La jueza María Eugenia Capuchetti procesó a cinco personas por ser parte de una organización criminal dedicada a efectuar solicitudes fraudulentas ante el Estado argentino para el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.
Uno de los procesados es Adrián Martínez Moreira, que hace años se presenta como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos, lo que le permitió ponerse en contacto con víctimas del terrorismo de Estado, entrar a sus casas y ganarse su confianza.
Incluso llegó a dar datos que hicieron ilusionar en vano a Madres y Abuelas que hace mucho tiempo buscan a los suyos. Junto con un equipo de abogados se presentaba como un facilitador a la hora de gestionar las políticas reparatorias.
Según consignó Capuchetti, el puntapié para toda esta maniobra delictiva fue una declaración testimonial que Martínez Moreira brindó en la causa sobre el Plan Cóndor en 2013. Para sustentar sus mentiras, adulteró la declaración de Adriana Calvo, sobreviviente del Circuito Camps.
Si bien el testimonio de Calvo –uno de los personajes más estremecedores en la película Argentina, 1985– es conocido desde hace casi 40 años, Moreira se ingenió para fraguar una declaración y decir que la sobreviviente lo había brindado ante la justicia alemana en 1999. Cuando Moreira urdió esta maniobra, Calvo llevaba un tiempo fallecida.
Sus compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunciaron la falsedad. Moreira redobló la apuesta y denunció a Carlos Lordkipanidse, que, por entonces, presidía la AEDD. Según reconstruyó Capuchetti, ésta sería una de las características de la organización: hacer un desplazamiento circular de las evidencias y multiplicar denuncias.
La jueza, además, procesó al abogado Omar García y a otras tres mujeres, Leticia Gaete, Nicole Garrido Piris y Susana Claudia Feldman. En la Secretaría de Derechos Humanos, que actuó como querellante en la causa, acogieron favorablemente la resolución de la jueza y consideraron que se trataba de un fallo fundado.
Un fabulador que se hace pasar por hijo de desaparecidos
Dice llamarse Adrián Martínez Moreira, llegó a dar datos que hicieron ilusionar en vano a Madres y Abuelas, y con un abogado prometió gestiones para las víctimas del terrorismo de Estado.
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Martínez Moreira dice haber nacido en 1986 en Misiones, hijo de padres paraguayos que fueron secuestrados en 1988 por un comando de la policía de Alfredo Stroessner. Sostiene, además, que habría sido apropiado por un integrante del Batallón de Inteligencia 601, que estaba en Paraguay.
Es poco lo que coincide del relato de quien dice ser Martínez Moreira con lo que encontró la Justicia federal de Morón y de San Martín, y con la reconstrucción que se hizo desde la respetada Unidad de Apropiación de la Procuración, que dirige el fiscal Pablo Parenti.
Martínez no nació en 1986 –como él dice– sino en 1993 en Misiones, donde fue adoptado por una pareja que tiempo atrás había adoptado a su hermana biológica. Anotado en Misiones como Ovidio Martínez, pasó a llamarse Matías Ezequiel López con su nueva familia.
El hombre que lo adoptó no figura en los registros del Ejército y su única vinculación con la fuerza habría sido haber cumplido el Servicio Militar Obligatorio. Ninguno de los familiares que él lista como propios tiene sentencia por desaparición forzada. Martínez Moreira no es sociólogo ni estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como cuenta. Distintos estudios dan cuenta de que padece trastornos psiquiátricos.
Pese a todo, este hombre logró que un juzgado inscribiera su nacimiento como Martínez Moreira, después de decir que había dado con una abuela biológica. El juez lo registró hace unos años sin contar el resultado de un análisis de ADN ni ninguna otra prueba que validara el relato del joven. No tuvo la misma suerte en el juzgado federal de Morón –a cargo de Juan Pablo Salas– ni en el juzgado federal de San Martín –que dirige Alicia Vence–.
En San Martín, se había presentado para denunciar la desaparición de un supuesto tío, que habría sido secuestrado en La Plata, llevado al Infierno de Lanús y después a Automotores Orletti en abril de 1976. No hay evidencia de que ese centro clandestino estuviera operativo entonces. Según Moreira, su tío después habría sido trasladado a Campo de Mayo y a Puente 12.
Para sustentar esa presentación, Martínez Moreira inventó un testimonio de Adriana Calvo, la fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) que falleció en diciembre de 2010.
Curiosamente y para beneficio de Martínez Moreira, él había encontrado nombres de sus presuntos familiares en una declaración que Calvo habría dado en 1999 ante autoridades alemanas.
La alteración del testimonio y de la firma de Calvo motivó la presentación de una denuncia penal por parte de sus compañeros de la AEDD. Era obvio que Calvo no podía haber dado un testimonio distinto a los casi 20 que había brindado desde 1981, sostuvieron. Además, Adriana dedicó su tarea en la AEDD a reconstruir con minuciosidad los nombres de quienes habían sido vistos en cada centro clandestino de la dictadura.
La jueza Vence desestimó el 10 de diciembre de 2014 la denuncia de Martínez Moreira con una descripción elocuente del impacto que sus maniobras estaban teniendo. “Ha quedado suficiente demostrado con los informes a los que se hizo referencia y demás elementos probatorios colectados en la presente que Matías Ezequiel López ha construido con un alto grado de éxito hasta un determinado momento un relato fantasioso de los diversos y graves hechos que denuncia, ocasionando con ello serias y notorias implicancias en los ámbitos mediáticos, judicial y hasta personal en aquellos familiares de víctimas en casos de apropiación de niños por la represión ilegal”, sostuvo la magistrada de San Martín.
Pasaron los años y Martínez Moreira continuó activo, prometiendo gestiones para conseguir el rápido otorgamiento de las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. Lo hace acompañado por un abogado. Desde la Secretaría de Derechos Humanos dijeron que estaban en estado de alerta ante las posibles maniobras y ratificaron que no hace falta recurrir a intermediarios para tramitar las leyes reparatorias.
«Es preocupante que esta persona esté trabajando con víctimas del terrorismo de Estado”, dice a Página/12 una víctima de la dictadura que sigue con amargura los avatares de esta historia. “Esto puede tener un costo para la credibilidad de la memoria que hace años los organismos de derechos humanos vienen construyendo. Es jugar con la incertidumbre que tenemos los familiares de desaparecidos”.
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— misionesonline.net (@misionesonline) June 28, 2023
se hizo pasar por hijo de desaparecido
Fuente: Página 12
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