Ordenamiento de tierras en Colonia Pepirí, un paso necesario para avanzar hacia un desarrollo sostenible en Yabotí

Uno de los conflictos a resolver en el área protegida está relacionado a regularizar la tenencia de la tierra. En la zona hay ocupación de históricas familias de colonos que viven en Lote 8 y Lote 9 de Colonia Pepirí, propiedad de familias terratenientes Juan Alberto SA y Moconá SA. Durante décadas fueron formando una comunidad con descendientes de colonos que encontraron en la tierra el sustento para vivir rodeados de las áreas naturales protegidas de Yabotí, en la costa del Río Uruguay. Pero el escenario ambiental y social del área cambió. Y en la actualidad será la justicia la que definirá respecto de quienes por derecho son los “legítimos” propietarios, o se deberá avanzar en un diálogo serio entre las partes que permitan encontrar una solución definitiva sobre los derechos adquiridos de los colonos para avanzar hacia un desarrollo armónico del área.

 

Nicolás Laharrague, directivo de Moconá SA

Nicolás Laharrague, directivo de Moconá SA

Matrimonio Shulz, en Colonia Pepirí.

Matrimonio Shulz, en Colonia Pepirí.

El asfalto de la Ruta Costera 2, que llega por El Soberbio hasta los Saltos del Moconá, en el parque provincial ubicado dentro la Reserva de Biósfera Yabotí, generó muchos cambios positivos y nuevas expectativas a empresarios de la zona para el turismo, pero aún falta avanzar en la planificación y gestión de cómo se va a definir el desarrollo sostenible de este destino, que se presenta como el segundo punto turístico más atractivo de la provincia después de las Cataratas del Iguazú.

 

Uno de los conflictos a resolver está relacionado a regularizar la tenencia de la tierra. En la zona hay ocupación de históricas familias de productores que viven en Lote 8 y Lote 9 de Colonia Pepirí, en unas 200 hectáreas de Juan Alberto SA y Moconá SA. Durante décadas fueron formando una comunidad con descendientes de colonos que encontraron en la tierra el sustento para vivir rodeados de las áreas naturales protegidas de Yabotí, en la costa del Río Uruguay. Pero el escenario ambiental y social del área cambió. Y en la actualidad será la justicia la que definirá respecto de quienes por derecho son los “legítimos” propietarios, o se deberá avanzar en un diálogo serio entre las partes que permitan encontrar una solución definitiva sobre los derechos adquiridos de los colonos para avanzar hacia un desarrollo armónico del área.

 

Los privados iniciaron en principio en el Lote 9 un proceso de ordenación en que la empresa Moconá SA logró con éxito acuerdos particulares “comprando” a los colonos las “mejoras” realizadas en la propiedad y trasladando a la familia en otro lugar. Y para continuar en el proceso de recuperación de las tierras inició el mismo proceso en Lote 8, como administradora de la propiedad de Juan Alberto SA, aunque paralelamente está en marcha desde el año 2008 un juicio de reivindicación iniciado por la compañía contra las familias ocupantes. De unas 30 familias que vivían en pequeñas chacras en la Colonia hoy quedarán unas 15 que se resisten a dejar el lugar.

 

La empresa explicó que realizó en la Colonia un relevamiento familia por familia para determinar en carácter de qué están ocupando las tierras – ya que es de público conocimiento la especulación y dinámica acelerada de intrusión que se presenta en propiedades forestales privadas de la zona del Alto Uruguay- y así determinaron si había un reconocimiento de derechos adquiridos o ver de evaluar alternativas de negociación se podrían presentar por la venta de “mejoras” de los ocupantes  de manera de solucionar el conflicto por medio del diálogo entre las partes y así apunta a evitar judicializar los casos, según explicó el directivo de Moconá SA, Nicolás Laharrague.

 

“La empresa presentó hace varios meses una propuesta de solución sostenible y digna, avanzando en la intención de acordar en forma particular con cada familia. Es una oportunidad de trasladarlos fuera de Yabotí, en un lugar más productivo y con servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, educación, etcétera). Consideramos que estamos aportando de esta manera a mejorar su calidad de vida y, por otro lado, acortamos los plazos judiciales para alcanzar el ordenamiento de las tierras y así obtener mayor certidumbre y seguridad sobre el uso de la propiedad”, sostuvo el empresario.

 

Pero estas familias se resisten al desarraigo de Colonia Pepirí y  en diálogo con ArgentinaForestal.com nuevamente manifestaron que no quieren “ceder sus tierras” y denunciaron situaciones de tensión en la convivencia con los propietarios ante “atropellos y amenazas” que reciben de personal que “responden” a Moconá SA. La preocupación de los colonos se agrega a que no prosperan en la zona por estar limitados en el desarrollo productivo ya que están asentados en un área de valor ambiental, con legislación particular por estar en zona de transición de la Reserva de Yabotí, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En la recorrida realizada por este medio, entrevistamos a ocupantes, guardaparques y directivos de Moconá SA que expresaron distintas visiones sobre la situación y expusieron las posibles alternativas de solución. 

 

“No vamos a ceder las tierras”

 

En diálogo con Jorge Shulz y su esposa  -nieta de Don Gumersindo Avelino de Olivera, histórico de la Colonia y conocido como “Mbiguá”- manifestaron que continúan recibiendo “presiones por parte de la empresa para vender e irnos de aquí, cuando hace más de 70 años que nuestras familias viven en estas tierras. Este es nuestro lugar de toda la vida. En mi caso, tengo unas  25 hectáreas, y nuestros problemas comenzaron hace unos siete años con la aparición de los propietarios y sus administradores que presionaron de diferentes maneras, dicen calumnias, nos amenazan, envenenan el agua, quieren cerrar la escuela satélite y no sé cuantas cosas más para que nos vayamos”, relató Schulz. “Ellos (Moconá SA) están promovidos en el presente por el interés de desarrollar proyectos turísticos en los Saltos del Moconá a partir del asfalto, pero este siempre fue nuestro lugar, nosotros no queremos irnos ni vender, el asfalto nos perjudicó. En lugar de darnos progreso como decían, hoy nos amenazan con desalojar”, remarcó su esposa. 

 

La situación de conflicto que enfrentan en Colonia Pepirí afecta su sentido de pertenencia y de identidad con el lugar, ya que pretenden que entiendan que un cambio radical en su vida será por su bienestar. “Pero aquí tenemos una forma de vivir tranquila, es seguro, y hasta hace un tiempo nadie nos molestaba. Yo nací acá y me crié acá, todo lo que tenemos es esto. Amamos este lugar, a lo mejor ellos (los propietarios) negociaron con otra gente que no eran de acá y no amaban el lugar, pero nosotros sí. Mi madre, mis tíos, mis hermanos y mis hijos nacieron acá, esto es lo nuestro”, remarcó la esposa de Shulz.

 

“Ahora nos dicen que no se puede vivir dentro de Biósfera, pero no es así. Lo que no se puede es desmontar todo y hacer desorden, pero se puede hacer algo con el turismo, tenemos el río cerca, los saltos, algo podemos hacer”, dijo el colono.

Shulz explicó que tiene un kiosko, realiza cultivos anuales y tiene algunos chanchos. “Con mi cuñado tenemos tres chacras juntas, pero es difícil el acceso y necesitamos traer máquinas para el ingreso del camión, pero no nos dejan. Todo se nos hace muy difícil, nadie nos ayuda, no podemos desmontar, no podemos tener algunas vacas, no podemos traer máquinas, nada. Sin embargo, la empresa sí mete máquina, cerco, ganado, hacen lo que quieren y les dejan hacerlo porque tienen plata”, sostiene.  


En este contexto, sobre las familias de ocupantes del Lote 8 pesa la incertidumbre si se provocará en algún momento el desalojo o si perderán el lugar, ya que aseveran “nos presionan para vender por poca plata y quieren que nos traslademos a otro lugar. Pero si salimos de la Colonia es para trabajar de peón en otro lado, esa no es nuestra forma de vivir”, señalaron ambos.

 

Por otra parte, semanas atrás recibieron la visita del “administrador” quien les habría advertido que están “perdiendo tiempo, dice que esto terminará en un desalojo y que solo estamos siendo engañados por nuestros abogados, porque más tarde o más temprano nos van a desalojar. Pero nosotros no tenemos miedo, si llegan a desalojarnos porque la ley es así, que vamos hacer, iremos a vivir debajo de los miradores. Pero también le dije al administrador que creo que es inhumano lo que están haciendo con nosotros”, expresó visiblemente angustiada la esposa de Shulz. Y remató: “antes nunca vinieron acá.  Ahora que esta el asfalto, aparecen miles de dueños, apoderado o lo que sea, y todo solo es sufrimiento”, dijo la mujer.

 

Asimismo, agregó que sus abogados litigan en representación de sus intereses en conjunto de otras 14 familias en la zona que se resisten a negociar hasta conseguir que la justicia declare el reconocimiento en carácter de propietarios. “Yo voy a seguir remando. Todo esto es por el turismo y la llegada de “ojos grandes” – así llama a los inversores de fuera de la provincia- pero nosotros tenemos el derecho de propiedad por ocupar estas tierras hace más de 20 años y por ser los descendientes los únicos pobladores de este lugar durante décadas. No somos intrusos, estamos esperamos buenas noticias, la mensura y el titulo, queremos un poco de paz y, también, vivir del turismo que hoy se ve en la zona por Moconá”, remarcó. 

 

 

Pedidos de protección

 

Al ser consultado sobre la intervención del Estado Provincial o Municipal en el conflicto, tratándose de una problemática social, ambiental, económica y cultural, el matrimonio relató que no tuvieron respuestas, solo se concretaron algunas reuniones en Posadas, en la Subsecretaria de Tierras de la Provincia, ámbito en que expusieron su preocupación y, según indicaron, pidieron apoyo para regularizar la situación de conflicto, “pero ellos sólo aparecen cuando se trata de política, después no hubo respuesta”, manifestó  Shulz.

 

Al respecto, el titular del organismo, Jaime Ledesma, sostuvo en contacto con este medio que hasta la fecha no hay expediente alguno iniciado por los afectados en la Subsecretaria, “sí es cierto que hubieron conversaciones y algunas reuniones, pero este es un conflicto de partes en donde entiendo hay una mediación judicial establecida e, incluso, una propuesta de solución ante el reconocimiento de derechos para algunas familias por parte de la empresa, lo que es innovador en este tipo de conflictos”, opinó el funcionario.

 

El organismo que sí habría intervenido en algún momento en el proceso sería el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, con el objetivo de acercar y mediar por un canal de diálogo entre las partes, teniendo en cuenta que se trata de tierras que afectan un área de reserva natural. Pero la autoridad de aplicación tampoco interviene en un conflicto entre particulares, sobre el área natural solo le compete realizar el control y la fiscalización del cumplimiento de la legislación ambiental vigente por medio de la delegación técnica del Área de Manejo Integral de la Reserva de Biosfera Yaboty (Amirby), dependiente de la Subsecretaria de Ecología y Desarrollo Sustentable.

 

Mientras, en la zona los colonos aseguran que se vive en permanente tensión y aún no lograron respuestas a su pedido de protección: “No nos dejan trabajar, desde hace meses sufrimos todo tipo de atropellos, hostigamientos, presionan de distinta manera todo el tiempo. A mí me denunciaron porque tenía 15 cabezas de ganado y no me dejan alambrar, dicen que no puedo tener animales por estar dentro de Yabotí, sin embargo en el Lote 9 la empresa tiene unas 300 cabezas de ganado dentro de la reserva y nadie le dice nada, incluso tienen alambrado todo el Lote 8 y Lote 9”, denunció Shulz. “Igual vamos a resistir hasta donde podemos, vamos a luchar y buscar apoyo. Aunque insistan en querer cerrar la escuela satélite, envenenen el agua, o nos difamen y nosotros quedemos mal, nosotros queremos quedarnos en este lugar y también laburar del turismo, no vamos a ceder”, insistió.

 

 

La solución: un diálogo serio

 

Directivos de Moconá SA  también se refirieron al proceso que enfrentan como administradores del Lote 8. La empresa logró regularizar en principio la situación del Lote 9 por medio de un proceso que apuntó al diálogo para acordar extra judicialmente con los ocupantes. “Se realizó en 2009 un diagnóstico del lugar e inmediatamente se detectó que había muchas familias que reconocían que no tenían titulo; a lo cual se busco diferentes alternativas en búsqueda de soluciones y la más acertada fue abordar familia por familia y proponer una solución individual a cada caso”, explicó Nicolás Laharrague.

 

La gran mayoría quería mantener su forma de vida pero en un lugar donde sí sean dueños de la tierra. La empresa se puso en búsqueda de chacras que se compraron con recursos de la compañía y en acuerdo con cada familia. “Se les ayudó en la mudanza; en su casa; en muchos casos se le construyó una nueva o bien se adquirió una chacra con una vivienda de material; se les ayudó en la mudanza de su ganado; alambique; galpones; etcétera”, detalló el directivo de Moconá SA.

 

Asimismo, dijo que también se le entregó en forma mensual una ayuda monetaria para que puedan realizar cultivos en su nueva chacra. “Una familia que tenía 5 hectáreas sin papeles, pasó a por lo menos tener 25 hectáreas con título; vivienda; luz; acceso a una escuela de ciclo completo y muchas otras mejoras que pueden ser verificadas caso por caso”, aseveró. Con esta misma modalidad lograron relocalizar a más de 15 familias y otros tantos ocupantes que no vivían en el lugar pero la “tenían” como chacra. “Hoy en día estas familias han progresado y aseguran un futuro prospero a sus hijos. Todo resultó muy bien”, manifestó Laharrague.

 

“En el Lote 8 desde hace dos años estamos tratando de ofrecer esta alternativa de compra de las mejoras y traslados para descomprimir el problema. En este contexto hay ocupantes que quieren esta alternativa y otros que no, que confían que su representante legal le conseguirá su titulo o los papeles de ocupantes en determinado tiempo según el curso judicial, y eso la empresa lo respeta”, aclaró. Pero por otra parte, explicó que “también se dialoga en forma particular con otras familias dispuestas a resolver la situación, es gente que sí quiere irse a un lugar donde pueda definir su futuro y tener certeza de la tierra que ocupa para realizar emprendimientos productivos, dado que en Yabotí tienen muchas limitaciones. Esta decisión también debe ser respetada, pero a veces genera un conflicto entre los mismos ocupantes”, sostuvo el empresario.

 

El proceso de ordenación en el Lote 8 es prioritario para Laharrague por varios aspectos, pero aclaró que el principal no es para el desarrollo de proyectos turísticos como muchos señalan sino que fundamentalmente responde a terminar con la inseguridad sobre la propiedad. La no presencia del propietario deja abierta la posibilidad de intrusión. “Esta situación se ha presentado en otras oportunidades y, por suerte, se logró actuar a tiempo y frenar ordenadamente”, agregó el directivo. 

En este sentido, consideró que “en forma coincidente, creo que el mayor problema tanto para el ocupante como para el propietario es no tener certidumbre sobre su propiedad. La empresa tiene certidumbre que hasta hoy tiene el título de la propiedad, pero se encuentra con la ocupación del lugar y esto genera un riesgo a que entre cualquier persona”, explicó.

 

Mayor presencia del privado se observó en Colonia Pepirí  con la recuperación del Lote 9, hoy delimitado en toda su extensión por Moconá SA. “Dentro del área estamos avanzando en la restauración de suelo con especies nativas, ya que se trata de suelos degradados por conversiones de uso y con un deterioro de varias décadas pasadas generadas por la misma ocupación donde realizaron cultivo de citronella, tabaco y otras actividades agrícolas. La única manera de ir delimitando la propiedad es con presencia en el territorio, marcando con alambrado, de lo contrario la selva queda abierta para que cualquier cazador o intruso ingrese”, expuso Laharrague.

 

En este contexto, instancia judicial en proceso y entre denuncias de presiones y amenazas contra la empresa por parte de los ocupantes, deben convivir como vecinos. “Nosotros tenemos buen diálogo con la familia de Shulz y con todas las demás”, asegura Laharrague. “Más allá que el canal judicial cumpla sus etapas, creemos más en el diálogo, somos vecinos y entre todos tenemos que cuidarnos. Colaboramos con la ayuda que nos solicitan para el mantenimiento de la escuela, porque también queremos la educación para los chicos de la colonia, siempre estamos buscando mejorar la calidad de vida”, expresó.

 

Finalmente, remarcó que mantendrán la propuesta de llegar con las familias en un acuerdo para solucionar el conflicto de manera extra judicial. “La empresa contrató en su momento a un mediador de solución de conflicto con quien se hizo un estudio y se elaboró una propuesta de solución para ordenar la situación. La misma fue presentada a principios de año a los representantes de las partes. Fue otra opción, una sugerencia a las partes, ya que la empresa (como administradores) aceptó la sugerencia del mediador y se planteó a los involucrados, pero no tuvimos respuesta, parece que no fue satisfactoria”, remarcó el empresario. “Igualmente, apostaremos a continuar con el diálogo, hay familias que sí tomaron la opción en forma individual y así intentaremos ir resolviendo de a poco algunos casos de ocupación. Las pocas familias que presionan al resto y hablan mal de la empresa, no pueden obligar a quedarse a aquellas que buscan progresar y tener su chacra propia. Originalmente estábamos hablando de unas 25 a 30 familias, de las cuales más de la mitad en el presente ya están viviendo en su propia chacra en otro lado. También podemos ir a verlos para que ellos mismos cuenten como han mejorado en su forma de vida; quedando acotada la situación actualmente a unas 6 familias y otras seis personas que viven solos y ocupan un número muy reducido de hectáreas”, concluyó.

 

 

Por Patricia Escobar

 



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