Paso de los Libres: investigan si los aduaneros presos por contrabando tenían nexos con la Justicia correntina

Paso de los Libres: investigan si los aduaneros presos por contrabando tenían nexos con la Justicia correntina

Un asado, con vino de primer nivel y champagne fue el ámbito en el que uno de los aduaneros detenidos en Paso de los Libres por incumplir sus deberes de funcionario y de facilitar operaciones de contrabando pidió favores a un alto funcionario judicial correntino del fuero federal.
El encuentro fue en noviembre de 2017, y este vínculo fue descubierto cuando se obtuvo una conversación telefónica entre el imputado y un tercero al que rechazó una invitación a comer. “Pedí el día para este asado. Le tengo que pedir un favor a este tipo”, afirmó el funcionario que ahora está detenido por orden de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.
La charla fue grabada en el contexto de una investigación iniciada en septiembre de 2015 para establecer cómo una organización que lavaba dinero de la trata de personas podía transportar grandes cantidades de dinero argentino a la ciudad de Uruguayana, en Brasil, por medio del puente internacional que une esa ciudad con Paso de los Libres, y luego regresar con dólares y reales.
Lo que se descubrió fue que al menos ocho efectivos de la Dirección Nacional de Aduanas obviaban controlar el egreso y el ingreso de mercaderías y valores en la frontera a cambio, según se estima, de dádivas otorgadas por los supuestos contrabandistas.
Esto derivó en un operativo en el que se realizaron 16 allanamientos de la ciudad de Paso de los Libres, tres de ellos en oficinas de la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría Nacional de Sanidad Animal ubicadas en el paso fronterizo internacional.
Como resultado de esos allanamientos se incautaron $650.000, u$s 113.694 y 4.250 Reales además de joyas, 89 cartones de cigarrillos, 19 Notebooks, 6 computadoras, 130 celulares cámaras fotográficas y cámaras personales de alta definición, tablets, electrodomésticos, tarjetas crédito y documentación relevante para la causa.

Connivencia
Los datos obtenidos por los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria revelaron que durante el periodo temporal comprendido entre la fecha de inicio de la investigación generada en la en septiembre de 2015 y hasta el 21 de diciembre de 2017 permitían el tránsito de “paseros” (conocidos en la jerga también como ‘chiveros’) sin realizar los controles obligatorios de mercaderías y documentos.
Estos cruces eran planificados ya que los aduaneros “frecuentemente mantenían conversaciones telefónicas (con los paseros) para acordar las transacciones, coordinando horarios, turnos y el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera eludiendo controles establecidos, a efectos de ingresar o egresar mercadería y/o divisas prohibida o evitar el pago de los tributos con los cuales son gravados los artículos dentro del comercio internacional”, dice el documento judicial al que tuvo acceso en forma exclusiva el portal novacorrientes.com.
En este marco los acusados establecieron relaciones con integrantes de una organización dedicada al contrabando y lavado de activos provenientes de la trata de personas.
Los partícipes de en las operaciones de lavado están imputados en otra causa, en la que se investiga la circulación de dinero proveniente de la trata de personas y la creación de empresas fantasmas para esas operaciones.
Durante el avance del proceso judicial los sospechados de incorporar activos de origen criminal al sistema legal fueron detenidos y procesados. También se les embargó bienes y se les congeló cuentas bancarias. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, se les otorgó la libertad después que se apeló la decisión de la jueza de dictar la prisión preventiva.
Durante avanzaban los procesos judiciales las relaciones de amistad entre todos los imputados continuaban invariables.
Una comunicación telefónica interceptada a un aduanero reveló la vinculación entre éste y un alto funcionario judicial federal.Esta charla fue grabada el 30 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 22.30.
El diálogo había sido iniciado por Martín Dubra. Había llamado a un allegado para invitarlo a cenar con “un gente de Corrientes” al que le ofrecería “un asado”.
Expresa en ese diálogo que el invitado sería un alto funcionario del Poder Judicial Federal de Corrientes y es por ello que había solicitado el cambio de turno en su lugar de trabajo, la oficina aduanera, “porque tengo que pedirle una gauchada a este tipo (por el juez agasajado)”.
Para los investigadores judiciales, de ser real la supuesta amistad entre el aduanero y el funcionario judicial, Dubra “podría entorpecer la causa con el fin de asegurar su libertad, por cuanto tendría influencias judiciales que lo beneficiarían”, pero también existe la sospecha que esta situación se haría extensivo a los demás integrantes de las organizaciones delictivas.
Este hecho fue el fundamento por el que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo rechazó los pedidos de excarcelación de Martín Dubra y de otro imputado, Miguel Horacio Banda.
La magistrada se basó además en un fallo de una causa relacionada, en la que se investiga el lavado de dinero producido por un prostíbulo donde explotaban mujeres.
En ese caso, Ricardo Aguirre, uno de los principales imputados había solicitado la libertad, pero se la denegaron en la Cámara Federal de Casación Penal al entender que tenía relaciones personales con jueces provinciales y administrativos del fuero federal.
La Sala III del Tribunal de Revisión sostuvo, al momento de dictar la resolución en relación a Ricardo Aguirre que; “Aguirre se encuentra imputado en otra causa vinculada a una red de trata de personas en la cual se determinó que éste era una de las personas que lideraban dicha organización. Asimismo, adujo que el imputado se aseguró su libertad por cuanto contaba con influencias políticas y jurídicas”.
Debido a que el tribunal de grado superior fijó criterio, la magistrada de primer orden acató el lineamiento y prohibió que liberen a Dubra y a Banda, quienes permanecen alojados en una dependencia no carcelaria de Paso de los Libres.



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