El tercer proyecto del programa de Titularización y Arraigo Rural en territorio misionero fue completado ayer y ya fue enviado a Buenos Aires. Se desarrollará en un predio de 374 hectáreas en San Pedro y beneficiará a 75 familias que ocupan tierras privadas. El convenio permitirá a los colonos comprar la tierra que trabajan y además recibirán kits de herramientas e insumos, asistencia técnica y perforaciones. Misiones es la provincia con más proyectos aprobados y es la única que logró resolver conflictos entre propietarios dominiales privados y ocupantes por esa vía. Otros proyectos en Mojón Grande y Pozo Azul ya fueron aprobados.
Otras 75 familias de colonos misioneros dejarán de ser ocupantes de las tierras que trabajan y pasarán a ser titulares, gracias a la aprobación de un proyecto del programa nacional de Titularización y Arraigo Rural que se aplicará en San Pedro. Se trata del tercero en la provincia y el segundo en ese municipio. Al respecto, la directora nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias de la Nación, Mariana Uria, destacó que a solo cinco meses desde la firma del convenio entre Nación y las provincias que dio marco al programa de Arraigo, Misiones ya presentó tres proyectos y es por lejos la más activa.
Resaltó además que en dos de esos tres proyectos, se logró resolver conflictos entre propietarios dominiales privados y ocupantes. “La particularidad es que se trata de tierras privadas ocupadas y trabajadas por colonos, hay conflictos socioterritoriales. El municipio de San Pedro se sentó, arbitró y gestionó con la subsecretaría de Tierras de la provincia un acuerdo socioterritorial que tuvo resultado positivo. Los conflictos entre titulares registrales y ocupantes son muy complejos, que el Estado, tanto provincial o nacional, como municipal, pueda ayudar a allanar la solución es algo que no se dio en ninguna otra parte del país”, remarcó.
Por su parte, el subsecretario de Tierras de la Provincia, Jaime Ledesma, detalló que los dos proyectos en San Pedro permitirán la regularización de la tenencia de 800 hectáreas en San Pedro, todas de propiedad privada, y otras 1.800 hectáreas fiscales en Mojón Grande, beneficiando en total a 164 familias.
El funcionario destacó que el programa no solo está orientado a resolver la cuestión dominial de los terrenos, sino también a favorecer el arraigo de sus ocupantes a través de asistencia técnica y acciones concretas orientadas a mejorar su calidad de vida y hacer más sostenible su producción. “Es un trabajo articulado entre Nación, Provincia y municipios que no está orientado solamente a la problemática de la tierra, sino que tiene una visión mucho más integral, es clave para ello participación del ministerio del Agro y dl INTA”, consideró Ledesma.
Señaló que los casos más complicados fueron los de San Pedro, porque se trabajó sobre propiedades privadas. “En San Pedro avanzamos en el marco de un acuerdo social territorial que involucra sentar en una mesa de diálogo a todos los actores territoriales involucrados en la problemática y actores institucionales para llegar a una solución que posibilite que esa familia que hoy está en una situación de irregularidad, pase a una de regularidad en lo que hace a tenencia de la tierra”, dijo.
Ledesma aclaró que “ni la Nación, ni la provincia están saliendo a comprar tierras, sino que pone determinados recurso en el marco de una lógica de un esfuerzo compartido para que cada uno de los actores que intervienen en este proceso pongan su grano de arena para resolver el problema”.
Mariana Uria destacó que los dos proyectos desarrollados en San Pedrofueron muy complicados “se han tenido que levantar boletos de compra venta de más de 20 años, hacer la cadena de boletos hasta llegar al primer titular registral, fue un trabajo muy minucioso el que tuvieron que llevar adelante los funcionarios municipales”.
Destacó a los proyectos de San Pedro como “casos piloto a nivel país porque es muy difícil llegar a un acuerdo entre propietario y ocupante, nosotros sentamos a las partes y se pusieron de acuerdo en un precio. Los colonos pagan la tierra en la medida de sus posibilidades”.
Ledesma explicó que en el segundo proyecto se dividió una propiedad de un solo propietario privado en 75 lotes y hubo que sentar a los ocupantes de esos 75 lotes a negociar los límites internos. “Si solo una persona no estaba de acuerdo se podía caer todo el proyecto”, indicó. Destacó la colaboración prestada por el intendentes de San Pedro, Miguel Dos Santos.
Otro de los que trabajó intensamente en el proyecto fue Juan Vette, director de recaudación de la comuna de San Pedro, quien destacó que los ocupantes siempre plantearon que querían comprar las tierras que trabajaban y nunca pidieron que se las regalen. Explicó que lo más difícil fue poner de acuerdo al titular dominial y a los ocupantes en los precios de las parcelas. Aclaró que el hecho de que hubiera deudas importantes en el pago de tasas e impuestos provinciales y que las tierras estuvieran ocupadas, hicieron que los precios de venta fueran mucho más bajos que los de mercado.
