Lozina sostuvo que las críticas son «políticas»

Hoy en una reunión extraordinaria de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca, la Cámara de Diputados analizarán los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de Fiscal de Estado, Fiscal Superior del Tribunal de Cuentas y Ministros del Superior Tribunal de Justicia. La intención es que los pliegos sean tratados en la sesión del lunes 29 de mayo.
El presidente de la Legislatura, Esteban Lozina recordó que el gobernador Carlos Rovira «fue el primero que se desprendió de la facultad constitucional de nominar a dedo a los integrantes del Poder Judicial, concretamente magistrados y funcionarios. La propuesta en su momento fue la de la creación del Consejo de la Magistratura, incluso con selección mediante concurso de antecedentes y demás para los miembros del STJ, pero los que en ese momento manejaban la Cámara, tanto Luis Viana como Ramón Puerta no aceptaron esa cuestión».
«Me resulta doloroso escuchar algunas voces destempladas que en realidad no tienen facultades para opinar, pero lo más triste, lo digo como hombre del derecho, están enarbolando un prejuicio, están anticipando un juicio de valor respecto de las calidades de idoneidad de aquellos que van a ir a ocupar un cargo en el STJ y eso es muy grave. Desde el punto de vista del Derecho hay una regla que nos enseñan en la universidad que toda persona tiene derecho a defensa y a ser oído. Estas personas tienen derecho a desempeñar su tarea y si no fueran de la idoneidad necesaria están los mecanismos constitucionales de remoción, anticipar juicio es manosear a las personas y en este caso son personas de bien, decentes, que no tienen tacha moral ni social».
Lozina recalcó que «se cumplen todos los requisitos constitucionales que están previstos en el texto en cuanto a la profesión de abogado, la edad mínima, la ciudadanía, el tiempo de ejercicio de la profesión. El Colegio de Abogados tendría que ocuparse de las cuestiones que sí son de su competencia como la matrícula y el control del comportamiento de los abogados. Me sorprende el silencio de la comisión directiva del Colegio cuando se desató la megaestafa, donde estaban involucrados abogados, donde era conocido que estudios de abogados pagaban cuentas de magistrados y funcionarios, hace 15 días un diario publicó a dos páginas una denuncia sobre el negocio de cambio de carátulas de las causas y a nadie se le movió un pelo. Sin embargo esta comisión directiva repudió tanto la destitución de la ministra Marta Catella como la del Fiscal Wickström, siendo que fue una destitución de 15 votos a 1, en mecanismo perfectamente constitucional y en el caso del fiscal de Estado, Lloyd Wickström por 6 votos a 1».
Por otra parte remarcó que «hay mucha gente que tiene títulos, pero los posgrados no dan el título de gente, es más importante ser gente y ser decente que es lo que necesita la justicia misionera. Como decía el Martín Fierro «mejor que saber muchas cosas es saber cosas buenas». Si vamos a hablar de masters o doctorados el ex juez Grinhauz tenía un doctorado, el juez Rotela, la ex jueza Aida Vazquez de Moreira tenía un doctorado, ¿de que sirve eso si no existe la honorabilidad, la decencia? Además no hay por qué consultar al Colegio de Abogados, esto debe estar destinado a la gente, a los justiciables, a aquel que quiere que salga su juicio, que su abogado le responda y trabaje, a que haya celeridad a eso está destinado, la comisión debe ocuparse del comportamiento de algunos colegas pícaros que necesitan que se los ponga en caja».
En este contexto Lozina señaló que «el Colegio lo que está haciendo es política partidaria y se parece mucho a los dichos de algunos capangas de la política, que se cansaron de poner jueces y funcionarios a dedo y ahora tienen la caradurez de hablar de la justicia».