Uruguay planea crear una “sala de desastres” para monitorear crisis climáticas ante la seguidilla de fenómenos cada vez más extremos

Ante la advertencia de que los temporales serán cada vez más frecuentes, el Sistema de Emergencias del país centralizará la información para coordinar la respuesta de las oficinas estatales

Uruguay atravesó recientemente por una seguidilla de 10 días de lluvias y tormentas que tuvo consecuencias dramáticas en varias ciudades del país. Hubo turbonadas, caídas de árboles, ríos que crecieron, rutas cortadas y personas que debieron dejar sus hogares porque estaban inundados. A cinco días del más fuerte fenómeno climático, las consecuencias persisten: más de 5.300 personas no han podido retornar a sus viviendas.

Pero mientras la crisis se normaliza, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) comienza a prepararse para otros fenómenos que puedan ser de igual o mayor magnitud, dado que los científicos coinciden en que estos eventos se verán cada vez con mayor frecuencia en los próximos años.

Los eventos climáticos de los últimos días pusieron de manifiesto la necesidad de coordinar respuestas rápidas para prevenir daños mayores, una urgencia que dio origen a la idea de crear una “sala de desastres”, informó El Observador. Tendrá el objetivo de reunir en un solo lugar toda la información con la que cuenta el Estado.

La intención de las autoridades es que esté ubicada en el piso 4 de la Torre Ejecutiva (la casa de gobierno), donde funciona la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, y que tenga acceso a diferentes base de datos del gobierno para mostrar en un único panel todo lo que ocurre. El director del Sinae, Santiago Caramés, explicó que centralizar la información en un solo lugar permite tomar mejores decisiones.

El panel de esta “sala de desastres” mostrará, por ejemplo, los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la cantidad de personas que están sin conexión eléctrica, los reportes del suministro de agua potable y las mediciones de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) sobre los ríos y arroyos que pueden provocar inundaciones, cortar accesos o aislar pequeños pueblos.

Caramés destacó que la idea se trabaja desde hace meses y señaló que la mayoría de los datos ya están disponibles, pero que actualmente se procesan de forma interna y separada por los organismos. Con el desarrollo de este sistema, se busca que los implicados tengan acceso a otra información que permita responder más rápido e incluso prevenir otras situaciones dramáticas.

“La idea es replicar todas las salas de situación que hay en el país, hacerlas interoperables, integrar todo, y tener un centro de monitoreo. Tener todos los organismos especializados en un solo lugar, porque ahí podés ver las amenazas, la exposición que tiene el país”, señaló Caramés.

Parte de la información que incorporaría la “sala de desastres” incluye un relevamiento realizado por la Dinagua que muestra cuáles son las 11 localidades de Uruguay que tienen un “riesgo muy alto” de sufrir inundaciones (Mercedes, Durazno, Artigas, Paysandú, San José de Myo, Santa Lucía, Treinta y Tres, Salto, Paso Carrasco, Ciudad del Plata y Juan Lacaze).

Otras 14 ciudades, en tanto, tienen un “riesgo alto” de inundación al tiempo que en total son 157 las localidades que tienen algún nivel de riesgo de inundaciones.

El informe de la Dinagua, realizado en 2022, identifica que unas 100.000 personas viven en áreas que son inundables y que hay 38 localidades en la que residen casi 23.000 habitantes que pueden quedar “completamente desconectadas” por posibles cortes en las rutas de acceso.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció en una conferencia de prensa que el objetivo, en una primera etapa, es la asistencia a las personas que perdieron todo y no pueden volver a sus hogares. La siguiente fase se iniciará probablemente en la próxima semana e involucrará inversiones en infraestructura. El mandatario anunció que el Sinae, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los ministerios de Economía y Transporte y la Presidencia se reunirán para evaluar los daños y la asistencia que pueda brindar el gobierno nacional.

Uruguay, según la Dinagua, tiene una brecha de infraestructura hídrica que asciende a USD 2.600 millones.

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