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País en modo campaña, Provincia en modo gestión

Como algunos animales que cambian de piel y salen de sus cuevas cuando se acerca el verano, la política argentina también modifica su apariencia y sus hábitos cuando siente el calor, pero en ese caso no del sol sino de las elecciones. Como ocurre cada dos años, las promesas de superar la lógica antinómica bautizada como “la grieta” se olvidan totalmente para dejar lugar al enfrentamiento frontal y la procura constante de la desacreditación del rival. Abunda el discurso de barricada y la búsqueda de enemigos comunes y consignas rimbombantes que unifiquen a la propia tropa.

 

La última semana de febrero le dio a la oposición la oportunidad de ocupar el centro de la escena con dos novedades de alto perfil mediático: el vacunatorio VIP y la condena por lavado de dinero a Lázaro Báez. La reacción del Gobierno no tardó en llegar. El presidente Alberto Fernández cambió el traje de profesor moderado por el uniforme de batalla y aprovechó el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso como cadena nacional para declarar formalmente el inicio de la temporada de campaña.

 

Con dos anuncios explosivos consiguió recuperar la centralidad perdida, marcó el tono a su propia tropa y, lo más importante, eligió a sus enemigos: Macri y la justicia. Primero ordenó avanzar con una querella judicial por el acuerdo que celebró su antecesor con el FMI y luego anticipó la conformación de una bicameral para auditar a los jueces.

 

Ambos anuncios resultaron efectivos para volver a unificar dentro del mismo río a las diversas vertientes que conforman el Frente de Todos y sepultar los cuestionamientos que desde el kirchnerismo duro venían planteando puertas adentro a un presidente no siempre dispuesto a acatar los dogmas emanados desde el Instituto Patria.

 

Por añadidura, el inicio de un proceso de investigación del financiamiento descaradamente proselitista que consiguió Macri de manos del FMI, le garantizará al Gobierno mantener en agenda un aspecto negativo del gobierno de Juntos por el Cambio respecto del cual la fuerza que ahora es oposición no tiene ningún argumento en su defensa.

 

Hablar del préstamo del FMI es recordar el fracaso del Gobierno anterior en el manejo de la economía, estrategia que por efecto de contraste puede resultar particularmente efectiva si la gestión actual logra consolidar la tibia recuperación de la actividad que comenzó en la segunda parte del año pasado.

 

Pero avanzar en la querella también tendrá un costo para el propio gobierno de Alberto: la renegociación de la deuda quedará congelada hasta nuevo aviso. Por un lado, la postergación de dicha negociación privará al Gobierno de la posibilidad de dar antes de las elecciones una buena noticia que podría dinamizar la economía, pero por otro lado le evitaría al mismo Gobierno la ingrata tarea de adecuarse a los requerimientos, por lo general impopulares, que suele exigir el FMI como moneda de cambio en toda negociación.

 

Revisar no solo las condiciones en las que se tomó en endeudamiento, sino también el destino que se le dio al dinero recibido no solo remite a las enormes deficiencias en la gestión del gobierno de Macri, sino que también cierne sobre el expresidente y su entorno fundamentadas sospechas de corrupción y con ello le quita a Juntos por el Cambio el monopolio de la denuncia.

 

En esa línea, el Ministerio de Educación realizó ayer una presentación ante la Oficina Anticorrupción acusando a la gestión de Macri por supuestas irregularidades cuantificadas en 62 millones de dólares en otro de sus fracasos: el programa “3.000 Jardines” que proponía construir esa cantidad de jardines de infantes, pero solo logro licitar menos de 300 y terminar apenas 107.

 

El otro enemigo que eligió Alberto fue la justicia. Si bien se trata de un poder del Estado tan desprestigiado como los otros dos, el anuncio de la creación de una comisión bicameral que audite el accionar de los jueces generó lecturas contradictorias.

 

La propia tropa lo celebró como una decisión firme para desenmascarar operaciones de “lawfare” contra exfuncionarios del gobierno de Cristina y empresarios relacionados a la expresidente, pero desde la oposición y un generoso arco de medios de comunicación salieron a hablar de una avanzada “contra la justicia” cuyo principal objetivo sería disciplinar a los jueces que llevan las causas en las que se investiga a la Vicepresidente.

 

La propia Cristina se encargó de unificar las voces del Frente de Todos en torno a las críticas a la Justicia en su declaración televisada realizada en el marco de la causa Dólar Futuro, seguramente la más endeble de las presentadas contra su administración. La vicepresidente acusó al Poder Judicial de actuar como una facción política. “Ustedes contribuyeron a que ganara Macri y son responsables de lo que pasa con la economía”, fustigó.

 

El ataque verbal de la fórmula presidencial contra el Poder Judicial sirvió para unificar a las propias fuerzas, pero también cohesionó a la oposición que encontró en la “defensa de la justicia” una consigna de campaña que pareciera haber sido creada a su medida.

 

Una represión difícil de digerir

 

Los intentos de Alberto y de Cristina de unificar a los suyos en contra de enemigos comunes fueron entorpecidos por acontecimientos ocurridos en Formosa que desnudaron algunas de las contradicciones en la alianza gobernante.

 

En la provincia norteña se detectó un “rebrote” de 17 casos de coronavirus y su gobernador, Gildo Insfrán, dictaminó el regreso a la fase 1 de la cuarentena. Después de casi un año de lidiar con las severas restricciones impuestas por el gobierno de esa provincia, el retroceso en las medidas de distanciamiento social llevó al punto del hartazgo a miles de personas que salieron a manifestarse en contra.

 

Parte de los manifestantes intentaron ingresar a la Casa de Gobierno que estaba vallada y vigilada y la policía reprimió sin demasiado pudor.

 

El Gobierno nacional se vio entonces obligado a elegir entre poner en evidencia a un aliado político o a sus propias contradicciones. Eligió preservar las relaciones con el eterno gobernador formoseño al precio de justificar un grado de represión que hubiera merecido denuncias de salvajismo de haber sido ordenada por cualquier gobernador no oficialista.

 

Las dificultades que encontró el Gobierno nacional para lidiar con el tema quedaron expresadas en un insólito comunicado de la secretaría de Derechos Humanos en el que, palabra más, palabras menos, responsabilizó por los disturbios a “los medios hegemónicos de comunicación” (otro de los enemigos preferidos del kirchnerismo), al “uso político de la oposición” y a la “violencia desmedida de los manifestantes”.

 

Justificar los palos y las balas de goma de la policía sobre la población civil provocó un fuerte debate interno en una fuerza política con pretensiones de progresía. Ningún funcionario nacional se animó a levantar la voz en contra de la represión en Formosa, pero en redes sociales fueron muchos los militantes kirchneristas que manifestaron su desencanto.

 

La respuesta a estos planteos fue una insólita versión conspirativa que circuló en redes sociales según la cual la manifestación en contra de la cuarentena de Gildo sería una respuesta orquestada por la “patria sojera” (otro enemigo) supuestamente perjudicada por el secuestro de algunos camiones cargados con esa oleaginosa que tenían como destino el contrabando a Paraguay.

 

Gobierno en gestión, oposición en stand by

 

En Misiones todavía no se respira el clima electoral. Por el lado del oficialismo no hay mucho espíritu proselitista. Desde la renovación tienen en claro que los misioneros no los votarán por lo que escuchen en los discursos de campaña sino por la valoración que hagan de la gestión. “La campaña es la gestión”, repiten como un mantra desde el espacio que lidera “El Conductor” Carlos Rovira.

 

El buen manejo de la pandemia, no solo en lo que refiere al desafío sanitario que representó la irrupción del Coronavirus sino también en la gestión de la emergencia social y económica que generó, le valió al gobernador Oscar Herrera Ahuad los mayores niveles de respaldo del país.

 

La conducción de Rovira que siempre apuntó a preservar a Misiones del estéril ruido político que impera en el escenario nacional dominado por la lógica de la grieta, resultó fundamental para establecer un contexto propicio para el desarrollo de la gestión gubernamental de Herrera Ahuad, que encuentra en el contacto directo con la gente uno de sus rasgos característicos más valorados por la población.

 

Cuando asumió, el gobernador anticipó que la ruta sería su oficina y esa convicción lo llevó a lugares de la geografía misionera a los que no había llegado ningún otro gobernante u opositor.

 

Por otra parte, la situación crítica que atraviesa la economía nacional desde mediados de 2018 y que se agudizó el año pasado por la pandemia no hizo más que revalorizar los esfuerzos que hace la provincia para resolverle a la población, de manera gratuita y con altos estándares de calidad, sus necesidades en materia de salud y educación, al punto que en Misiones no solo es gratuita la escuela sino también el transporte para llegar a ella. En términos concretos, la prestación gratuita de esos servicios se puede cuantificar como uno o dos salarios extra al año para cada misionero.

 

Mientras que por el lado del oficialismo lo que demora el inicio de la campaña es el desinterés en el proselitismo, por el lado de la oposición las dificultades para iniciar el camino a junio pasan por la incertidumbre en el armado de los frentes.

 

El principal problema para Juntos por el Cambio tiene nombre, apellido y hasta apodo: Leonardo “Lalo” Stelatto. En sotto voce, los dirigentes de esa fuerza reconocen que esta vez les resultará muy difícil hacer una buena elección en Posadas, su principal bastión electoral, dado que la gestión del intendente está muy bien conceptuada por la gran mayoría de los vecinos.

 

Con las expectativas electorales bastante menguadas, la pelea se centra en los primeros cuatro lugares de la lista de candidatos a diputado provincial, los únicos con expectativas de llegar. Por acuerdo interno la lista estará encabezada por un radical, que es la fuerza que pone en juego mayor cantidad de bancas, y se baraja el nombre de Ariel “Pepe” Pianesi para ocuparlo.

 

El segundo lugar le toca al PRO, pero con la obligación de designar a una mujer, Gabriela Szyszko, que ya fue candidata a diputada nacional, corre con ventaja y el tercero le corresponderá al puertismo, pero no lo ocuparía Pedro Puerta que está más interesado en competir por una banca en el Congreso nacional.

 

El diputado provincial Gustavo González pretende encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales, pero está lejos de convencer a los demás socios de la alianza de esa idea. Hasta ahora el escenario más probable es que ese lugar se defina nuevamente en internas a través de las PASO, pero para eso todavía falta una eternidad.

 

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