Otro duro revés judicial para Alto Paraná por el pago de impuestos

La empresa le comunicó a sus accionistas que la Cámara de Apelaciones confirmó un millonario reclamo de la Afip por impuestos mal liquidados. La firma anunció que recurrirá a la Corte Suprema. El comunicado de la empresa.

Cristian Infante es el gerente general de Arauco.

Cristian Infante es el gerente general de Arauco.

Mientras recibe duras críticas por parte de las poblaciones cercanas a la empresa y de empresarios madereros de Misiones, Alto Paraná debe atender otro frente en la Justicia.

En las últimas horas se conoció la información de un fallo que ratificó un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos por 171 millones de pesos por impuestos mal liquidados.

 

 

El 4 de febrero Alto Paraná informó a sus accionistas que la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución 45/07 de la Afip que reclama por diferencias calculadas en el impuesto a las ganancias, intereses y diferencias de cambio generados por los períodos fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004. La determinación de oficio ascendió a 167.061.179,38 pesos en concepto de capital, 133.904.202,63 en calidad de intereses resarcitorios y 116.942.825,57 en concepto de multa por omisión.

 

 

La compañía anunció que recurrirá esta sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “mediante los distintos remedios procesales previstos por la legislación”, porque “existen sólidos argumentos  que acreditan la legitimidad del proceder de la Sociedad”, según Marcelo Claudio Miceli, responsable suplente de Relaciones con el Mercado.

 

 

Sin embargo, la decisión de la Cámara es un duro revés, ya que confirma el reclamo de la Afip y la resolución judicial en primera instancia. Además, la confirmación se conoció en momentos en que Alto Paraná enfrenta una dura resistencia en su zona de influencia por el escaso compromiso social que muestra con las comunidades, el uso de agroquímicos y la reducción de mano de obra.

 

 

Esa resistencia hace peligrar la certificación FSC que busca la firma y pone en riesgo el acceso a los más exigentes mercados. La misma situación padece en Chile, donde la certificadora le negó la legitimación.

 

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