El Defensor del Pueblo de la capital provincial, quien asumió tras la muerte de su antecesor Alejandro Cohen y este año consiguió ser electo para el periodo 2019- 2021, analizó su labor y anticipó los proyectos en los que se centrará en la nueva gestión. “Uno de los proyectos fuertes que voy a presentar el primer día de sesión en el Concejo Deliberante tiene que ver con audiencias públicas, tanto para agua potable como para energía eléctrica”, adelantó.
El Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, realizó un balance de sus dos primeros años de gestión al frente del ente, al que llegó tras la muerte de Alejandro Cohen, quien había sido electo en 2015 en la segunda elección en la que el cargo fue puesto a consideración de los vecinos. Penayo remarcó la tarea que consiguió realizar junto a su equipo de trabajo en conflictos importantes y la impronta que consiguió imponer. Además adelantó que durante el año 2020, uno de sus principales proyectos a ser presentados en el Honorable Concejo Deliberante será el de habilitar audiencias públicas para discutir las tarifas de dos de los principales servicios públicos: el agua y la luz. Además analizó que su gestión comprendió que los conflictos presentan oportunidades para encontrar soluciones.
“Posadas como cualquier ciudad del mundo que pretenda ser metropolitana tiene que ordenarse de abajo para arriba. Tenemos que discutir cloacas, siempre temas de red agua potable, el servicio como se brinda, los cortes, el transporte urbano de pasajeros que es un conflicto histórico que hay que hacerlo en una instancia de mediación constante. Nosotros hemos comprendido que el conflicto es una oportunidad de solución, todo lo contrario a que el conflicto significa que tengamos que tener una postura extrema”, afirmó y recordó que este año se trató, a instancias suya, un proyecto de ordenanza municipal para un protocolo a seguir en caso de conflictos. “Tiene que ver con esto, que el Estado, Ejecutivo o Judicial, se apodere del conflicto, lo resuelva y lo devuelva a la sociedad resuelto. El individuo no tiene las herramientas suficientes para resolver él el conflicto, por eso hace cortes por ejemplo. No podemos condenar o poner en un extremo, el Estado tiene que hacerse cargo y esto es lo que hicimos nosotros”, afirmó.
Audiencias públicas
El Defensor del Pueblo explicó además los motivos por los cuales impulsará la puesta en marcha de audiencias públicas para servicios como el agua y la luz. “Los artículos 45, 46 y 47 de la Carta Orgánica Municipal obliga que todos los aumentos de tarifas, el orden público de espacios comunes de todas las personas, tienen que ser arbitrara por un debate, significa participación ciudadana, la única forma es al audiencia pública y el aumento de tarifas tiene que pasar por ahí. Habría que quitarle potestad, por ejemplo, al ente regulador. Hoy Emsa funciona por un mecanismo privado/ público y el Eprac también, que además tiene una facultad del aumento. Es necesario atender la mirada o el pensamiento que tiene el ciudadano cuando se le va aumentar la tarifa”, afirmó Penayo.
En ese sentido recordó que las audiencias públicas son instancias de diálogo o de consulta al usuario y que si bien tras la última reforma de la Carta Orgánica Municipal en 2010 se aclara que no es vinculante, un apartado aclara que se debe tener en cuenta la opinión de los actores sociales y que en caso de un aumento, debe ser argumentado y explicar los motivos por los cuales se rechaza la postura. “Eso no sucede. Hoy hay una audiencia pública, se produce esa instancia y al otro día el secretario de Gobierno lo que hace es llamarse a silencio y después nos enteramos cuando se da el aumento. Antes de que se produzca tiene que haber una explicación, eso establece la Carta Orgánica, eso nunca sucede”, señaló Penayo en referencia a los aumentos en la tarifa del transporte público.
Además, el Defensor del Pueblo adelantó que el énfasis de su próxima gestión será que las mismas audiencias públicas que se realizan para el transporte, se replique en los casos de las empresas Servicio de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (Samsa) y Energía de Misiones con la finalidad de que cada prestataria del servicio explique y fundamente los motivos de algún eventual aumento tarifario.
“Uno de los proyectos fuertes que voy a presentar el primer día de sesión en el Concejo Deliberante tiene que ver con audiencias públicas, tanto para agua potable como para energía eléctrica. Los artículos 45, 46 y 47 de la Carta Orgánica Municipal obliga que todos los aumentos de tarifas, el orden público de espacios comunes de todas las personas, tienen que ser arbitrara por un debate, significa participación ciudadana, la única forma es al audiencia pública y el aumento de tarifas tiene que pasar por ahí”, señaló.
Potencial
El funcionario explicó que apenas llegó al cargo, se encontró con un lugar que posee un potencial aún mayor del que se conocía y un margen importante para trabajar. “La Defensoría del Pueblo no tiene techo y empecé a trabajar totalmente en una impronta totalmente diferente. Para eso modificamos totalmente la arquitectura que tienen la Defensoría, creamos la figura del Agente Defensor que actúa territorialmente en representación y comparte los atributos que tiene un defensor, se hizo a través de un decreto”, subrayó y recordó que apenas llega un reclamo, empieza un proceso de investigación y constatación, además de los procesos de diálogo con los distintos actores vinculados.
“Si pensamos en dos órbitas, vecinos e instituciones, donde hay un punto de conflicto, nosotros venimos con una tercera posición donde logramos incorporar el punto de encuentro donde tratamos de resolver, a través de las mesas interinstitucionales problemas de agua, de asentamientos, la energía eléctrica, los cortes, infinitas cantidad de situaciones que hacen a la vida que tiene que llevar adelante una ciudad en desarrollo y crecimiento. No vamos a pretender que las problemáticas no existan, van a seguir existiendo. Es el dolor que tiene le desarrollo y el crecimiento de una ciudad como Posadas, que necesita un permanente desarrollo en su estructura e infraestructura”, analizó y puntualizó que cuando comenzó su gestión, el 90% de los cargos tenía que ver con cuestiones que con el paso del tiempo pasaron a ser de trámites rápidos: conflictos entre vecinos, problemas de medianera, baches en las calles, ruidos molestos.
“Hoy nosotros lo caracterizamos como trámite rápido. Hay una primera línea de agentes defensores que toman los casos y los solucionan ahí. Ahora si dentro de un lapso de tiempo no se produce una solución, pasa a ser un expediente, o es un defecto hemos avanzado en todo ese universo de posibilidades de acción que tiene la Defensoría en base a lo que establecen la Constitución Nacional y la Carta Orgánica Municipal donde el artículo 43 establece la figura del defensor como el único que tiene la representación colectiva frente a la justicia”, reveló.
Penayo destacó además que otro punto que establece la Carta Orgánica Municipal para la Defensoría del Pueblo es la legitimación procesal. “Ahí la figura del Defensor crece porque en realidad está organizada de esa manera, está pensada para atender los reclamos colectivos porque si alguien tiene que pensar en proceso de amparo, lo tendrá que hacer individualmente”, indicó.
SGF
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