El abogado José Luis Rey se refirió a la situación de los detenidos por el violento asalto al banco Macro de El Soberbio y dijo que la extradición o juicio en país de origen dependerán de la aplicación del derecho vigente en Brasil. “Es un trámite bastante prolongado porque no es una gestión directa sino que se hace de cancillería a cancillería y donde interviene la Corte Suprema o el Superior Tribunal de Justicia”, explicó.
Al respecto indicó que el juez que esté a cargo de la investigación de la causa tendrá que hacer el pedido oficial de extradición porque ese es el medio idóneo para lograr que eventualmente algún detenido que haya cometido un delito en un país sea trasladado a ese país para su juzgamiento. “En este caso, si son ciudadanos brasileños, la constitución de los Estados Federativos de Brasil tiene una restricción respecto a la extradición de ciudadanos brasileños. Lo que se tiene que hacer igual es el trámite ante la cancillería, remitir todas las constancias traducidas de los elementos de prueba que existen a disposición de la Justicia para que se agote el trámite ya sea concediendo o denegando”, aclaró y consideró que probablemente el resultado del pedido de extradición sea denegatorio. “Pero con todos esos elementos de prueba puedan ser juzgados en el Brasil y por las leyes de Brasil. Es un trámite bastante prolongado porque no es una gestión directa sino que se hace de cancillería a cancillería y donde interviene la Corte Suprema o el Superior Tribunal de Justicia”, detalló.
En ese sentido remarcó que es importante no perder de vista que para los argentinos puede ser grave pero que ellos van a aplicar el derecho vigente en Brasil y en función de eso regularán si corresponde o no la detención o que mantengan el estado de libertad hasta que las autoridades judiciales de Argentina y eventualmente las autoridades de la cancillería aporten los elementos de convicción necesarios como para sostener válidamente una privación de libertad.
Advirtió al respecto que el trámite puede demorar bastante y recordó: “Cuando fui juez de instrucción me tocó un caso de un ciudadano brasileño y nunca pudimos terminar de agotar el trámite de la instancia extraditoria, estoy hablando de seis o siete años”. “Uno piensa que por los lazos y tratados del Mercosur, los protocolos de cooperación, se podría agilizar este tipo de situación o darle la opción al imputado de ser juzgado en su país de origen en función de las pruebas colectadas por el país requirente pero en materia de extradición no solo rigen las constituciones nacionales sino los tratados internacionales que establecen un marco de reciprocidad y en algunos casos hasta limitaciones donde se impide o se facilita la extradición con la aplicación de la pena que se aplicaría en el país de origen, que puede ser más leve que la que se aplica en el país donde se cometió el hecho ilícito”, agregó.
En cuanto a este caso particular observó que en Argentina se trataría de un homicidio calificado, criminis causa. “Fue una ejecución, entonces amerita una pena privativa de libertad de prisión perpetua, que en nuestro sistema legal tiene un tope de pena que no puede superar los 50 años. Y en este caso no admite ni siquiera libertad condicional”.
M.O – (LT17)
