La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamó la participación del ministerio de Ambiente de la Nación y que se activen mecanismos de participación ciudadana para la hidrovía Paraná- Paraguay.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cuestionaron el decreto nacional 555/21, por medio del cual se creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que administrará la hidrovía Paraná-Paraguay, porque no incluyó al ministerio de Medio Ambiente de la Nación y a las organizaciones sociales que defienden los ecosistemas y a los vecinos que viven en las riveras.
“Nosotros observamos por un lado el déficit muy marcado en el nacimiento de este órgano de control que se venía reclamando y exigiendo, pero con una conformación mucho más amplia, más participativa”, afirmó Lucas Micheloud, miembro de la asociación.
Uno de los puntos cuestionados tiene que ver con la creación del Consejo Directivo del ente, que tendrá 15 miembros, por los ministerios de Transportes, del Interior, de Producción y representantes del Poder Ejecutivo y las provincias “pero no hay ninguna participación a los movimientos sociales, ambientales. Es decir se deja de lado abiertamente a todo lo que es la participación ciudadana. Esto es algo que nosotros veníamos reclamando fuertmente en el Consejo Federal de la Hidrovía, porque estamos participando y somos miembro”.
El abogado de Rosario, en la provincia de Santa Fe, calificó al órgano como “netamente político”. “Veníamos exigiendo una mesa de conversación que incluya, por un lado al ministerio de Ambiente, que no está la mesa de conversación y que en la creación de este órgano, se lo vuelve a dejar de lado”, lamentó.
Micheloud, insistió que el ministerio que encabeza Juan Cabandié debería ser clave y tener un liderazgo en todo el proyecto. “Es nuevamente desplazado y no forma parte de este consejo directivo. Se lo ha dejado como un órgano asesor, como si fuera una comisión de asesoría. Es algo preocupante cómo se lo ha subvaluado al ministerio de Ambiente en todo este proyecto”, lamentó.
El abogado recordó que el proyecto de la hidrovía nació durante la década de los 90, en medio de la reforma del Estado y las privaticaciones, “absolutamente desambientalizado, sin un órgano de control. Esto se venía reclamando y exigiendo en los últimos 25 años. Lo que nadie esperaba es que nazca un órgano de control absolutamente desambientalizado sin participación ciudadana y a través de un decreto, desplazando también al Congreso Nacional en un rol que debería también asumir todas las legislaturas o todos los representantes”, analizó.
Micheloud citó el caso del gobierno de su provincia, del que afirmó, “viene alineado con las estrategias del gobierno nacional. No está en su plataforma o en su considerando la incorporación del ministerio de Ambiente de la Nación y menos aún de los mecanismos de participación ciudadana. Esto es también algo muy preocupante”, insistió.
En ese sentido, el ambientalista reveló que el mismo decreto, en sus considerandos, menciona la necesidad de contar con mecanismos que permitan la participación ciudadana “pero cuando pasa a la parte dispositiva, cuando crea este órgano y le asigna funciones deja absolutamente de lado a la participación ciudadana y esto es grave porque nuevamente se vuelve a refritar de algún modo, a traer a cuenta la falta de decisiones públicas que incorporen la participación ciudadana”.
Para Micheloud, el decreto deja de lado a las comunidades hidrosociales, a los movimientos sociales, ambientales, a las poblaciones rivereñas y de pescadores. “Esto es grave por dos razones: primero porque ratifica el modelo de los 90 que viene se cuestionando duramente y que lo ha hecho inclusive el propio gobierno, por eso llama poderosamente la atención”.
En este contexto, el ambientalista insistió que el proyecto tiene la misma concepción de los años 90, cuando se redujo la autovía a una “una gran autopista fluvial». “Todos los mecanismos de control, según el decreto, están orientados a controlar fundamentalmente el peaje y las obras de ampliación o de artificialización que se quiera hacer del río Paraná”.
Micheloud reclamó que el río es un bien colectivo por lo cual, los mecanismos de control con participación ciudadana tienen que estar orientados a que no se perjudiquen los ecosistemas fluviales, que se preserven los humedales, la fauna ictícola e incorporar a las comunidades que habitan el territorio en la toma de decisiones.
“Esto es grave porque lo que está en juego, es el acceso del agua saludable por parte todas las comunidades, la preservación de los ecosistemas fluviales. Lo que hay es como una ceguera por parte del Estado en este proyecto totalizante, que se aparta y se aleja del Estado de derecho ambiental que establece este instrumento de política y gestión ambiental orientado a realizar evaluaciones ambientales estratégicas, estudios de impacto ambiental, incorporar la participación ciudadana en la confección de esos estudios y en los mecanismo de control”, advirtió.
Abogados ambientalistas criticaron al Ente que administrará la Hidrovíahttps://t.co/bQTHjVaFSj
— misionesonline.net (@misionesonline) August 28, 2021
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