Análisis semanal: El primer escándalo de la era Milei y la denuncia que salpicó al diputado molinero

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, asumió con la misión de destapar ollas ajenas, pero le destaparon algunas propias y no huelen bien. Alimentos retenidos, irregularidades en compras y pago de sobresueldos están bajo investigación. La economía muestra algún indicio de recuperación, pero los analistas llaman a la cautela. A Misiones volvió la calma después de semanas de tensión sobredimensionada y desde la cúpula del gobierno bajó la orden de caminar y escuchar.

El Gobierno de Milei, que había llegado para liberar al país de los curros de la política enfrenta sus primeras denuncias serias de corrupción a menos de un semestre de haber asumido.

Lo que empezó como un caso que podría atribuirse a insensibilidad social o mera impericia en la gestión, derivó rápidamente en una trama mucho más compleja que compromete uno de los ejes centrales del discurso libertario, el de la lucha para erradicar “los kioscos” de la política.

Desde que un informe periodístico reveló que la cartera a cargo de Pettovello retenía más de cinco mil toneladas de alimentos en medio de la crisis social más severa en los últimos 22 años, el escándalo no paró de crecer.

La primera respuesta de la ministra fue una excusa inverosímil que terminó complicando su situación. Dijo que los alimentos estaban reservados para situaciones de catástrofe.

La explicación de Pettovello apenas alcanzó para que los trolls libertarios tuvieran algún argumento que repetir en sus redes sociales, pero ante la justicia tuvo un efecto inesperado.

Lo que había empezado como una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público sumó, gracias a los dichos de la funcionaria denunciada, una nueva figura, la de malversación de caudales públicos. Ocurre que la ley establece que los alimentos deben ser destinados a personas en situación de vulnerabilidad y reservarlos para otro fin, como atender catástrofes por ejemplo, implicaría malversación.

En otro andarivel avanza la causa por la denuncia formulada por Leila Gianni, secretaria Legal de Capital Humano, contra el exfuncionario de la misma cartera, Pablo De la Torre, por supuestas irregularidades en las contrataciones de personal con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en una trama que encubriría el pago de sobresueldos mediante triangulación. La estrategia pareciera ser la de entregar la cabeza de De la Torre para preservar la de Pettovello.

Pero la ministra aparece implicada de manera directa en otra causa en la que se la acusa de haber firmado una transferencia por más de 6.700 millones de pesos a la mencionada Organización de Estados Iberoamericanos para la compra de alimentos, cuando solo estaba autorizada a firmar pagos por un máximo de 2.700 millones de pesos. El procedimiento es por lo menos opaco, ya que mediante la tercerización con la OEI el ministerio evitó los mecanismos de control que rigen para las compras del Estado.

El expediente en cuestión no solo autorizaba el pago, sino que también habilitaba a la OEI a quedarse con una generosa comisión del 5%.

Una publicación del diario Página 12 impulsó otra denuncia contra Capital Humano, esta vez por una transferencia de 14.000 millones de pesos destinada al “Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre” para la compra de mercadería, también excediendo los límites que impone la ley en cuanto al monto de la transferencia y sorteando los mecanismos de control que rigen para cualquier compra del Estado que implique una inversión tan cuantiosa.

 

La denuncia que salpica a un político misionero

Que a Pettovello le hayan estallado escándalos en su propia gestión no le impidió destapar ollas de la gestión anterior a cargo de Victoria Tolosa Paz. La más notoria de ellas involucra la compra de 17 millones de kilos de yerba mate por un total de 18 mil millones de pesos.

Desde la gestión actual denuncian el pago de supuestos sobreprecios en la compra efectuada mediante una licitación en noviembre de 2023 y además cuestionan la calidad del producto adquirido.

De acuerdo con la denuncia, el material contiene cristales de oxicilato de calcio, un contaminante de alta peligrosidad para el consumo humano.

La denuncia presentada por la Subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, señala que se eludieron controles de salubridad y que la yerba comprada excede los niveles permitidos de contenido de palo.

Según información publicada por el portal del diario Perfil, “la presentación busca avanzar también sobre una compra que se habría realizado a la empresa Yerbatera Misiones, cuyo dueño, Pedro Puerta, es diputado provincial de esa provincia. Se cree que la firma compró importantes cantidades de ‘poleo molido’ (una hierba) para abaratar los costos de producción de la yerba”.

Para desgracia del diputado misionero hijo del exgobernador Ramón Puerta, la denuncia fue difundida también en el canal porteño LN+, en el programa de Esteban Trebucq y Eduardo Feinmann, que apuntaron directamente contra Pedro.

“Si vos le metés mucho poleo a la yerba, la diferencia en guita que hacés es monumental”, argumentó Feinmann ante la atenta mirada de Trebucq, antes de exhibir remitos que probarían la compra de 30 mil kilos de poleo por parte de Yerbatera Misiones, la empresa de los Puerta. “Mostramos uno de los remitos, hay muchos más”, aseguró luego.

El remito que mostró el periodista porteño señalaba que por la compra de 30 mil kilos de poleo se pagaron 450 mil pesos, lo que da un valor de 15 pesos por kilo. Tomando en cuenta que en el momento en el que se efectuó esa compra de poleo, el kilo de canchada en Misiones tenía un precio oficial de 643 pesos, pero en el mercado su valor superaba los mil pesos, se puede tomar una dimensión del ahorro que se podría lograr reemplazando parte de la yerba con poleo.

La cuenta no es muy difícil: si a un paquete de un kilo se lo llena con 700 gramos de yerba y 300 de poleo, se obtiene un ahorro de prácticamente el 30% del valor total del producto.

La maniobra implicaría no solamente una defraudación al Estado por la venta de un producto adulterado, sino también un prejuicio para los productores yerbateros, porque al utilizar menos yerba cae la demanda de materia prima y eso repercute en los precios.

La introducción de un producto de mala calidad también perjudica el bien ganado prestigio de la yerba mate argentina, una marca que costó mucho construir y que se sustenta en el trabajo honrado de más de 12 mil productores, cientos de secaderos y otros tantos molinos que apuestan a la calidad para desarrollar a uno de los sectores más relevantes de la economía misionera.

El expediente radicado en los tribunales de Comodoro Py por “Suministro infiel de sustancias medicinales, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” quedó a cargo del juzgado federal 6 que subroga Daniel Rafeca, quien trabaja con el Fiscal Gerardo Pollicita.

A través de sus redes sociales, Puerta proclamó su inocencia y desligó a su empresa de los hechos que se investigan, pero la última palabra la tendrá la justicia.

 

¿El fin de la caída?

La economía mostró esta semana dos datos positivos que animaron a los voceros formales e informales del Gobierno nacional a pronosticar el inicio de la recuperación de la actividad. De acuerdo con datos del INDEC, en abril la industria creció 1,8% respecto a marzo y la construcción lo hizo en 1,7% en el mismo período.

Si bien las comparaciones interanuales de ambos índices muestran caídas muy pronunciadas, de 16% y 37% respectivamente, el crecimiento intermensual viene a cambiar una tendencia de caída que venía de arrastre desde fines del año pasado y que se había profundizado en el primer trimestre.

El informe sobre la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, más conocido como RIPTE, dejó otra noticia favorable porque en abril aumentó 16% nominal, porcentaje que supera al de la inflación para el mismo mes, que fue de 8,8%. Pese a ello, el salario promedio de los trabajadores registrados acumula una pérdida de poder adquisitivo del orden del 11% desde noviembre.

En los mercados financieros la semana no fue buena, los bonos nominados en dólares se hundieron hasta 11% en los últimos 5 días y el riesgo país saltó más de 20% hasta rozar las 1.600 unidades.

Varios de los economistas que más escuchan los mercados pusieron el ojo en un dato en particular: la caída de 25% en la recaudación del impuesto al cheque que se registró en mayo. Según el exministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, la recaudación de ese impuesto es “el que mejor anticipa los números de la actividad económica que se publican dos meses más tarde”.

Algo parecido dijo Daniel Artana, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en una entrevista con el portal Infobae: “la caída del impuesto al cheque y del IVA interno permiten anticipar que la actividad todavía no rebota. Todavía no hay señales de recuperación, porque el consumo retrocede mucho y con la inversión ocurre lo mismo”.

Los analistas justifican el pesimismo de los mercados en algunos factores económicos, pero también en el “ruido” que mete la política.

Por el lado de lo estrictamente económico, hay incertidumbre respecto a cómo enfrentará el Gobierno los próximos vencimientos de deuda nominada en moneda extranjera cuando todas las ventanillas de crédito están cerradas y cuando la torpeza diplomática que caracteriza a la gestión de Milei empantanó las relaciones con China que en poco tiempo deberá definir qué hace con el swap de monedas.

También ven inconsistencias en el camino de baja de tasas de interés y la política cambiaria y además observan que es muy probable que la inflación se estanque en la franja que va del 4% al 6%.

La reticencia del campo a liquidar exportaciones a la espera de un tipo de cambio más favorable suma incertidumbre.

En cuanto a los factores políticos, esta semana hizo mucho ruido la media sanción que tuvo en Diputados el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por la oposición. El temor no pasa tanto por el impacto fiscal que pudiera tener la medida sino porque representa una muestra de debilidad política del oficialismo.

El temor es que la oposición le cope la agenda al Gobierno y que el país termine sumido en la inmovilidad absoluta entre un Congreso que no aprueba nada de los que manda el Ejecutivo y un presidente que veta todo lo que sanciona el Legislativo.

Un dato que no pasó desapercibido tras la media sanción en Diputados, es que a los radicales y a los bloques dialoguistas ya no les hacen mella las acusaciones libertarias por votar en el mismo sentido que los kirchneristas, lo que allana el camino para eventuales alianzas opositoras de amplio espectro.

La renuncia o despido de más de 40 funcionarios, incluido el Jefe de Gabinete, desde que inició el mandato de Milei y el escándalo en el ministerio de Capital Humano aportan un poco más a la confusión general.

 

La vuelta a la calma misionera

Las negociaciones desarrolladas el viernes con los últimos grupos de docentes que sostenían lo que quedaba de la protesta, marcó el final de un conflicto que inició como un reclamo salarial con razones más que válidas, pero que en el camino fue ganando una dimensión mayor gracias a la acción de intereses políticos y sindicales.

La rapidez con la que el conflicto escaló en virulencia tomó por sorpresa a todos, incluso a un Gobierno provincial que siempre se mostró abierto al diálogo, pero que se vio severamente limitado por las restricciones fiscales que impone la crisis económica nacional que está golpeando más fuerte a las provincias que a la Nación.

En circunstancias parecidas, otros gobiernos en otras provincias salieron del paso otorgando aumentos que excedían sus capacidades de pago, lo que derivó en crisis muy dolorosas, como las que atravesaron Chubut y Santa Cruz hace poco tiempo. Misiones en cambio, siempre buscó la manera de satisfacer los reclamos salariales sin comprometer las finanzas públicas en la inteligencia de que esa hubiera sido la peor salida.

Con oficio político, paciencia y haciendo números muy finitos, se lograron cerrar los acuerdos.

Firmada la paz, desde el Gobierno provincial no se emitió ningún mensaje de triunfo, al contrario, desde la conducción del partido bajó la orden concreta de hacer autocrítica, actuar con humildad, tener la oreja más parada que de costumbre y las suelas más gastadas que nunca, para recorrer, escuchar y llevar soluciones a la gente.

Para los sindicatos, la justicia y en alguna medida también para el Gobierno provincial, queda pendiente la tarea de ordenar la representación sindical de los trabajadores para evitar conflictos desgastantes que se prolongan innecesariamente.

En el sector docente, el problema es que hay demasiados grupos que se atribuyen la representatividad de los trabajadores y en el caso de los policías, no debería haber ninguno, porque la ley lo prohíbe y el sentido común lo desaconseja.

Acordados los salarios, con un gran esfuerzo de los misioneros que pagan sus impuestos, la discusión en el sector docente se debería centrar ahora en cómo mejorar la calidad de la educación y sería justo que la energía al servicio de ese objetivo sea similar a la puesta para reclamar por mejores salarios.

 

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