Escribe Juan Carlos Argüello, Jefe de Redacción de Misiones On Line.
El modelo económico aplicado en el país en los últimos diez años revitaliza una persistente tensión entre el salario y la rentabilidad o ganancia empresaria. Todas las grandes discusiones tienen que ver con las inversiones, los salarios, beneficios y el rol del Estado como gran rector de la economía a través de decisiones políticas. El problema se volvió más álgido porque durante un buen tiempo, aún superando lo peor de las crisis financieras internacionales, el consumo motorizó el crecimiento y los recursos que obtenía el Estado servían para una reinversión social inédita en la historia del país. Pero tras diez años, hay signos de agotamiento que se traducen en una caja menos holgada y menor capacidad para afrontar nuevos desafíos.
Los aumentos salariales que fueron recuperados con las paritarias, se convierten ahora en un dolor de cabeza para empresarios y el propio Gobierno, porque la inflación hace poca cualquier oferta y los recursos no alcanzan para las expectativas de los trabajadores, elevadas por las conquistas policiales, logradas en varias provincias de manera extorsiva, con armas en mano y liberando el territorio para saqueos múltiples. Pero la inflación no se explica únicamente por una culpa direccionada por las decisiones del Estado, sino por (i) responsabilidades de algunos sectores empresarios avalados por una clase política que ve en la ecuación económica un posible beneficio electoral.
Las provincias deben afrontar aumentos salariales en el orden del 30 por ciento promedio, con recursos federales que crecieron en los últimos meses a un ritmo bastante menor. Por eso aparecen medidas como la suba de impuestos aplicada en Misiones que afectará a casi todas las actividades y que se sentirá también en el parque automotor, con alícuotas que dependerán del valor del mercado de los vehículos al 1 de enero de este año, con una actualización realizada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.
La suba impositiva fue morigerada por el gobernador Maurice Closs para el sector yerbatero, que estaba incluido con una tasa que fue suspendida. La tasa fue suspendida a pedido de los productores, que anticiparon que serían ellos los que iban a soportar la carga por la presión que ejercen molineros en los eslabones más bajos de la cadena productiva. Con buen tino, Closs decidió suspender la aplicación de la tasa, con lo que el sector respiró aliviado, ya que debería haber empezado a tributar desde el 1 de enero.
Haciendo oídos sordos, algunos dirigentes enrolados en la oposición salieron a pedir la “derogación” en lugar de la suspensión y amenazaron con nuevos piquetes. La metodología de la amenaza no difiere mucho de la de otros piqueteros o los mismos policías, aunque se haga sin armas.
Pero debe quedar claro y entenderse que suspendida, anulada o derogada, la tasa no se va a aplicar. Otra lectura, es pura especulación política de quien la realice.
De todos modos, se estima que la yerba aportará en tributos 43 millones de pesos más que el año pasado por la suba de los precios y el alza de los impuestos.
La misma presión que los productores reciben de los molinos que no quieren perder ni una porción de su rentabilidad, la ejerce el grupo que monopoliza el transporte urbano en la capital provincial y los municipios de Garupá y Candelaria para lograr aumentar la tarifa del servicio.
La práctica es tan repetida que no sorprende. A fines de año, uno o dos paros sorpresivos de los choferes, que denuncian trabajar mal pagos, las consabidas explicaciones de los dueños del grupo Don Casimiro, excusas varias de funcionarios que prometen multas, sanciones y exigencias para mejorar el servicio que reciben los vecinos y “tironeos” para postergar el aumento. Los rehenes en este caso son los usuarios, obligados a utilizar un único medio de transporte si no tienen un auto o una moto. Y los conductores operan como cómplices de una maniobra que ni siquiera los beneficia demasiado.
Dura menos de un mes ese tironeo y las tarifas suben. Ahora fue un 27 por ciento, para llevar el boleto en Posadas a cuatro pesos y a seis para quienes no tengan la tarjeta SUBE, que debería estar funcionando desde el año pasado, so pena de no autorizar nuevos aumentos. Debería. Nunca se cumplió. Como tampoco mejorar las paradas, construir la nueva estación de transferencia y garantizar el servicio a los barrios más alejados de la ciudad. Viajar a Garupá y Candelaria también será mucho más caro desde el próximo viernes. Más caro que viajar en la Capital Federal o en la vecina provincia de Corrientes.
El grupo Zbikozki, propietario de Don Casimiro recibió más de 900 millones de pesos en subsidios nacionales en los últimos dos años, según la información oficial del ministerio del Interior y Transporte y sólo en diciembre, 602.777,29 por el “servicio” en Posadas. Y a esta altura, sin saber siquiera cuántos boletos vende, nadie cree que a la empresa no “le cierren los números”.
El oprobioso silencio de los funcionarios municipales y provinciales y de la misma empresa para comunicar los aumentos, genera incluso más descontento. Ayer, después de conocidos los primeros detalles, funcionarios del propio oficialismo palparon en los barrios posadeños un intenso malestar. No sólo por el precio, sino también porque nunca mejoró el servicio después de los incrementos anteriores y nadie cree que ahora sea la excepción.
Con los yerbateros, el Gobierno inclinó la balanza a favor del eslabón más débil. Con el transporte, todo está atado a un extenso contrato por varias décadas, que configura una concentración en pocas manos del transporte de pasajeros. Como cualquier monopolio en una actividad económica, el del transporte es nocivo para los usuarios y para la ampliación de la oferta a través de otras empresas que pueden proponer servicios diferenciales por un precio menor.
Nadie pone en duda el aumento de los costos. Pero sí que la rentabilidad empresaria siempre sea a costa de un mayor esfuerzo de los usuarios o consumidores, más aún cuando no tienen opciones para poder gastar menos.
Este mecanismo de obtener ganancias es un elemento central a la hora de hablar de la inflación, aunque se pretenda, desde la mirada ortodoxa, atribuirle la responsabilidad a la emisión monetaria y el exceso de gasto público. Estos dos últimos elementos también generan alza de precios, pero sin ellos, la economía en la Argentina no se hubiera recuperado de la debacle de los 90 y la eclosión del 2001.
Brasil, que hasta hace no demasiado tiempo era el “mejor ejemplo” a seguir según la oposición, sufre también una inflación fuera de los cálculos y los mismos que comparaban al gigante vecino con este país, son ahora los que piden “un cambio de rumbo” en el gobierno de Dilma y advierten que está en riesgo su reelección.
La dirigencia política opositora cuestiona la política económica y propone recetas económicas que ya fueron probadas y fracasaron. O, desde la demagogia, con Sergio Massa a la cabeza –y sus réplicas en Misiones-, alienta negociaciones salariales trimestrales, para generar la sensación de que todo está desmadrado.
Un 28 por ciento de inflación en el año, no es un problema económico dramático, si se mantienen altos el consumo y la inversión, aunque sin dudas es un problema político a la hora de negociar salarios y proyectar en infraestructura. Pero enfriar el gasto público como proponen algunos, tiene un efecto directo en el empleo y en el consumo y no necesariamente redundará en una caída de los precios. Es decir, lo pagarán siempre los más débiles en la cadena.
En 2013, pese a todos los pronósticos tremendistas, el consumo siguió siendo alto. “Se patentaron 955 mil autos nuevos. Significa que le sobraron unos pesos para invertir después de cubrir otros gastos y que no me vengan a decir que quieren gastar por la desvalorización. Se patentaron 728 mil motos y son personas que hace tiempo no tenían trabajo y hoy tienen. Quizás es el primer paso para comprarse un auto. Hay picos de demanda eléctrica y de combustible”, hizo notar Closs durante la inauguración del Parque Industrial de Posadas.
En ese escenario Closs señaló que Misiones, aunque lejos de ser una provincia rica, “está en desarrollo y en proceso de industrialización” con un crecimiento por encima de otras provincias de la región.
“Misiones es la quinta o sexta provincia en crecimiento en el país, medida por indicadores de IVA, empleo en blanco, consumo de energía, y las que están arriba, como Tierra del Fuego, tienen promoción industrial, son petroleras o mineras. Nosotros, con nuestro esfuerzo de la yerba mate, el té, el tabaco, turismo, forestoindustria, o la metalmecánica, los servicios y con Estado presente, que acompaña, siempre y más en épocas complejas. Un Estado aporta en la parada de la tarefa, no son los industriales ni los molineros. Somos nosotros los que cuando el precio de la yerba no valía subsidiamos a las cooperativas. Es este Estado que además resuelve problemas de competitividad, como el tipo de cambio en el sector maderero”, aseguró.
Junto a la ministra de Industria, Débora Giorgi, Closs aseguró que Misiones puede aportar al objetivo de alcanzar los 100 mil millones de dólares de exportación, pero apuntando al valor agregado y no únicamente a la venta de materia prima. Misiones, explicó, podría llegar a 750 millones de dólares de exportación y a mediano plazo “pensar en 1000 millones”, que se pueden alcanzar multiplicando los números logrados durante los años de mayores volúmenes exportados en la historia con los precios actuales de materia prima.
Para eso no alcanza sólo el esfuerzo del Estado a través de incentivos o reintegros, como le pidieron los empresarios misioneros a Giorgi, sino la voluntad de poner en riesgo su propio capital para la inversión y la creación de empleo.
