que trabó un recurso de nulidad el defensor del acusado Marcial Alegre (45), Ramón Grinhauz.

El abogado sostuvo que un anónimo no puede ser el pilar de una acusación tan grave como la que pesa sobre su defendido. También reiteró que no hay testigos ni pericias que comprometan a su cliente.

Los camaristas que deberán resolver el planteo son José Alberto López y José Jacobo Mass, integrantes de la Sala II. Estiman que en unos 20 días, la cuestión estará resuelta. Empezarán con el análisis del recurso una vez que vuelvan las cédulas de notificación enviadas a las partes.

La cuestionada llamada anónima, que se hizo desde un locutorio de Alem el 26 de mayo, llevó a los detectives hasta San Javier, donde detuvieron al ex prefecturiano Pablo Julio Paz y a Juan Ramón Godoy, luego de un allanamiento en el taller de Alegre, que es un chapista conocido del pueblo. Alegre cayó días después en Garupá, donde estaba oculto. Los tres recibieron la prisión preventiva por el atraco que sucedió en una casa del kilómetro 7 de la ruta provincial 5, en Panambí, el 25 de mayo. Ese día, una banda de cinco asaltantes copó la casa del maderero Oscar Carlos Knack (43) y lo tomó de rehén, junto a su mujer Graciela (42) y dos de los hijos del matrimonio, Bianca (12) y Cristian (25). Después de despojarlos de unos 300 mil pesos provenientes de una carga de madera que habían vendido, les prendieron fuego a las víctimas. Con el correr de los días, todos murieron.

Un cuarto detenido, Rubén Orlando Bueno, militar del Regimiento de  San Javier, fue excarcelado.

Los defensores de los imputados también apelaron la prisión preventiva. Sin embargo, esos planteos todavía no llegaron a la Cámara.

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