El Concejo Deliberante de Montecarlo hizo caso a la iniciativa de los vecinos y suspendió cualquier instalación de una sala de juegos por 120 días hasta que se convoque a un referendum.
Polémica. Las salas de juego en la provincia son resistidas por los intendentes, que a la vez usufructúan lo que generan.
[su_note note_color=»#cdcdcd»]La consulta popular en Montecarlo deberá realizarse antes o con las elecciones legislativas[/su_note]La polémica por los juegos de azar en la provincia no para de crecer: después de que el intendente Norberto Aguirre aumentara las tasas de los casinos en Eldorado en un dos mil por ciento, en varias localidades se replicaron las críticas a las salas de diversión. Anoche, en Montecarlo el Concejo Deliberante prohibió la instalación de un casino hasta que los vecinos no decidan qué hacer con un referendum que se haría antes o con las elecciones legislativas de octubre.
En ese contexto, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos salió a cuestionar a los intendentes y aseguró que «hay mucha hipocresía», ya que después los municipios piden subsidios que salen de lo que recaudan las salas de juego.
Pared de vecinos
El Concejo Deliberante de Montercarlo, decidió ayer aprobar en medio de una fuerte presión de los vecinos una ordenanza que impide la instalación de una sala de juegos de azar o casino en cualquier punto del ejido municipal, hasta tanto la propia ciudadanía decida en un referéndum si acepta o no la radicación de ese tipo de empresas en la ciudad.
La consulta a la población deberá efectuarse a más tardar en las elecciones legislativas de este año.
El intendente Ricardo Meili dijo que «en realidad se trata de una medida de no innovar por 120 días», la cual prohíbe la construcción de un casino que estaría por concretarse frente a la Escuela de Frontera 607, a media cuadra de la EPET 11 y a dos cuadras de la Escuela Normal Nº 2.
Esta iniciativa fue acompañada por vecinos de la zona, los cuales dijeron que «la construcción de casinos sirven solo para hacer lavado de dinero, además de llevarse la plata del pueblo además de faltar el respeto a la cultura del trabajo que se vive en este pueblo» afirmó uno de los lugareños.
También agregaron que «vamos a investigar con profundidad este tema para llegar a ver como los concejales aprobaron un proyecto de construcción de chopería, fast food y salón comercial, siendo que en el lugar se esta edificando algo totalmente distinto de lo que aparece en el proyecto original». Finalmente el Concejo decidió llamar a un referéndum para tener la opinión de la gente, la cual decidirá si está de acuerdo o no con la obra.
Como sea, la polémica en la provincia amenaza con extenderse a otos municipios que a la vez necesitan de los recursos que generan los juegos.
«Hay gente que no quiere casinos pero después nos pide subsidios. Entonces esto forma parte de la hipocresía de que nosotros somos los puros en nuestro pueblo, no queremos casinos pero sí los beneficios del casino queremos para este municipio u otro. Esto tiene mucha hipocresía», advirtió el presidente del IPLyC, Eduardo Torres.
«Yo hablé con Aguirre y le dije que esto iba a traer consecuencias porque íbamos a tener que jugar en función del cumplimiento de nuestros deberes de funcionario público», indicó.
«Lo que tienen que entender que todos los cánones de los casinos es para el pago de las pensiones graciables provinciales y de las amas de casa. La gente que no pueda cobrar deberá decirle a esa otra gente que no hay plata», acusó.
En el Instituto Provincial de Lotería y Casinos llamaron la atención las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante de Eldorado, quien refiriéndose a la sala de juegos de los hermanos Krauss admitió que se le rebajará la tasa a la sala de menor clase», pero reiteró que la ordenanza que aumentó la tasa a los casinos en dos mil por ciento no se modificará, «salvo el caso de los hermanos Krauss, que se acercaron al municipio para llegar a un acuerdo».
Lo curioso es que la sala de los hermanos Krauss no tiene habilitación oficial del IPLyC ya que venció el plazo de concesión en 2004 y sólo funcionan gracias a un recurso de amparo otorgado por la jueza Georgina López Liva. En una de las salas se detectaron además tragamonedas que no estaban habilitadas, por lo que la sala fue clausurada.
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