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El derrame efectivo

Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line.

El aumento del 40 por ciento la Asignación Universal por Hijo que anunció la presidenta Cristina Fernández tiene un impacto directo en millones de familias argentinas. En Misiones, se traduce en mil millones de pesos al año que se volcarán al consumo interno.

Vilipendiada a más no poder por sectores de la oposición y ahora también por hombres de negocios que cuestionan el “excesivo” gasto social, la AUH no es únicamente, como se pretende, un beneficio aislado y coyuntural que no transforma las realidades. Las cambia. Sustancialmente. Quizás se encuentren ejemplos en contrario, pero a muchas familias la asignación ayuda a culminar los estudios, a comer mejor, a vestir. Modifica el presente y el futuro de quienes la reciben.

El impacto secundario y no menor, es la transferencia casi directa que se hace a los pequeños comercios y supermercados, alentando la rueda del consumo con una inyección extra que se queda en la provincia. Son 130 mil chicos que recibirán 644 pesos mensuales, que se van en comida, algún libro y vestimenta. Son más de 83 millones al mes, directamente en el consumo, con un traspaso directo de la Anses.

Es el Estado que asume un rol activo, ordenador, presente. Cualquier análisis sobre la AUH debe partir sobre el manejo y la dirección de los recursos de la Anses. Cuando los fondos jubilatorios estaban en manos de administradoras privadas, la Anses era apenas un apéndice, que servía para cubrir las expectativas de una jubilación mínima para miles de retirados que no eran considerados por las AFJP. Estatizados los fondos, la Anses es hoy una herramienta central para las políticas de distribución y apuntalamiento del consumo a través de diversas herramientas, que van desde los más chicos hasta el Progresar o la construcción de viviendas. No es casual que el Banco Mundial haya destacado a la Argentina como el país que mejor focalizó el gasto social.

El análisis del Banco Mundial ubicó a la Argentina como uno de los países de «mayor performance» en el direccionamiento de las transferencias, al destinar más de 50% de las mismas al quintil más pobre de la sociedad. El país pasó de destinar 0,25% del PIB a la seguridad social en 2000 a 1,86% en 2010. Así, el gasto destinado a los sectores más vulnerable en la Argentina se multiplicó por 8 veces y medio y superó el promedio de países en desarrollo, que «gastan 1,6% de su PIB en redes de protección social».

Es la intromisión de “sacarle” el negocio al privado la que enerva a los más recalcitrantes empresarios y el flanco elegido por la oposición que no puede cuestionar tan directamente el aporte a los sectores de menos ingresos, que son, por reflejo, uno de los pilares políticos del kirchnerismo.

Desde 2003, la cantidad de aportantes aumentó 91,9 por ciento, debido al crecimiento económico y al empleo, mientras que la cantidad de jubilaciones y pensiones lo hizo en 78,5 por ciento, como resultado del Plan de Inclusión Previsional, alcanzando la tasa de cobertura más alta de América Latina, con el 95,1 por ciento. El logro debería ser motivo de orgullo argentino, pero no todos lo valoran como tal, salvo los directamente involucrados. Es una visión de país y del rol del Estado. Pero tiene sus detractores políticos e innumerables voceros financieros que cuestionan el direccionamiento de los gastos. La consultora financiera Standard and Poor’s, una de las tantas que dijo poco y nada cuando el país se encaminaba a la peor crisis de la historia, ahora dice que Argentina es el peor país de América latina para invertir.

Los recursos de ANSES proceden de las actividades económicas de todos los argentinos. El 58 por ciento del presupuesto surge de los aportes de los trabajadores, cuando se descuenta el 11 por ciento del salario, y de las contribuciones patronales. El 42 restante proviene de impuestos que alcanzan a toda la población, como el IVA, Ganancias y el impuesto a los combustibles.

Por eso, cuando se escucha livianamente que hay que bajar –o eliminar como exigieron Moyano y Barrionuevo en la pobre movilización “contra la pobreza”-, hay que advertir el impacto y a quien beneficiaría una medida de ese tipo: se desfinanciarían programas sociales como la AUH, a la vez que se mejoraría la situación de apenas un diez por ciento de los trabajadores que cobran por encima del mínimo de Ganancias. Entonces, ¿a quién se beneficia?

Claro que las políticas sociales como AUH no cambian por sí mismas la realidad de los que menos tienen si no van de la mano de un cúmulo de acciones en las que la educación es el eslabón fundamental. Pero cuando todo el mundo plantea que hay “ajustes”, se propone un incremento en las asignaciones que no es más que la profundización del modelo, como definió el gobernador Maurice Closs.

Esa profundización camina de la mano con la política en Misiones, donde en medio de restricciones presupuestarias que menguaron la fluidez de recursos en los últimos meses, las áreas más sensibles del Estado no se vieron afectadas.

Por el contrario, siguen en marcha con proyecciones de más, como los nuevos seis hospitales prontos a licitar. Las obras en salud son una de las herramientas para que la provincia logre revertir pésimos indicadores sanitarios, como el de mortalidad infantil o materna, ubicados hoy por debajo del promedio nacional y con cifras menores a los dos dígitos, en el caso de los niños.

Esos datos no son mágicos. Se lograron con una inversión constante y deben mantenerse con una inyección de por lo menos el quince por ciento de un presupuesto como el actual. “Ahora la exigencia es mayor, porque hay que mantener o bajar por debajo del 9,8 la mortandad infantil”, admitió el ministro de Salud, Oscar Herrera Ahuad.

Alcanzar esos porcentajes no fue fácil, pero mucho más difícil es sostenerlos en el tiempo. En apenas uno o dos años de desinversión, todo lo logrado puede perderse. Por caso, hace apenas diez años, el porcentaje de inversión en salud era de solo el 8 por ciento. Hoy el presupuesto social ocupa más del 60 por ciento de los recursos.

Para Closs, el incremento de la AUH “restituye el poder adquisitivo de las franjas sociales más necesitadas, y cuando se ven indicadores económicos que no muestran niveles de crecimiento, Cristina vuelve a apostar ella al consumo interno como uno de los elementos de incentivar el crecimiento de la economía”.

“Este es un Gobierno que siempre priorizó el consumo interno, siempre ha sido el consumo interno una de las bases del crecimiento de la industrialización y esas cosas me parece que han sido determinantes”, definió.

El rumbo de esas políticas será un elemento central en el debate electoral del año que viene, junto al dominio que se tenga sobre la inflación. Hasta ahora los acuerdos de precios firmados por el Gobierno con los supermercados han servido para mitigar, pero no frenar la escalada. Sin embargo, pese a la preocupación de consumidores y comerciantes, hay indicadores alentadores, como la suba de las ventas registradas en abril en los comercios posadeños, de un siete por ciento en relación con el mes de marzo (en la comparación interanual crecieron 29 por ciento). Los propios comerciantes sostienen que las ventas volverán a crecer otro cinco por ciento.

Si el consumo se mantiene en alza, habrá buen humor social. Por eso no sólo es clave para el kirchnerismo y sus aliados locales, sino para la oposición, que ve en cualquier retroceso una oportunidad para sus ambiciones.

Los gobiernos son los que deben lidiar con los reclamos e insatisfacciones de la sociedad, incluso de aquella porción que ha sido más beneficiada en los últimos años. Y sus reclamos son válidos en la medida en que pretenden seguir teniendo acceso a una mejor condición de vida. La oposición, navega en cambio, en la comodidad de la crítica sin necesidad de involucrarse demasiado.

El ejemplo más cercano de cómo el malhumor social tiene como destinatario al Gobierno es el conflicto con el transporte metropolitano. Claramente se trató de una mala práctica empresaria, de un grupo monopólico que con recaudación cautiva y jugosos subsidios para pagar a los conductores, no liquidaba horas extras y otros adicionales a sus conductores que trabajaban hasta 15 horas diarias, según denunciaron. Una semana con el transporte a medias, dejó a miles de posadeños con severos problemas de movilidad, especialmente por las noches. Más allá del enojo puntual contra la empresa Don Casimiro, el malhumor fue dirigido hacia la municipalidad de Posadas por la escasa voluntad mostrada como autoridad de aplicación. En segundo lugar, el Gobierno provincial, que dejó de tener injerencia directa en el transporte municipal, comenzó a sufrir un costo político no buscado.

El Gobernador deslizó la necesidad de revisar contratos monopólicos y abrir el juego a otros actores del transporte. La situación se tensó tanto que el Municipio le dio un ultimátum que la familia Zbikoski no tuvo más remedio que aceptar. En pocas horas, se solucionaron las “diferencias” con la UTA y se pagó lo que debía haberse pagado por horas extras. Incluso, se espera que ahora contraten a un mayor número de choferes para cubrir las verdaderas necesidades del sistema. Todavía resta resolver la transparencia en el transporte posadeño, en el que la llegada de la tarjeta SUBE no logró despejar las dudas de usuarios sobre la cantidad real de venta de boletos, que justifique aumentos y subsidios. Sobre todo cuando el mismo grupo empresario que monopoliza el sistema integrado fue denunciado por manejos irregulares de esos subsidios en Buenos Aires.

En el plano político, la Renovación marcha en forma ordenada hacia el 2015. La conducción conjunta de Closs y Rovira sabe que el oficialismo tendrá una prueba de fuego en las elecciones del año que viene y por eso, la coherencia es fundamental en el sostenimiento de la propuesta provincial, más allá de quien sea el sucesor de la Presidenta.

 

El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, marcó el camino de la profundización del modelo al anticipar que cuando se resuelva el conflicto sobre el parque Provincial Río Iguazú, que se dirime en la Corte, se debe proponer una nueva ley de Parques Nacionales, para que las provincias –en este caso Misiones- tenga el dominio sobre sus recursos naturales. Llamativamente, sonó fuerte la postura del diputado radical Hugo Escalada, quien coincidió en defensa del parque provincial con un “vamos por todo”.
El mismo diputado presentó un proyecto para que se realice un estudio de impacto ambiental de la firma chilena Alto Paraná, que no logró conseguir la certificación de Rainforest Alliance por denuncias de pobladores sobre la afectación al medioambiente de la pastera.

 

 

El protagonismo de Escalada contrastó con el calor que pasó su par Gustavo González, el joven con aspiraciones de ser gobernador, quien recibió reprimendas de su mismo bloque por el cuestionamiento que hizo al protocolo legislativo. González criticó la cantidad de proyectos de declaración y apuntó especialmente a un beneplácito por una actividad social en Salta, que supuestamente no debería interesar a Misiones. Más allá del reto de Rovira, llamó la atención que acto seguido, Germán Bordón, otro radical, hizo un homenaje a las “madres paraguayas”, al que se sumó el propio González.
Se sabe que el joven busca protagonismo para posicionarse como candidato a gobernador y por eso elige sus molinos de viento, exponiendo sus pretensiones hasta como columnista mediático, aunque sus fuentes sean de dudosa veracidad. Pero sus aspiraciones chocan con el internismo radical que le desconfía su independencia intolerable. Por ahora, los aspirantes son el médico Osvaldo Navarro y por el sector de la conducción, el diputado nacional Luis Pastori que tiene un techo en las encuestas. Hernán Damiani también sondea sus posibilidades, pero tampoco le alcanza para confiar en un triunfo.

Redaccion-

Canal W



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