Según Wikipedia, “La gobernabilidad se refiere a dos conceptos. La primera, surgida de los informes de Banco Mundial, la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. La segunda se define como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de construcción del orden social es probable que sea derivada del campo de la economía de costos y transacciones. Por extensión, gobernabilidad es definida como cualquier forma de coordinación social”.
Más allá de definiciones académicas o academicistas, en la actualidad y en nuestro país, en la era de la posverdad, el término gobernabilidad se usa para justificar ciertas acciones de Gobierno que involucran a las relaciones Nación-Provincias y no siempre se pueden explicar desde la lógica de una relación entre dos actores que representan políticas y conceptos diametralmente opuestos.
Si bien como ya se dijo, el término se utiliza habitualmente en nuestra política cotidiana desde hace apenas unos años, un dirigente renovador, que ha pasado por varios organismos con cargos ejecutivos y que ha manejado presupuestos, recordaba que ya en la presidencia de Raúl Alfonsín se lo criticaba a Carlos Menem, entonces gobernador de La rioja, por su buen relación con el Gobierno Nacional del radicalismo.
Explicaba este funcionario -hoy diputado provincial- con esta anécdota, que desde siempre los gobernadores tuvieron que arreglárselas para que los fondos que debe enviar el Gobierno Nacional, que en definitiva corresponden legítimamente a las provincias, lleguen en tiempo y forma y que no sufran recorte alguno.
Es que el análisis del proyecto de Presupuesto provincial que se está tratando actualmente en comisión en la Legislatura pone en el tapete, no solo la asignación de recursos para cada área específica del Ejecutivo, sino que también debe contemplar de dónde surgirán estos recursos que cubrirán las necesidades primarias para el buen funcionamiento de la provincia.
Las fuentes de financiamiento son, esencialmente dos, recursos propios de impuestos provinciales y recursos coparticipables de impuestos nacionales y es en esta última fuente de donde vienen los recursos más importantes y los que desde hace un par de años llegan con importantes recortes.
Aquí es donde surge aquello de la gobernabilidad o la buena relación que deben mantener los gobernadores con un Gobierno Nacional que, si bien sostiene un discurso de diálogo y gobernabilidad, como ya se dijo en la era de la posverdad, a la hora de girar los fondos coparticipables mira para otro lado y habla de otra cosa.
A esta situación ya habitual de no remisión de fondos coparticipables, debe sumarse la espada de Damocles que aún está en la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el reclamo de la provincia de Buenos Aires respecto al Fondo del Conurbano Bonaerense, que de fallar la Corte a favor del reclamo de la gobernadora María Eugenia Vidal, de dónde sacara los recursos el gobierno Nacional para compensar a su socia sin reducir aún más los aportes a las ya alicaídas arcas provinciales.
Resumiendo, hoy por hoy y en la era de la posverdad, Gobernabilidad y Presupuesto, aunque en apariencia no tengan mucho que ver desde lo económico, desde lo político y pragmático, van de la mano por la misma vereda.
Emilio Juri
