Bárbaro: “Al fin se admite la imperiosa necesidad de un censo de posesión de la tierra”

Después del discurso del gobernador Maurice Closs en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el diputado Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social resaltó la trascendencia de la decisión del Ejecutivo de disponer de «la tan retrasada compra de las 38 mil hectáreas» en conflicto en la localidad de Pozo Azul, como primer paso para solucionar la tenencia de la tierra de las familias que viven y trabajan en estos predios, aunque advirtió que la decisión “llega después del bochornoso desalojo compulsivo de los productores, hecho que tiene que derivar en la determinación de las responsabilidades políticas e institucionales que permitieron semejante avasallamiento a los derechos humanos”.

 

 

Bárbaro también dijo que es importante la decisión de realizar un censo serio y efectivo de las familias que se encuentran en posesión de la tierra para un eficaz ordenamiento posterior, pese a que “se tardó demasiado en tomar la decisión que el Partido Agrario impulsó en la legislatura en varias oportunidades, con proyectos en este sentido”.

“Igualmente no vamos a dormirnos en los anuncios. La gente desalojada está a la intemperie y hasta que no se le devuelva lo que el propio Estado les quitó con violencia, vamos a seguir acompañando», agregó el legislador.

En relación a la referencia de una “reforma agraria”, Bárbaro señaló que el término es “pretencioso y alejado de lo que pasa en el día a día en el agro misionero, porque implica un cambio de paradigmas que no se da. Primero hay que ayudar en serio a tecnificar con créditos bancarios blandos y con garantías acordes a la capacidad del productor, no se puede seguir entregando cheques en los actos políticos. No se puede seguir haciendo planes con una estructura media que tiene nichos de corrupción y que perjudican al colono; no se puede hablar de reforma agraria sin regularizar definitivamente la tenencia de la tierra y no se puede hablar de beneficios para el agro si no se impone una verdadera lucha institucional por un mejor precio de los productos, poniéndole un freno a los intermediarios que se enriquecen a costas del trabajo de la gente, y con colonos que todavía están esperando que les lleguen servicios mínimos como la luz y el agua potable”.



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