La Corte otorgó una cautelar a la cementera Loma Negra, de la brasileña Camargo Correa, que quedará eximida temporalmente de pagar anticipo de Ingresos Brutos al ingresar a Misiones. 20% de la recaudación de la provincia llega por esa vía. Juntos por el Cambio festejó la medida que beneficia a la implicada en el “Lava Jato”, amenaza la autonomía de las provincias y podría desfinanciar a Misiones.
El máximo tribunal de justicia de la Nación se declaró competente para resolver una demanda contra Misiones elevada por la empresa cementera que desde hace unos 15 años está en manos del grupo brasileño Camargo Correa, uno de los más grandes de Latinoamérica en su rubro y que estuvo implicado en el mayor escándalo de corrupción de Brasil, el caso conocido como “Lava Jato”.
La Corte deberá determinar si es constitucional el régimen de percepción de ingresos brutos que instrumenta Misiones, al igual que otras provincias, y habilitó a la cementera a quedar fuera de ese régimen mientras se resuelve la cuestión de fondo. Lo que está en juego es la autonomía de las provincias que le permite generar recaudación propia.
Para ello el tribunal nacional decretó una medida de no innovar mediante la cual ordena al Gobierno provincial a abstenerse de obstaculizar el ingreso de mercadería de Loma Negra a Misiones por el solo hecho de no haber efectuado el pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre Ingresos Brutos.
La cautelar de la Corte a favor de una empresa de capitales extranjeros que exige no pagar el anticipo de IIBB en el ingreso a Misiones, dividió aguas entre las fuerzas políticas de la provincia.
Desde el Gobierno cuestionan la decisión del tribunal y defienden la soberanía fiscal de la provincia. Consideran que el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos es fundamental para sostener la política fiscal que le permitió a Misiones mantener una obra pública más activa que el resto de las provincias de la región e impulsar políticas de desarrollo que benefician a prácticamente todos los sectores de la economía provincial.
El secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, descartó que régimen de pago a cuenta sea equiparable a una “aduana paralela” y se mostró confiado en que la Corte determinará que dicho régimen se ajusta a la Constitución.
Advirtió que el tema resulta vital para mantener la solidez fiscal de la Provincia porque entre 20 y 25 por ciento de la recaudación propia llega por esa vía.
Desde la oposición, en cambio, salieron a defender los intereses de la cementera brasileña y sostienen que el régimen de percepción y retención de impuestos perjudica el desarrollo de la economía.
En este punto conviene aclarar que el régimen de percepción de IIBB y los controles fiscales en los ingresos a la provincia fueron instaurados como una medida para combatir la evasión impositiva, no como un instrumento para incrementar a la carga de impuestos.
En ese sentido Safrán explicó que en Misiones no hay doble tributación como denuncian desde algunos sectores de la oposición, porque lo que se paga como anticipo no se vuelve a pagar luego de ninguna otra manera.
Pese a ello, Juntos por el Cambio salió a militar el desfinanciamiento del Estado provincial con un comunicado en respaldo a la cautelar con la que la Corte preservó los intereses de la compañía brasileña implicada en el caso de corrupción más grande del país vecino.
Curiosamente, desde esta fuerza política cuestionan el régimen que se aplica en Misiones, pero no dicen nada del que se aplica en la provincia de Jujuy, gobernada por el radicalismo, donde se instrumenta un sistema casi idéntico.
Entre sus argumentos, los cambiemistas recurren a lugares comunes nunca verificados como una supuesta tendencia de supuestas empresas misioneras (que supuestamente serían muchas) a instalarse en Corrientes por las supuestas dificultades que les supondría trabajar en Misiones. Demasiadas suposiciones frente a una realidad que muestra exactamente lo contrario.
Cuando se dejan de lado los supuestos y se miran los datos, la realidad es muy distinta a la que suponen en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, uno de los sectores en los que ambas provincias se disputan inversiones es la forestoindustria. Según los datos más actualizados del relevamiento que se expuso en la última reunión de la Mesa Forestal, Misiones triplica a Corrientes en cantidad de empresas y de trabajadores relacionados a ese sector.
De la misma fuente surge además que durante la vigencia del régimen mal llamado “aduana paralela” la cantidad de aserraderos en Misiones no descendió, como auguraban desde la oposición, sino que aumentó: desde 438 establecimientos en 2015 a 669 activos en 2021.
El comunicado de Juntos por el Cambio afirma además que la política tributaria de Misiones “resta competitividad a distintas cadenas de valor”. Nuevamente los datos desmienten la afirmación de los opositores al punto de que Misiones es la provincia con mayor cantidad de empleo privado en el NEA, según el INDEC, y en la que más rápidamente se genera empleo registrado, algo incompatible con la supuesta pérdida de competitividad a la que hacen referencia desde JxC.
Otro supuesto que agitan desde la oposición en su comunicado hace referencia a una hipotética suspensión del comercio con Misiones por parte de “muchas empresas” que estarían disconformes con el régimen de percepción de impuestos. La referencia es tan difusa e imprecisa que cuesta desmentirla.
¿Cuáles empresas dejaron de operar con Misiones? El comunicado no lo especifica y ese dato tampoco surge de una observación de una realidad que muestra una situación contraria a lo que dicen los opositores: no se verifica faltante de ningún producto de ninguna marca específica y cada vez son más las empresas de cadenas nacionales que deciden instalarse en la provincia.
Las intenciones reales
Un dato que sí surge del análisis de la estadística es que desde la instauración del régimen de percepción de IIBB y de los controles fiscales ruteros en los accesos a la provincia (en 2007) la recaudación de ese impuesto se incrementó sustancialmente, muy por encima del aumento registrado en la actividad económica durante el mismo período.
Lo que demuestran esos datos es que lejos de perjudicar a las empresas, lo que hicieron las llamadas “aduanas paralelas” es combatir de manera efectiva la evasión impositiva, lo que estableció bases más equitativas de competencia e incentivó de esa manera la instalación de nuevas compañías.
A lo que apuntan en definitiva empresas como Loma Negra que objetan el sistema que adoptó la Dirección Provincial de Rentas y los dirigentes políticos que respaldan estos planteamientos es a volver al status anterior, en el cual era mucho más sencillo evadir la tributación de Ingresos Brutos, y de ese modo sacar ventaja respecto a los empresarios que sí cumplen religiosamente con esa carga.
Lo que está en juego en definitiva es una disputa entre sectores del empresariado y la política que buscan desfinanciar al Estado en beneficio de grandes compañías que pretenden evadir impuestos y un gobierno provincial que defiende su potestad para defender su derecho a cobrar impuestos, consagrado en la Constitución nacional.
Cuando se agrega al análisis el hecho de que Misiones es una de las provincias más desfavorecidas en el reparto de la coparticipación federal, la necesidad de sostener un determinado nivel de recaudación propia resulta fundamental para la aplicación de políticas efectivas de desarrollo social y económico.
Ampliación de la Corte Suprema: el proyecto obtuvo media sanción en Senadores y pasa a Diputados @SenadoArgentina https://t.co/pAgyyvjBfF
— misionesonline.net (@misionesonline) September 23, 2022
Adolfo Safrán: “Vamos a demostrar que no tenemos una aduana paralela”
