Polémica por el decreto de Macri que habilita la importación de basura: “Aún el país no está preparado para gestionar ni siquiera los propios residuos electrónicos generados”

Polémica por el decreto de Macri que habilita la importación de basura: “Aún el país no está preparado para gestionar ni siquiera los propios residuos electrónicos generados”

Para Romina Schewzow, especialista en Gestión Ambiental y miembro de la Fundación Argentina Educativa en Misiones, es “preocupante” la medida adoptada por el gobierno nacional de abrir la importación de basura, según se publicó en el Boletín Oficial. “Aún en el país carecemos de una Ley Nacional de RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrodomésticos), tenemos todo por hacer frente a esta problemática, que es global. La realidad es que no estamos preparados como país ni siquiera para gestionar nuestros propios residuos, por lo que abrir las puertas para que ingrese basura de otros países sin mayores restricciones es un riesgo de contaminación ambiental muy alto”, indicó.

De esta manera, expuso su desacuerdo en que desde el Estado Nacional se autorice la importación de basura y consideró acertada las reacciones de organizaciones y profesionales que piden una revisión a la medida. La gestión de los residuos peligrosos industriales bajo las normativas vigentes actuales son estrictas y, en ese contexto, la Argentina aún tiene pendiente debatir la sanción de una Ley Nacional que regule, gestione y determine en el territorio responsabilidades en la comercialización, generación y disposición final de los RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos).

A pesar de varios intentos legislativos en el Congreso Nacional, este fue un tema “tabú” en el país en las últimas décadas. Tanto así que aún se carece de una legislación ambiental específica al respecto de los RAEE, de promover habilitación de plantas que brinden a la comunidad un destino seguro para la disposición final de la basura electrónica que se genera en las distintas jurisdicciones, ya que siguen vigentes las restricciones en la Ley de Residuos Peligrosos respecto a la manipulación y traslados de los RAEE, con onerosos costos logísticos si hubiera posibilidad de una gestión que permita recolectar y trasladar hasta las pocas plantas industriales con certificado para la separación, reciclado, recuperación y disposición final que funcionan en el país.

Hay en funcionamiento algunas plantas de tratamiento de residuos industriales peligrosos que tienen el certificado de la Secretaria de Ambiente de la Nación para tratar los residuos electrónicos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, pero en el resto del país hay todo por hacer. La “economía circular” sigue siendo un potencial a desarrollar.

En este contexto, sorprendió la semana pasada el decreto del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, de que la Argentina permitirá importar basura de otros países sin certificado de inocuidad. Las reacciones a nivel nacional fueron inmediatas, desde lo jurídico y ambiental, desde organizaciones comprometidas con el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente, y que entienden del concepto de “economía circular”.

Con el decreto firmado por el presidente de la Nación, especialistas aseguran que «se modificó la ley de Residuos Peligrosos». Si bien desde el gobierno se planteó que “los mismos ya no se expiden”, en Buenos Aires tanto abogados ambientales de organizaciones civiles como representantes de cooperativas de cartoneros se refirieron al peligro de contaminación que implica.

Según se detalla en el Boletín Oficial, la basura ingresada puede ser usada para otras finalidades o bien, para una demanda específica.

Romina Schewzow explicó en una entrevista con Radio Libertad que “la realidad es que no estamos preparados en el país para que se habilite la importación de basura en las condiciones actuales, ya que no tenemos gestión de los RAEE, por ejemplo. Preocupa la medida porque no se entiende que pretenden hacer”, señaló.

Agregó que en la Ley 14.321 vigente, se determinan lineamientos de certificación para el manejo de estos residuos electrónicos, que cuando pierden su vida útil y están en buen estado, sin contacto con la humedad, aun pueden ser considerados residuos y no son contaminantes. “Pero un equipo electrodoméstico o electrónico, al tomar contacto con la humedad o el agua, es cuando pasa a ser contaminante porque toma contacto con los componentes que se oxidan, y pasan a ser peligrosos para a salud de las personas y para el ambiente. Si está en buen estado el equipo, tiene componentes que pueden reciclarse o reutilizarse, y el resto queda como basura para un tratamiento final. Todo este proceso es lo que el decreto nuevo elimina de alguna manera. Hay un potencial riesgo. El país aún tiene un camino por transitar, en las condiciones actuales no estamos preparados para esta medida”, remarcó la especialista en gestión ambiental.

De esta forma, consideró que se debiera revisar la medida. “Hay normativas aún pendientes de sancionar e instrumentar respecto a la gestión de la basura, hay mucho por actualizar y por construir antes de dar un paso como el que se pretende con este decreto de habilitar la importación de basura, que es de alto riesgo de contaminación. La economía circular en el país no está explotada. Todo lo que tenemos es muy poco o muy precario. Hay que desarrollar la capacidad de gestión, tenemos los recursos humanos y la tecnología, faltan las normativas necesarias para generar un tratamiento de los residuos electrónicos en forma amigable con el ambiente”, precisó.

Para cerrar, la especialista recordó la campaña de comunicación ambiental de residuos electrónicos que inició Misiones Online en 2016, y que incluyó capacitaciones, seminarios con los máximos referentes del país en el tema y una recolección simbólica en cuatro municipios de Misiones. El objetivo fue promover el debate y sensibilizar respecto a la problemática ambiental y la oportunidad de avanzar hacia una economía circular en la provincia. “Participé de la iniciativa hace tres años, fue el primer trabajo realizado de recolección de RAEE en Misiones, y para poder llevarla adelante tuvimos muchos inconvenientes. La predisposición de muchas instituciones y personas hicieron posible la iniciativa, que fue programada, planificada, que incluyó capacitaciones en los servicios públicos de los municipios que participaron, todo esto porque justamente tiene sus riesgos la manipulación de los RAEE, todo tiene que ser bajo una gestión adecuada y controlada. Sin pautas, el riesgo de contaminación, insisto, es muy alto para todos, para el ambiente y la salud de las personas. Este decreto lo considero poco sustentable, así como se publicó”, concluyó.

Visión jurídica

El abogado ambientalista Enrique Viale sostuvo en Radio Mitre que “la norma es preocupante porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen”. Por tal motivo, el letrado puso en duda las medidas de seguridad y consideró que el ingreso de residuos peligrosos “incluso va en contra de lo que establece la Constitución Nacional. No se puede entender, además, que atenta contra la generación de reciclables del propio territorio”.

En tal sentido, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Juan Trebino mantuvo una postura coincidente pero defendió el decreto al sostener que “la importación de residuos está totalmente prohibida. Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes y lo dice este decreto. Pero no podemos seguir viendo a los residuos como en los ‘90, son recursos”, dijo. Además, aclaró que el decreto permite flexibilizar el ingreso de determinada basura. “Algunos ejemplos son el scrap de aluminio, para la industria automotriz, el caucho de cierta granulometría o la chatarra”, detalló.

“El decreto 181 de 1992 respondía al ingreso de todo tipo de residuos, especialmente residuos nucleares y baños químicos. Con los años los países ya no emiten certificados de inocuidad y muchas corrientes ingresaban a la Argentina y encontraban un escollo muy grande para poder ingresar», explicó el funcionario en medios nacionales.

«Lo único que estamos haciendo (con el decreto) es regularizar una situación de hecho que actuaba como una barrera de producción. Hace cuatro años Estados Unidos dejó de emitir certificados de inocuidad. Ahora, además, debe haber una resolución conjunta de Producción y de Ambiente para permitir los ingresos. A eso se suma el control aduanero», concluyó Trebino.

Pero desde Greenpeace y otras organizaciones señalan con especial preocupación es el contenido del artículo 2 del decreto, que flexibiliza los controles bajo el argumento de “deviene innecesaria la presentación de un certificado de origen que acredite la no peligrosidad de los mismos y solo permitir la importación de mercaderías obtenidas a partir de la valorización de residuos y que ingresen a nuestro país, como insumos, materias o productos, que cumplan las condiciones técnicas para ser considerados como tales”, de acuerdo a los considerandos del texto.

Precisamente, el argumento del Gobierno para tomar semejante medida es que muchos residuos pueden considerarse “recursos”, tal como lo expresó el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente, Juan Trebino.

Los legisladores nacionales del peronismo Fernando Asensio, Fernando ‘Pino’ Solanas y Gabriela Cerruti, con el aval de diputados de su bloque, presentaron proyectos para que se anule el DNU firmado por Mauricio Macri, que habilitaría la importación de basura peligrosa sin controles.

El contexto global del problema de los RAEE

José Vicente López, investigador en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), publicó recientemente un artículo en el sitio especializado The Conversation en el que detalló algunas cifras de la problemática de los RAEE a nivel global.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, como grandes y pequeños electrodomésticos, ordenadores, equipos de alumbrado, aires acondicionados y herramientas eléctricas, son productos habituales de consumo de la  sociedad y deseables para la creciente clase media de los países en desarrollo. “Esto explica que el consumo de estos aparatos se haya disparado en los últimos años, al mismo tiempo que se generan unos 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos (denominados RAEES) al año, el equivalente a unas 4.500 torres Eiffel”, comparó.

Estas cifras constituyen un problema grave tanto a nivel local como global. Primero, porque estos residuos contienen materiales tóxicos y peligrosos como plomo, cadmio, mercurio, níquel, litio y gases fluorados de refrigeración. Segundo, porque la composición y tipología de los residuos varía de un país a otro en función de sus pautas de consumo o necesidades.

Y en tercer lugar, porque no se conoce bien la cantidad real de residuos que se generan ni a dónde van a parar. De los 67 países que tienen una legislación al respecto, tan solo 41 recopilan esta información y, a veces, ni siquiera es fiable. Una de las causas de este mercado negro es la falta de regulación global, si bien es cierto que, a nivel local, China, India, Japón, Rusia, los países de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, con el 66% de la población mundial, disponen de normativa para proteger sus territorios de posibles impactos ambientales.

El problema radica en la recirculación de residuos que existe hacia zonas sin regulación o con una regulación laxa (regiones de África, el Caribe, Asia Central, Asia Oriental, China y las islas del Pacífico). La libre circulación entre los estados de la UE hace que, bien por falta de medios o excesivo tráfico, sea muy fácil transportar estos materiales sin sufrir demasiada vigilancia hasta puertos como los de Róterdam y Amberes (Países Bajos), Hamburgo (Alemania), Felixstowe (Reino Unido), El Havre (Francia) y Bilbao, y de ahí a África y Asia.

Otras de las causas, quizás más difícil de controlar, es la que señala el proyecto internacional Countering WEEE Illegal Trade y que se resume en la corrupción en las fronteras, tanto a la salida como a la entrada de RAEES en esos países.

En España, por ejemplo, se genera aproximadamente un millón de toneladas/año de RAEES y el 60% no se sabe a dónde va. La cifra nos sitúa a nivel de Chipre o Rumanía y supone un presunto incumplimiento del Convenio de Basilea sobre traslado transfronterizo de residuos peligrosos.

La existencia de diferentes mafias e intereses comerciales hace que, aún conociendo los hechos, sea muy difícil para los organismos internacionales poner coto al problema. Además, controlar estos flujos transfronterizos exige unos métodos de cuantificación que aun no están desarrollados o contrastados. La mayoría se basan en cuatro indicadores:

• Total de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado.
• Total de RAEES generados.
• Total oficial de RAEES recuperados y reciclados.
• Porcentaje de recuperación de RAEES.

«Pero la única forma de cuantificarlos, por ahora, es a través de una legislación que desarrolle la denominada responsabilidad ampliada del productor (RAP) basada en sistemas individuales de devolución y retorno –es el mismo productor quien lo recoge y se lo lleva– o bien a través de sistemas colectivos –puntos limpios, lugares de acopio en grandes superficies, contenedores, etcétera», remarca el especialista.

En conclusión, sostuvo que «el futuro va a requerir mayores controles y exigencias. Los productos eléctricos y electrónicos que hoy consumimos se van a convertir en residuos dentro de cuatro años. El cambio de modelo hacia una movilidad sostenible, por ejemplo, implantando el coche eléctrico como elemento básico, puede colapsar el sistema si no se toman medidas legislativas serias y, sobre todo, se invierte en infraestructuras de recuperación y reciclaje», indica en su artículo.

«La prevención, modularidad para el desensamblaje y reutilización de materiales y la sustitución de materiales tóxicos por otros inocuos para el medio ambiente y la concienciación de la ciudadanía sobre el problema son los retos de futuro que se nos plantean en este ámbito», fue el mensaje del investigador.

 

 

 

Por Patricia Escobar 



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