Representantes de más de 200 familias que viven en los asentamientos denominados Las Tacuaritas se reunieron esta mañana con la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, el defensor del Pueblo Alberto Peñayo, representantes del Iprodha y otros funcionarios, a fines de resolver una problemática de vivienda que afecta a muchas personas en aquella zona de Posadas. Por el momento no hay cortes y los afectados van a esperar que se puedan expropiar tierras privadas mediante un programa nacional y los que están en la vía pública ser parte de un trabajo de relocalización del Iprodha pero en caso de que pase un tiempo considerable y no haya respuestas, volverían a cortar la ruta.
Lucía Bauman, Iprodha (Radio República)
Durante esta mañana, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria prevista entre organismos del Estado: la Ministra de DDHH Lilia “Tiki” Marchesini, el diputado Roque Gervasoni, el Coordinador de Aguas y Tierra Municipal Jorge Atencio, del IPRODHA Lucía Bauman, Gloria Delgado de ROSVMI, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo y vecinos del asentamiento “Las Tacuaritas”, para tratar la problemática de las viviendas.
Justamente Lucía Bauman, representante del Iprodha, indicó en radio República que por el momento no hay posibilidades de solucionar esa problemática de las familias que están en las Tacuaritas porque hay que esperar que bajen fondos nacionales de un programa para poder quedarse con las tierras privadas en donde están instaladas las familias y así de manera conjunta trabajar con las que están en calles y veredas. De todas maneras la funcionaria aseguró que se está trabajando en el tema y que las soluciones, si bien no pueden ser de la noche a la mañana, van a llegar a medida que se vayan liberando cupos para aquellos que están en la lista de asentamientos con mayores urgencias.
Los ciudadanos se encontraban cortando ruta 12 y la Avenida 147, durante la semana pasada, en protesta por las relocalizaciones hechas a personas que “viven hace poco en el lugar” y no se tuvo en cuenta “a las que hace años estamos ahí”, sostuvieron. La noche del viernes, el Defensor se acercó, dejando plasmado su compromiso de realizar una reunión este lunes con la condición de levantar el corte, a lo cual accedieron.
En el día de la fecha, se decidió en conjunto llevar a cabo un relevamiento socio-ambiental de las familias asentadas y con datos concretos, iniciar el proceso de expropiación y la relocalización de aquellos grupos ubicados sobre la vía pública. En tanto, se asistirá a aquellas personas en estado de emergencia.
Bauman dijo que la población de dichos asentamientos ha crecido prácticamente el doble en pocos años y que no es sencillo poder llevar adelante la solución inmediata. Además explicó que en base al registro que llevan adelante hace varios años, hay otros tantos asentamientos que están en iguales o peores condiciones y se busca una solución lo más rápido posible a medida que se vayan terminando de construir viviendas.
Destacó que ya se hizo lo propio con varias familias de distintas partes y solamente es cuestión de un poco de paciencia para que las que están en Las Tacuaritas también puedan tener su casa. Como gran parte de esos terrenos son privados, hay que negociar con los dueños y una vez que se avanza, también emplear mecanismos para las familias que ocupan terrenos públicos que si en ese caso le corresponde al estado.
Renabap es el Relevamiento Nacional de Barrios Populares que da cuenta de la existencia de 4.329 barriadas populares en Argentina, representando un total superior a 3.000.000 de personas viviendo en situaciones de extrema precariedad. Al momento de referenciar sobre barrios populares se alude a que no se trata de casos aislados, sino más bien de grupos de familias que viven sin seguridad en la tenencia (no tienen título de propiedad) y que en la casa no tienen al menos 2 o más servicios básicos (agua, electricidad, cloaca). A pesar de su antigüedad continúan sin siquiera figurar en los mapas municipales. Se debe tener en cuenta que el 55% son anteriores al 2000 (más de 20 años) y el 26% residen en esas locaciones desde la década del 2000.
Hasta ahora, las únicas políticas sostenidas para los asentamientos han sido los desalojos, y en escasa medida, la relocalización y construcción de viviendas sociales. Sin embargo esto no resuelve la problemática habitacional. La precariedad en algo básico como la vivienda trae numerosos problemas sociales, el 56% son niños que viven sin agua potable, con problemas en la piel, inconvenientes digestivos, sin acceso al sistema educativo por problemas de salud, entre otras decenas de problemáticas. El RENABAP convicciona que una política de integración urbana de los barrios populares es urgente para que las 800.000 familias involucradas tengan una vida digna.
Trabajo institucional y social
El RENABAP viene trabajando hace 2 años en el relevamiento nacional de barrios populares. Este primer paso dio un diagnóstico claro de la situación. El Ejecutivo decretó la creación del Certificado de Vivienda Familiar, que permite avanzar en la conexión de los servicios, pero esto no es suficiente. Las empresas se niegan a avanzar, no hay un presupuesto asignado para esto y con la organización de los vecinos no alcanza. Se requiere una política pública comprometida.
¿Qué es la integración urbana?
Los barrios populares no existen ni para el estado ni para el mercado. Están excluidos de todo. La vivienda digna es un derecho humano que debe ser respetado y es necesario que las familias residentes allí moran sean protagonistas de la urbanización de su barrio.
Para ello se necesita una política pública a mediano plazo propuesta a revertir estructuralmente esta situación, en vez de ajustar esto implica una gestión inteligente de los recursos públicos en función de las necesidades del pueblo.
Integrar los barrios significa dejar de pensar a esa población como enemiga, como carente de derechos sino reconocer su posesión sobre las tierras que habitan y todos sus derechos como ciudadanos.
Quiere decir obras para el acceso a los servicios públicos, establecimientos educativos y culturales, centros de salud, transporte público, recolección de residuos. Y sobre todo, que todo esto se decida en conjunto con los vecinos y genere trabajo para los habitantes de los barrios.
¿Cuáles son las propuestas?
Hasta aquí, las organizaciones populares recorrieron todos los barrios populares del país, algo nunca antes realizado en la historia nacional gracias a esta encomiable tarea se posibilita la expresión en números concretos una realidad que siempre fue invisible. Pero para que la vivienda digna y la regularización dominial sea un hecho, precisamos dar un paso más. El Estado es responsable en generar una intervención y como ciudadanos proponemos que haya una Ley de Expropiación, presupuesto para avanzar en obras de infraestructura y trabajo para las cooperativas de los barrios.
Principales puntos de la ley:
1) Declaración de interés público del Programa RENABAP (Registro nacional de Barrios Populares).
2) Declara de utilidad pública y sujeta a expropiación todos los bienes inmuebles sobre los que se asientan los barrios populares del Registro.
3) Suspende los desalojos de todos los Barrios del RENABAP por el término de 2 años.
4) Permite que las empresas prestadoras de servicios públicos realicen las obras en los Barrios, El interés público de los barrios se pone por encima de cualquier marco regulatorio que impida la integración y obras (terrenos privados, calles públicas, ancho de calle, etc).
5) Permite establecer un marco de regularización dominial a futuro adaptado a las necesidades de las familias.
Postura oficial
El proyecto de ley que será remitido en los “próximos días” por la administración de Mauricio Macri a la Cámara de Diputados, es parte de un proceso que comenzó en agosto de 2016, con el relevamiento de todos los barrios. Desde ese momento se identificaron y visitaron todos los asentamientos para realizar un censo. Incluso, las entrevistas, según explicaron fuentes oficiales, fueron realizadas por los vecinos de los barrios en ciudades de más de 10.000 habitantes.
De ese relevamiento surgió que el 78,5 por ciento de los barrios populares tienen baja densidad, es decir que viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, mientras que en el 21,5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente y las viviendas están construidas con materiales precarios.
Con 1656 barrios populares identificados, la provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado; pero si se discrimina el conurbano -en total 30 partidos- junto con la Capital, el número alcanza 1132. Le siguen Santa Fe (333), Chaco (264), Mendoza (217) y Tucumán (186). En la otra punta aparecen La Pampa (4) y Santa Cruz (5).
Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible a nivel nacional es Juan Grabois;-aquí en Misiones su representante es Martín Sereno-; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina. Desde el Gobierno, con Stanley a la cabeza, también trabajó en el proyecto el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, todo bajo el monitoreo del vicejefe de Gabinete Mario Quintana .
Cerca de la titular de Desarrollo Social también descartaron que esto provoque una toma masiva de terrenos en todo el país. «Solo se trabajará con los barrios populares existentes al 31 de diciembre de 2016. No hay margen para nada más», dijo uno de los principales colaboradores de la ministra.
En el Gobierno confían que el proyecto será acompañado por gran parte de la oposición. «Nadie se puede oponer… Si alguien vota en contra, queda expuesto a que Macri lo corra por izquierda», dijeron, con humor, fuentes oficiales. Otro de los argumentos que utilizará el oficialismo para asegurarse los votos en el Congreso es que la medida suspende por dos años los desalojos.
En caso de aprobarse la ley, intervendrá la AABE. El organismo que administra los bienes del Estado deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación. Pero lo más destacado es que deberá establecer «un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas».
Una vez que se apruebe la ley, el Gobierno de Cambiemos estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad, lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad.
«Se trata de una reparación histórica. Es un paso transformador», definieron fuentes cercanas a la responsable de Desarrollo Social. La cita, que no es inocente, asemeja el proyecto de ley al Plan de Reparación Histórica para los jubilados, que ideó Quintana.
No será una tarea sencilla. En el oficialismo descuentan que habrá resistencia, sobre todo de los propietarios particulares.
En ese segmento identifican tres variables: los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta; los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos -según fuentes oficiales son varios los que se comprometieron-, y los que rechacen la norma y judicialicen el tema.
«Esto va a llevar tiempo, pero la ley va a tener un impacto directo y le permitirá al Estado invertir en inmuebles en los que hasta ahora no puede entrar», anticiparon fuentes oficiales. ¿Cuánto tiempo? «Esto puede demorar años», admitieron.
Para este trabajo el Gobierno encuestó a 1.938.440 personas (se visitaron 514.850 casas), aunque los números no son definitivos, ya que alcanzan solo al 60% de los terrenos que el macrismo busca expropiar
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