La oposición aumentó el gasto público en 164 millones de pesos en la ley de Presupuesto

Se votaba esta madrugada la ley con cambios al proyecto del Ejecutivo. Se incluyó la devolución del recorte salarial del 13 por ciento, 100 pesos para activos y pasivos y un aumento del adicional por antigüedad. El Gobierno vetará la ley por falta de recursos

[su_note note_color=»#cdcdcd»]Hubo acuerdo para prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 30 de abril[/su_note]Los diputados de la oposición impuso anoche el aumento del gasto público en 164 millones de pesos destinado a aumentos de sueldos, la devolución del recorte salarial del 13 por ciento y el descongelamiento del adicional por antigüedad. También aumentaron su presupuesto en ocho millones de pesos e incorporaron una partida de más de cien empleados a la Cámara que tendrá desde el año que viene más de mil personas trabajando, pese a que se redujo el número de legisladores.Con estas “modificaciones” al proyecto enviado por el Ejecutivo, la Ley de Presupuesto del año que viene prevé gastos por 1.623.021.400 pesos, casi 200 millones de pesos más que lo proyectado por el Gobierno. Se preveía un mayor gasto destinado a obras públicas estimado en otros 200 millones de pesos, pero finalmente quedó fuera del dictamen, aunque se faculta al Ejecutivo a incluirlo en el Presupuesto si recibe más fondos de la Nación.La ley fue votada pasada la medianoche por el peronismo, la UCR, el MAP, el FREGEN y el MID, en tanto que el Frente Renovador presentó un dictamen en minoría respetando los números que había preparado la Secretaría de Hacienda.negrita/Veto seguro/negritaEl Ejecutivo esperaba contar con la ley sancionada para comenzar a analizar el veto, ya que asegura que no cuenta con los recursos para hacer frente a los aumentos salariales impuestos.El presupuesto de este año ya estuvo durante ocho meses en un conflicto de poderes, en el que el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón a la Legislatura -porque es su facultad hacer leyes-, sin embargo, en este nuevo caso, los funcionarios de Gobierno estiman que la situación ha cambiado: es que en la discusión por la ley de este año los números finales no habían variado y en este caso sí se aumentaron.El mismo STJ advirtió -en el análisis del conflicto de poderes por la devolución del recorte del 13 por ciento- que las leyes sin recursos no podían ser válidas, por lo que el Ejecutivo no la puso en práctica. Sin embargo, esta vez el Superior Tribunal de Justicia, se congratuló por la incorporación de la devolución del 13 por ciento en la ley.Con el aumento de gastos, la necesidad de financiamiento -conseguir dinero para hacer frente a lo que se va a gastar- se elevó a 654.096.300 pesos.El paquete salarial, según la oposición se puede solventar con cien millones de pesos de “remanentes” de ingresos de recaudación de este año, cuarenta millones con “partidas a cargo del Tesoro” y 24 millones con una proyección de aumento de la coparticipación.El peronismo adujo que el aumento de los gastos se debe “a un reclamo popular que sigue los lineamientos propuestos por el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, cuyo proyecto político brega, sobre todo en esta época de alta recaudación fiscal, por la seguridad social y económica de todos los argentinos”.Sin embargo, no se trató la ley de Responsabilidad Fiscal, pedida por Kirchner para renegociar las deudas con las provincias, a la que el propio presidente del PJ había calificado como “de opresión”, porque no permitía aumentar los sueldos.Ésta ley, que necesita la provincia para renegociar vencimientos de deuda en 2005 por 200 millones de pesos recién será analizada la semana que viene y no es seguro que se apruebe por la resistencia del peronismo y de la UCR, que ya la había rechazado en el ámbito nacional.Para la semana que viene también se postergó el análisis de la prórroga de la ley de Emergencia Económica, que sería sólo por seis meses y no por un año como pidió el Ejecutivo y la postergación de los vencimientos de bonos CEMIS para 2007. Según se analizaba anoche, la postergación sería solo por un año y no por los dos que pidió el Gobierno.

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