El diputado provincial Alfredo Schiavoni denunció ante la justicia federal un posible caso de lavado de activos o evasión fiscal. Afirma que un monotributista categoría B es titular de un desarrollo inmobiliario que requirió una inversión superior a los cien millones de pesos. El intendente de Candelaria, Daniel Luna, confirmó la información e indicó que los domicilios fiscales informados por el monotributista en cuestión, son terrenos baldíos.
Schiavoni explicó que la investigación se inició a partir de las denuncias de vecinos del lugar, quienes afirmaban que el complejo, situado en la costa del Paraná, se estaría financiando con “dinero sucio”. Mediante una simple consulta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el legislador pudo certificar que el propietario del proyecto inmobiliario era un monotributista categoría B, que corresponde a contribuyentes con un ingreso mensual máximo de 15 mil pesos, de apellido Rebollo.
“Nos llamó la atención que una persona monotributista pueda generar una inversión de varios millones de pesos, el imputado dará las explicaciones del caso y si está realmente encubriendo a otra persona, eso quedará dilucidado a partir del accionar de la Justicia Federal”, dijo Schiavoni.
El legislador dio por descontado que el hecho representa algún delito, sea evasión o blanqueo. “La justicia va a ordenar una serie de diligencias que solicitamos, como la comparecencia de quien figura de titular, sus declaraciones juradas de impuestos, cuentas bancarias y tarjetas para ver si puede ser titular de esos activos y dilucidar si se trata de un caso de evasión o blanqueo. Es taxativo que un monotributista categoría B no puede disponer de más de cien millones de pesos que es el estimado de esta inversión”, dijo.
Por su parte, el intendente de Candelaria, Daniel Luna, consideró que detrás del caso denunciado hay complicidad de las anteriores gestiones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y del municipio. Aseguró que la comuna no recibió un centavo en concepto de tasas por la construcción del proyecto inmobiliario en cuestión y que cuando intentaron notificar al propietario, se encontraron con que los domicilios informados eran terrenos baldíos.
JRC EP
