El concejal Benigno Gómez señaló que los vecinos están preocupados porque los intiman judicialmente con rematar sus bienes y con embargarles el sueldo, y contó que la empresa Samsa pidió la renegociación del contrato y solicitó hacerse cargo de la colocación de los medidores. Gómez dijo que desde el Concejo Deliberante entienden que hay varios puntos que modificar para que la empresa deje de tratar al agua como un comercio y se dé cuenta que se trata de un bien social. «Samsa tiene que aceptar que se haga un blanqueo de la deuda acorde a la capacidad de pago de cada vecino. Esta es la modalidad que rige en todo el país», sentenció el concejal.
Y agregó que las intimaciones y acciones judiciales que fueron realizadas por la empresa podrían quedar en suspenso si la empresa pone buena voluntad y frena las acciones hasta que se renegocie el pago de la deuda. «Van a surgir nuevas obligaciones y derechos en este contrato, además pediremos a los diputados que sancionen una ley provincial que nos avale», y pidió que Samsa tiene que dejar de asustar a los vecinos. (FM Universidad).
