El Gobierno enfrenta una semana clave para su Ley de Bases. Ganancias y transferencias a las cajas previsionales serán ejes centrales en la negociación con las provincias. El plan motosierra dispara bonos y acciones y aplaca la inflación, pero la actividad y la inversión se desploman. Milei apuesta a “remonetizar” con los ahorros de la gente. Analistas cuestionan el atraso cambiario y la sustentabilidad del ajuste. El último informe de pobreza le puso números al fracaso de Alberto y resaltó la gestión de Misiones.
El ministro del Interior Guillermo Francos ya tiene tarea para la semana. El jueves volverá a reunir a los gobernadores con un objetivo claro: conseguir el respaldo necesario para que la versión reducida de la Ley de Bases sea aprobada con trámite exprés en ambas cámaras.
Muchos de los artículos que generaron rispideces cuando la Ley Ómnibus fue tratada en primera oportunidad fueron retirados, como la suba de las retenciones a las exportaciones, o reducidos, como las facultades extraordinarias o el listado de empresas estatales a privatizar. Sin embargo, persisten disidencias con las provincias en cuestiones para nada menores.
El “alivio fiscal” que el presidente Javier Milei prometió a los gobernadores como prenda a cambio del apoyo a su Ley de Bases sigue sin aparecer. Lo más parecido a una medida que compense a las administraciones provinciales por el estrepitoso recorte de fondos al que las sometió la Nación es la reinstauración del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores.
Pero esa propuesta no convence a la mayoría de los mandatarios, especialmente a los de la Patagonia, donde proliferan actividades económicas que pagan sueldos relativamente altos, como la explotación de petróleo o la minería, cuyos trabajadores serían alcanzados por el impuesto.
La discusión en torno a Ganancias es compleja, porque tanto a la Nación como a las provincias les vendría bien un incremento en sus ingresos fiscales, pero hacerlo por vía de una nueva suba en la presión impositiva en tiempos de licuación salarial tendrá un impacto negativo. No solamente en los alicaídos niveles de consumo sino también en el humor de la gente.
El eje de la discusión en los próximos días pasará por definir el mínimo no imponible y la progresividad de las escalas. El borrador que el Gobierno nacional hizo circular hace algunas semanas planteaba un piso salarial de 1,1 millón de pesos y no incluía ningún sistema de actualización automática de ese monto. Si se aplicara de esa manera, el costo de la Canasta Básica Total para una familia de cuatro personas no tardaría mucho en equiparar al mínimo de ganancias, lo que obligaría a trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza a pagar ese tributo.
El otro punto álgido pasa por la distribución de recursos federales. En esa discusión entran los fondos para obra pública, otros de asignación específica como el Fonid, las compensaciones a las cajas previsionales que no pasaron a la Nación y los subsidios al transporte y a la energía.
Ya se avanzó en los primeros contactos, pero tal como ocurriera cuando se debatió la Ley Ómnibus, el Gobierno nacional incurre en contradicciones. Esta semana por ejemplo, Guillermo Francos se comprometió ante los gobernadores del Norte Grande a reactivar las obras que estaban en desarrollo y a iniciar las que ya estaban avanzadas en su proceso administrativo, pero horas después el presidente Milei aseguró que la obra pública seguirá paralizada.
“Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse”, dijo en su disertación ante el IEFA Latam Forum.
En el mismo ámbito, aseguró que el 31 de diciembre daría de baja 70.000 contratos de la administración pública, algo que luego fue desmentido por la vocería oficial del propio Gobierno.
Pero la polémica más caliente con las provincias llegó el jueves, cuando se publicó el decreto 280/2024 que modificó el Presupuesto nacional y en el cual se omitió financiamiento para el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador al Transporte (que distribuye subsidios entre las empresas del interior) y la previsión para efectuar pagos a las cajas previsionales provinciales.
La caída del Fonid y de los subsidios al transporte son medidas durísimas que impactan de lleno en la economía diaria de dos grupos muy amplios: los docentes y los usuarios del transporte público, pero no fueron sorpresivas porque el presidente ya las había anticipado.
En cambio, la eliminación de los recursos para las cajas previsionales provinciales fue una noticia que cayó como una bomba en las trece provincias que no transfirieron su sistema previsional a la ANSES. Además, el Gobierno nacional está comprometido por ley a enviar recursos para esas cajas.
No se trata de una cuestión de caridad, sino de estricta justicia tributaria. Vale aclarar en este punto que la ANSES no se financia únicamente del aporte de los trabajadores que contribuyen a esa caja, sino que el 40% de sus ingresos sale de la recaudación de distintos impuestos que se cobran en todo el país y que también los pagan quienes aportan a las cajas provinciales.
Fueron varios los gobernadores que salieron a poner el grito en el cielo, lo que ameritó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, saliera a aclarar que no se cortarían las transferencias, pero tampoco supo especificar cuándo se pagarían.
“Hay dos problemas: una son las deudas (entre los distritos respecto a las cajas no transferidas), montos difíciles de clarificar porque hay auditorías pendientes para determinar los verdaderos montos a transferir, porque está lo que las provincias reclaman y lo que el Estado debe y, a veces, esos montos difieren. Además, hay provincias que deben y otras a las que se les debe. Pero las partidas dinerarias que estaban en el Presupuesto del 2023, se prorrogaron y actualizaron ahora, están, con diferencias de denominación pero están”, dijo el funcionario.
De acuerdo con los dichos de Francos, luego refrendados por un comunicado oficial del Gobierno nacional, el dinero está, pero recién se transferiría cuando finalice una auditoría que nadie sabe informar cuándo se completará.
Otro aspecto a saldar en la negociación con los gobernadores y con representantes “sin territorio” de la llamada oposición dialoguista pasa por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Gobierno nacional impuso vía DNU.
“El DNU de jubilaciones no resuelve la emergencia previsional… El objetivo de lograr el superávit fiscal a toda costa no exime al gobierno nacional de su obligación hacia los adultos mayores”, escribió la legisladora porteña Graciela Ocaña en un artículo que escribió para Infobae.
El DNU propone actualizar los haberes conforme a la inflación del INDEC, pero “al ver la letra chica nos encontramos con que el mecanismo de reajustes mensuales por inflación regirá de manera directa recién a partir de julio”, advirtió Ocaña.
Lo que efectivamente efectiviza el decreto es que el aumento que se otorgará en abril, mayo y junio será a cuenta del porcentaje que la fórmula de movilidad actual determine para junio. Para abril, mientras tanto, se aplicará un ajuste del 12,5% decidido por el Gobierno, más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio, que llevarán la mínima a 171.216 más un bono, quedando en 241.216 pesos.
Hay reacciones de todo tipo. Uno de ellos fue el gobernador santafesino Pullaro, que anunció el sábado que judicializará el recorte de fondos para la tercera edad. No sería el primer caso. La mitad de las provincias ya tienen juicios en marcha por FONID, ANSES y otros recortes.
El debate se plantea en un contexto de vacas flacas para las provincias, que asumieron buena parte del ajuste que practicó el gobierno nacional. Según cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a las provincias experimentaron una reducción interanual de 19% en términos reales durante el primer trimestre, mientras las que transferencias no automáticas, se redujeron prácticamente a cero.
Fiesta para unos, velorio para el resto
La vocación ajustadora de Milei está causando furor en los mercados financieros. El dólar planchado vuelve atractivas a las inversiones financieras en pesos en la lógica del carry trade, mientras que la caída del Riesgo País y el retorno de los superávits gemelos impulsan a los bonos soberanos que acumulan una ganancia de 40% en dólares en lo que va del año.
Pero la contracara es la rápida caída de la economía real. De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, la actividad económica cerró el primer bimestre con una reducción interanual de 6%, mientras que la medición mensual de la consultora Orlando Ferreres marcó en febrero una retracción interanual de 12,2% en las inversiones orientadas a la economía real, baja que para la construcción fue de 18%.
La recesión profunda en la que está cayendo la economía es la consecuencia de la licuadora que se activó a velocidad plena con el plan Caputo. El poder de compra de los salarios cayó un 20% promedio en el primer bimestre, una debacle más pronunciada que la experimentada después del colapso de fines de 2001.
Semejante licuación de los ingresos de la gente está frenando a la inflación que de acuerdo con estimaciones privadas cerraría marzo en torno al 11% después de una desaceleración en los precios de los alimentos a partir de la tercera semana.
El problema que enfrentará el Gobierno para sostener el camino de reducción de la inflación es que para los próximos meses están previstos aumentos sustanciales en tarifas que estaban contenidas por subsidios que se eliminarán. Después de los aumentos en el transporte público aplicados en marzo, llegarán nuevas subas en el gas y la energía eléctrica.
Otros analistas advierten que el algún momento el dólar deberá ponerse a tono con los demás precios, lo que volvería a alimentar a la inflación.
La licuación de los ingresos y la motosierra en el gasto, son los fundamentos del superávit de las cuentas públicas. Fundamentos que varios analistas consideran endebles, porque más allá de la voluntad ajustadora de Milei, hay límites que en algún momento la sociedad va a imponer.
Al menos eso creen los técnicos del FMI que en sus últimas declaraciones pidieron mejorar “la calidad del ajuste” para que no recayera desproporcionadamente en las familias trabajadoras y consideraron que el superávit de las cuentas públicas no puede sostenerse en el tiempo si está basado en la licuación permanente y en el recorte drástico en las partidas hacia las provincias y la obra pública.
A favor del presidente hay que decir que ese límite social todavía no aparece en las encuestas. Un relevamiento reciente realizado por la universidad de San Andrés sugiere que la mayor parte de la población acompaña a la gestión presidencial.
El gobierno de Milei que en diciembre tenía el 56% de aprobación, en marzo retiene el 51%. Perdió menos de 5 puntos porcentuales a pesar del ajuste que aplicó sobre los ingresos de la gran mayoría de la gente.
Los únicos tres dirigentes que aparecen con un diferencial positivo de imagen pública son funcionarios del gobierno nacional: Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y Javier Milei, en ese orden.
Que Villarruel y Bullrich encabecen el ranking es coherente con otro dato que revela la encuesta: la política de seguridad fua la más valorada por los consultados.
Remonetizando con la tuya
El aspecto que más cuestionan los economistas más cercanos a la ortodoxia liberal pasa por la política cambiaria que está llevando a una situación de atraso del dólar.
La postura del equipo de Caputo es que mientras la brecha no se dispare, no hay motivos para acelerar al dólar. De hecho, el concepto de atraso cambiario no tiene demasiado sentido en la concepción económica de Milei. En varias entrevistas señaló que no es que el dólar el que se atrasa, sino que los demás precios se adelantan.
Más allá de disquisiciones teóricas, lo cierto es que mientras la inflación corra más rápido que la devaluación, Argentina se volverá más cara en dólares, con lo cual se dificultarán cada vez más la exportación y la captación de inversiones.
El cálculo es bastante directo, un proyecto de inversión que hace un par de meses requería un desembolso de 1.000 millones de dólares, hoy demanda 1.400 millones de dólares y dentro de dos meses podría ser todavía más caro. Cálculo muy difícil de digerir para el directorio de cualquier multinacional que en este momento esté evaluando invertir.
Ante la ausencia de mejores opciones para financiarse, el Gobierno nacional apuesta a una de costo cero: los dólares encanutados en los colchones de la clase media venida a menos. En el mismo foro en el que se ufanó de haber eliminado la obra pública, Milei aseguró que la emisión de pesos seguirá congelada e invitó a los ahorristas a desarmar sus canutos para “remonetizar” la economía.
Para los más pudientes está previsto un segundo paso, moratoria mediante, que consiste en el blanqueo de los depósitos en el exterior.
Drama nacional
Si como alguna vez dijo Mauricio Macri, la pobreza es la principal medida de desempeño de una gestión, la de Alberto Fernández terminó con un aplazo. Recibió un país con un índice de pobreza en personas de 35,5% en el segundo semestre de 2019 y lo dejó con uno de 41,7% en el segundo semestre de 2023 de acuerdo con las mediciones del INDEC.
Respecto al segundo semestre de 2022, la pobreza medida a escala nacional aumentó 2,5 puntos porcentuales y la indigencia, 2,6 puntos.
Dentro de un contexto general en el cual el crecimiento de la pobreza pasó de ser un problema, a convertirse en una tragedia nacional, el caso de Misiones se diferencia.
SI bien el caso de la provincia no escapa a las tendencias generales que son el reflejo de las políticas económicas de los gobiernos nacionales, los números de Misiones siempre son mejores, o menos malos que los de casi todas las demás provincias.
Volvió a ocurrir con la última medición: mientras que la pobreza a escala nacional aumentó 2,5% interanual, en la Tierra Colorada aumentó 1,7%. Y en épocas mejores del país, cuando la pobreza bajó, en Misiones bajó más pronunciadamente.
Eso llevó a que una provincia que hace más de 20 años aparecía siempre junto a Santiago del Estero y Chaco entre las de mayor incidencia de la pobreza del país, hoy es la provincia de todo el Norte Grande con menor porcentaje de pobreza. Con 38,4% se ubica 3,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional y 10 puntos por debajo del promedio del NEA.
Las redes de contención que se tienden desde el Estado provincial, así como la pujanza de un sector privado siempre comprometido con la generación de empleo, se combinan en Misiones para amortiguar el efecto social de las sucesivas crisis económicas que genera el país.
La niñez y la juventud son los segmentos etarios más golpeados por la pobreza en todo el país, dato que duplica el desafío para Misiones porque es la provincia con mayor porcentaje de población por debajo de los 18 años.
Atenta a ese contexto, la Provincia pone especial atención en este segmento de la población al que van dirigidos beneficios directos como el transporte gratuito para los estudiantes, la educación pública de calidad y con conceptos innovadores, además de un sistema de salud que está pensado no solamente para mantener el bienestar sino también para alivianar el creciente peso del costo en salud para la población.
Javier Milei abrió otro frente de conflicto con los gobernadores
Milei quiere que los argentinos saquen sus dólares del colchón para llevar adelante su política económica: serían unos 277 mil millones
