El presidente del Colegio pidió al Gobierno un trato «justo e igualitario».
Jorge Galeano. El Colegio de Abogados de la Provincia apuntó contra el legislador del Map.
El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Pablo Isaac Lenguaza, cuestionó ayer el pago de 5,5 millones de pesos al diputado del Map, Jorge Galeano, en concepto de honorarios por un juicio contra el Estado, en el cual el legislador intervino en representación del frigorífico El Zaimán.
En este sentido, el Colegio de Abogados de la Provincia hizo una presentación dirigida al Gobierno Provincial, el miércoles pasado, mediante la cual exige un trato «justo e igualitario» en el cobro de los honorarios a los profesionales por juicios al Estado provincial.
«Resulta ser que el 20 de noviembre del año pasado por un acuerdo transaccional se han abonado honorarios correspondientes al doctor Jorge Galeano por la suma de 5, 5 millones de pesos, más impuestos, lo cual fue ratificado por un decreto que fue publicado en el boletín oficial el 27 de diciembre del año pasado». «En esa causa que era frigorífico El Zaimán contra el Estado de Misiones, no existían honorarios regulados, no existían montos determinados, y a pesar de eso el Estado provincial hizo un acuerdo transaccional para abonar ese monto, teniendo en cuenta que existen numerosos juicios contra el Gobierno con sentencia definitiva, con los honorarios de los profesionales regulados que han visto obstaculizado su cobro atento a la emergencia económica, a la ley de consolidación, a la paralización de los juicios contra el Estado en su momento», se quejó Lenguaza.
«Así como el Estado a abonado a este profesional -continuó el presidente del Colegio de Abogados- creemos que también se debe pagar a los miles de colegas que también tienen su juicio, que también tienen honorarios regulados con montos muchos menores que estos, porque es de extrema justicia tratar a los colegas y a los justiciables de la misma manera».
«En este caso hay algo más grave, y es que el Estado provincial se haya hecho cargo de los impuestos, cosa que debería pagar el propio beneficiario», marcó Lenguaza. «No encontramos antecedentes donde el Estado provincial haya actuado de esta manera, porque no nos olvidemos que estamos hablando de 5, 5 millones de pesos y casi dos millones más de impuestos a las ganancias y todos los otros impuestos provinciales que existen, entonces lo vemos como un trato desigual, injusto e irritante».
