El Tribunal que debía juzgar a los acusados de extraer miles de pesos de depósitos judiciales, nunca se conformó. Los abogados de los procesados aseguran que la causa no llegará a juicio porque «hay numerosas irregularidades».
La investigación. Rey elevó la causa a juicio, pero nunca se concretó.
La causa está muerta. Esa es la definición en la que coinciden abogados y miembros de la justicia que intervinieron en la megaestafa, el mayor escándalo de la Justicia misionera de los últimos tiempos. Todos los procesados están en libertad y desde mayo de 2006, cuando se elevó a juicio, hubo más retrocesos que avances. El Tribunal que debía juzgar a la ex jueza Graciela Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de una asociación ilícita con empleados y abogados para extraer dinero de depósitos judiciales, nunca se conformó por sucesivas excusaciones de los magistrados y subrogantes.
La ex jueza del Civil y Comercial N° 1, Salvado de Sotelo, quien estuvo detenida en una clínica, recuperó la libertad a mediados del 2007, junto a Cayetano «Nani» Castelli; la ex jefa de despacho Nora Castelli; y los abogados Paula Espinosa, y Guillermo Abdón Fernández, señalados como las principales piezas del grupo que se hizo de cientos de miles de pesos de depósitos judiciales con la falsificación de documentos.
Los abogados Alejandro Jabornicky, José Alberto Tuvi, el contador Eduardo Solís, el empresario constructor Roberto Motta, y la ex secretaria del Civil Nº 1, Miriam Saidman, también se encuentran procesados pero nunca estuvieron entre rejas ya que quedaron fuera de la asociación ilícita.
Lo cierto es que aunque se haga en algún momento el juicio, es poco probable que alguien vuelva a la cárcel. Solo la ex jueza y Espinosa, si se confirma una asociación ilícita, podrían volver tras las rejas. A los demás imputados, solo les cabría una condena por defraudación, que tiene una pena de hasta seis años, por lo que quedarían en libertad en virtud del tiempo transcurrido.
La causa fue elevada a juicio a mediados de 2006 por el juez José Luis Rey, y según el magistrado, todo depende ya del Tribunal Penal I, donde nadie quiere hacerse cargo de juzgar a los responsables. Los integrantes se excusaron y abogados que debían subrogar también, por lo que el Tribunal nunca se conformó.
Sin embargo, varios abogados que defendieron en su momento a los imputados, aseguran que la causa, aunque vaya a juicio, va camino a la nulidad, por «múltiples errores en el proceso».
«El expediente es un desorden total, se le dio mucha trascendencia a algo que fue un fraude de los empleados. A la jueza, a lo sumo se le puede imputar malversación culposa, pero técnicamente es todo nulo», señaló un conocido abogado posadeño que defendió a una de las imputadas.
Como consecuencia de la polémica estafa judicial, Salvado de Sotelo fue destituida y penada con prisión por el delito de asociación ilícita, junto a cuatro personas vinculadas al Poder Judicial. También fueron procesados bajo la misma carátula, Cayetano «Nani» Castelli; la ex jefa de despacho Nora Castelli; y los abogados Paula Espinosa, y Guillermo Abdón Fernández. Además de los abogados Alejandro Jabornicky, José Tuvi, el contador Eduardo Solís, el empresario Roberto Motta, y la ex secretaria del Civil 1, Miriam Saidman.
El juez que ordenó la libertad de Salvado de Sotelo fue Jorge Horacio Campitelli, considerando que la ex magistrada ya había pasado tiempo suficiente detenida sin juicio y no había posibilidad de fuga. Junto a la ex jueza salió en libertad su secretaria, Nora Castelli y poco después, todos los otros imputados.
Modus operandi
Retiraban dinero cinco veces por día, sumas de entre 50 mil y 100 mil pesos por cada extracción, según consta en los expedientes. Guillermo Abdón Fernández, ex abogado del Banco Macro se encargaba de informar sobre los movimientos de las cuentas. La abogada Paula Espinosa chequeaba el estado de los expedientes y solicitaba informes de los depósitos judiciales del banco -maniobra mediante la cual le otorgaba un viso de legalidad a la extracción-. La ex jueza del Civil y Comercial N°1, Graciela Salvado de Sotelo y su secretaria libraban las órdenes de pago originales firmadas de puño y letra sobre la base de esos datos.
Por medio de este artilugio los imputados en la causa concurrieron personalmente al banco para cobrar los depósitos judiciales con las órdenes de pago. Situaciones que se ven reflejadas en las miles de fojas que forman parte de la investigación judicial. Pero es casi un hecho que nunca se sabrá el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados porque la causa no llegaría a juicio.
Engaños legales para retirar dinero
