El máximo tribunal deberá determinar si es legal que siga detenido alguien que no recibió condena en ninguna instancia judicial.
Bajo presión de grupos extremistas bolsonaristas, el Supremo Tribunal Federal de Brasil iniciará mañana la votación que puede liberar al ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva y otros 4.000 personas que están detenidas sin que se hayan agotado toda las etapas procesales.
La sesión iniciada el jueves pasado en la máxima corte de Brasil continuará para determinar si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales, algo que está en vigor desde 2016, al calor del poder obtenido por la operación anticorrupción Lava Jato.
El juez supremo instructor del caso, Maro Aurelio Mello, aventuró que el resultado puede ser 7 a 4 a favor de considerar inconstitucional detener a alguien con sólo un fallo de cámara, es decir, de segunda instancia.
Esto provocó protestas por parte de los fiscales de la Operación Lava Jato como Deltan Dallagnol, en el centro de una serie de pedidos de alejamiento tras haberse revelado en chats privados que carecía de pruebas para acusar a Lula.
También un supuesto complot contra Lula fue apuntado en los chats del ex juez Sérgio Moro, ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, revelados por The Intercept Brasil
Grupos de camioneros alineados a Bolsonaro amenazaron con generar caos en el país en caso de que Lula sea liberado, según dijo Ramiro Cruz, titular de la Uníón Nacional de Transportadores Autónomos (Unatrans) y ex candidato a diputado por el actual oficialismo.
La Constitución de 1988 indica que un condenado que no sea peligroso para la sociedad como un homicida o un violador debe esperar en libertad todo el proceso hasta que todas las instancias confirmen una condena.
Esto fue modificado por la propia corte en 2016 a pedido del entonces juez Moro y el fiscal Dallagnol y parte de la prensa, pero al calor de los abusos revelados contra Lava Jato el máximo tribunal aceptó debatir «el regreso a la Constitución».
El jueves pasado se llevó a cabo la primera sesión, en la cual entidades de abogados pidieron a la corte «detener el régimen excepcional» generado por la llamada «detención en segunda instancia».
(Telam)
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