En el Juzgado penal de Puerto Rico detectaron ordenanzas que tomaban declaraciones y hasta instruían causas

En el Juzgado penal de Puerto Rico detectaron ordenanzas que tomaban declaraciones y hasta instruían causas

El Juzgado de Instrucción de Puerto Rico tiene jurisdicción sobre esa ciudad y las localidades cercanas, que integran la Cuarta Circunscripción Judicial. A mediados de este año su titular, Éctor Acosta, fue noticia porque el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, lo denunció por el retardo de las causas que tramita y otras anomalías graves. Después acumuló otra acusación, de la fiscal Rosario Luna, quien pidió que se investigue una supuesta connivencia entre el magistrado y un abogado a quien favorecería. Finalmente, el Colegio de Abogados pidió su juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados por distintas irregularidades.
Hoy por hoy Acosta está con licencia médica y su juzgado trata de salir del letargo en el que parecer haber sido sumido hace años.
Cuando el subrogante Osvaldo Rubén Lunge se hizo cargo de la dependencia de manera provisoria, se encontró con panorama desolador. Lo mismo le pasó el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, José Alberto López, quien a pedido del Superior Tribunal de Justicia inició un sumario. Esa investigación interna terminaría antes de fin de mes. Y las conclusiones luego irán a parar también al Jurado de Enjuiciamiento.
En el juzgado de Acosta hay muy poco personal y el grueso de los que están tiene poca experiencia. En los últimos tres años, al menos 30 funcionarios que pasaron por allí solicitaron su traslado argumentando distintas razones vinculadas al modo de trabajar de Acosta.
Fuentes consultadas por Misiones Online confiaron que la repartición tiene dos secretarios y que hay tan poca gente que hasta hay ordenanzas que toman declaraciones e instruyen las causas.
Además mencionaron la existencia de expedientes que se tramitan con muchísimo retraso y que hay causas a las que ya les sobrevino la prescripción, precisamente por la inacción del juez titular.
Tanto Lunge como López detectaron lo mismo: notificaciones defectuosas y escasa participación de la Fiscalía.
De los ocho instructores que tiene el juzgado, cuatro son ordenanzas. Asimismo, el espacio físico donde se trabaja no es el adecuado. Los funcionarios prácticamente deben caminar sobre los expedientes y los elementos secuestrados vinculados a las distintas causas.
Lunge puso como objetivo poner al día las causas que se puedan y atender los casos más urgentes, o sea aquellos que tienen que ver con personas que están privadas de su libertad.
López, por su parte, hizo un relevamiento sobre cómo ha trabajado el juzgado en los últimos años y ha tomado declaraciones tanto a empleados como a afectados por las decisiones del magistrado. Allí se topó con el cuadro descrito arriba y además con personas arrestadas durante un tiempo extenso sin que se resuelva su situación procesal.
En su denuncia, el Colegio de Abogados mencionó causas con demoras de hasta cuatro años y una supuesta connivencia con el abogado Rubén Petroff, a quien Acosta habría beneficiado con resoluciones exprés.

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EP



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