Los militares elaboraron una estrategia de comunicación para eclipsar las protestas sociales, elevar el apoyo al conflicto bélico y responder a las informaciones "alarmistas" procedentes del exterior, según se desprende de documentación a la que tuvo la agencia Télam. Cómo aplicaban la más férrea censura y manipulaban la información que llegaba al pueblo argentino.
La Junta Militar elaboró días después del 2 de abril un «Plan de Comunicación Social para la Recuperación de las Malvinas», cuyo objetivo era «neutralizar» toda información negativa que afectara los objetivos «políticos y militares» de la reconquista.
Para la Junta Militar, el control social a través de la propaganda era un imperativo porque la recuperación de las islas había estado precedida de una creciente dinámica de protestas por la situación económica que alcanzó su cenit en la marcha «Pan, Paz y Trabajo».
El 30 de marzo, la CGT conducida por Saúl Ubaldini, convocó a una concentración bajo esa consigna ecuménica que desbordó la Plaza de Mayo de trabajadores y ciudadanos hartos del gobierno militar.
La movilización terminó con represión y detenidos, pero pese a ello, tres días después, una multitud celebró con el presidente de facto Leopoldo Galtieri la noticia de que las Malvinas habían sido recuperadas.
En ese contexto de efervescencia social y reclamos cada vez más audaces del sindicalismo, la Junta elaboró una estrategia de comunicación que eclipsara las protestas y elevara el apoyo a la iniciativa bélica.
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«La maniobra psicológica instrumentada en base a noticias falsas o distorsionadas estaría alcanzando éxitos parciales, ya que se observa en algunos sectores una duda creciente sobre la oportunidad del operativo de recuperación argentina y sobre los daños materiales y vidas que puede causar una agresión de la Flota inglesa (sic)», señaló el plan elaborado por la Junta al que tuvo acceso Télam.
Firmado por el contraalmirante Salvio Olegario Menéndez -reclamado luego por la justicia española por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA-, el plan evaluó que «hasta el momento (8 de abril) la actitud de los medios privados del país si bien es de total apoyo a las políticas y acciones del Gobierno Nacional, preocupa por los espacios destacados que dedica a informaciones alarmistas provenientes de Europa».
Por esa «preocupación» sobre la cobertura del conflicto, la administración de facto propuso que «el Estado Mayor Conjunto (conducción de las Fuerzas Armadas), en coordinación con la Secretaría de Información Pública, centralizará, planificará y desarrollará una intensa acción de comunicación social a fin de apoyar los objetivos políticos y militares de la Junta».
Básicamente, el jerarca de la inteligencia militar y ex subdirector de la ESMA propuso «neutralizar toda información negativa que provenga del exterior a través de una armónica tarea de comunicación social».
«Todos los programas a emitir serán previamente grabados y autorizada su difusión total o parcial por los interventores de los medios oficiales»
Sentenciaba el contralmirante Menéndez
La «información negativa» no era solo militar, desde principios de la década el Banco Central venía perdiendo reservas a niveles alarmantes y la conducción económica tomaba decisiones que licuaban los salarios de trabajadores y ahorristas.
Una de esas medidas antipopulares fue la circular 1050 que autorizó el ministro de Economía de entonces, José Martínez de Hoz, para que los préstamos hipotecarios se actualizaran a valores de mercado, lo que fundió a miles de ahorristas y pequeños comerciantes.
No obstante las inequidades que los argentinos experimentaban en su economía cotidiana, la Junta suponía que «el accionar psicológico sobre la opinión pública nacional puede ejecutarse en forma centralizada y dirigida, según las necesidades nacionales en el terreno armado o de la negociación».
La Junta pretendía que las transmisiones desde el frente mostraran «aspectos que destaquen la vida normal de las islas» y los «logros» de las fuerzas argentinas.
Con esa lógica de límites a la expresión, la Junta había prohibido días antes del 2 de abril las películas «El pueblo contra Alice Cooper» y «Pixote», del argentino Héctor Babenco, que trataba sobre un niño que luchaba por sobrevivir a la pobreza y la marginalidad en Brasil.
«Todos los programas a emitir serán previamente grabados y autorizada su difusión total o parcial por los interventores de los medios oficiales», sentenciaba el contralmirante Menéndez dentro de esa estrategia de censura.
Este plan de control mediático se difundió una semana después del desembarco argentino en Puerto Argentino, cuando el Reino Unido hacía sus aprestos militares, y los combates que definieron el conflicto todavía estaban lejos.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2022
Sí estaba claro para los militares en aquel momento que no permitirían que los corresponsales extranjeros ingresaran a las islas, «especialmente agencias de noticias», que por su capacidad de difusión mundial podían complicar el apoyo social.
La Junta entendía que conducir la comunicación del conflicto era una «necesidad» para evitar «la difusión de noticias alarmistas procedentes del exterior» pero contemplaba excepciones cuando la eventual noticia fuera «aprobada por el interventor del medio y sea presentada con un comentario que la minimice o neutralice».
La recuperación de las islas tuvo como objetivo retomar, a través de un anhelo histórico, la iniciativa política perdida a manos de la «Multipartidaria», que reunía a los principales partidos políticos, y a las conducciones sindicales combativas.
Los militares detectaban que su poder venía menguando y el de la sociedad civil aumentando y sabían que esa dinámica no desembocaría en nada bueno sino recuperaban la iniciativa y la gobernabilidad; fue entonces que desempolvaron el viejo proyecto de recuperar las Malvinas por la fuerza.
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